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Tributación para financiar la reparación en Bogotá:
indignación frente a las objeciones

  Mauricio Uribe López
  Profesor de la Universidad de los Andes (Cider)1
   
 

Hace un par de semanas la alta consejera de la Alcaldía de Bogotá Ana Teresa Bernal, propuso un pacto político y ciudadano por las víctimas del conflicto armado que incluya una tributación progresiva con el propósito de recaudar 800 mil millones de pesos, necesarios para dignificar las condiciones de los centros de atención, brindar acompañamiento jurídico y contribuir a hacer efectivo el goce de sus derechos, en los términos señalados por la Ley 1448 del 10 de junio de 2011.

“Mi larga vida –afirma Stéphane Hessel- me ha dado una sucesión de razones para indignarme.” En este breve comentario expongo las razones que considero, motivan la indignación de quienes compartimos intuiciones mínimas de sensibilidad hacia los demás frente a las mezquinas razones que se esgrimen para objetar la propuesta de la alta consejera. El rechazo a la propuesta de financiar la reparación a las víctimas con impuestos pagados por los estratos altos es inaceptable porque no es válido argumentar que: i) es injusto corregir una injusticia; ii) la sociedad y las élites son inocentes y no tienen por tanto responsabilidad en la reparación de los daños causados por el largo proceso de retroalimentación positiva entre la guerra y el estilo de desarrollo; iii) no hay espacio para la política redistributiva en el ámbito urbano y iv) la propuesta puede descalificarse como “populista.”

1. ¿Es injusto corregir una injusticia?

Los sectores conservadores de las élites, fieles a la larga historia de veto al contrato fiscal y al fortalecimiento de la capacidad del Estado para llevar a cabo políticas redistributivas se fueron lanza en ristre contra la iniciativa de la alta consejera. Un distinguido empresario argumentó que el conflicto armado no era su responsabilidad y que no era justo agobiar con más impuestos a los estratos altos.2

Subrayo la palabra “justo” porque me parece inaceptable, indignante, que se acuda a la idea de justicia para descalificar la propuesta de la alta consejera. Sería menos repudiable si se esgrimieran razones de eficiencia. Al fin y al cabo, los trade-off entre justicia y eficiencia deben ser parte de las cosas que hay que sopesar en la deliberación pública en torno a las distintas alternativas de política. Incluso, si la idea de justicia que está en la mente de este empresario no es la de la justicia distributiva sino, apenas, la de la justicia conmutativa, la apelación es indefendible porque uno de los principios de la justicia conmutativa es el de la rectificación de injusticias pasadas, el cual es obviamente pertinente en el caso de la reparación a las víctimas del conflicto armado.

Los principios de la justicia conmutativa en los términos planteados por Robert Nozick (1974) son: i) la justicia en la adquisición de los bienes según el cual, cada quien puede apropiarse de algo que anteriormente no ha pertenecido a nadie, siempre y cuando esa apropiación no disminuya el bienestar de otro; ii) la justicia en la transferencia que prescribe que alguien puede convertirse en el propietario legítimo de algo siempre y cuando lo haya adquirido mediante una transacción voluntaria, sin haber ejercido coerción alguna sobre la contraparte, sin haberla engañado y sin haberle ocultado información; y iii) la rectificación de la violación de los dos principios anteriores. Claramente, la apropiación extorsiva de la tierra y el desplazamiento forzado masivo de población abren un espacio enorme para la aplicación del tercer principio.

La apelación a la justicia para descartar la reparación de una injusticia es endeble porque la redistribución está plenamente justificada en este caso, incluso desde las teorías libertarias que se caracterizan por su escepticismo frente a la justicia social. Considerar entonces que lo “justo” es que se usen solamente los recursos de la política social para llevar a cabo la reparación, equivale a afirmar que la situación en la que los pobres contribuyen a la reparación de las víctimas es socialmente preferible a una situación en la que los ricos contribuyen a hacerlo. El razonamiento parece ser: A los últimos los agobian los altos impuestos, a los primeros sólo los aqueja la pobreza. ¿Qué diría Arthur Pigou de esto?3

2. La injusticia del estilo de desarrollo y la falsa inocencia de la sociedad y las élites

Otra afirmación del distinguido empresario es que “los problemas del conflicto no los ha creado la clase trabajadora” y que los estratos altos están “agobiados de impuestos”. Un concejal del Partido Verde añadió que los que deberían financiar la reparación son los victimarios. Sin duda, los actores armados de distinto signo ocupan el primer lugar en la fila de los obligados a reparar a las víctimas de la guerra (para no usar siempre la aséptica palabra conflicto). Pero al igual que con la guerra interpartidista de mediados del siglo XX en la que las responsabilidades parecían diluidas al culpar a La Violencia de todos los horrores morales de ese período, ahora, el señalamiento de los violentos, los actores armados, los enemigos de la comunidad política, los “otros”, sirve para exorcizar las culpas de “nosotros” los buenos ciudadanos (Echavarría, 2010).

El historiador Eduardo Posada Carbó argumenta la inocencia de la sociedad y de las élites criticando aquél lenguaje que “criminaliza al conjunto social mientras libera de culpas a los asesinos” (Posada Carbó, 2006:31). Para Posada los actores armados están por fuera de la sociedad, son extraterrestres que amenazan a los buenos ciudadanos “desde afuera”. Para el sociólogo Eduardo Pizarro, Colombia es una “democracia asediada” por los malos. Lo que no toman en cuenta el empresario Arturo Calle, el concejal Sanguino, ni Posada ni Pizarro es que la guerra colombiana es el resultado de un proceso de larga duración alimentado por el estilo de desarrollo. Éste se ha basado en un proceso continuo de expulsión de población en el campo (una acumulación originaria permanente), sin apertura de opciones en unas ciudades atrofiadas por un proceso de urbanización sin industrialización ni expansión de la relación salarial. Esa tendencia  ha creado los espacios sociales, demográficos y geográficos (en el campo y en la ciudad) apropiados para la aparición y reproducción de los competidores armados del Estado.  En la configuración histórica de ese proceso no hay inocentes.

Quienes se rehúsan a reconocer la dimensión social del conflicto colombiano tienen que admitir que es más razonable suponer una retroalimentación positiva entre instituciones injustas y guerra, que entre instituciones justas y guerra. No es necesario evaluar nuestro estilo de desarrollo desde una perspectiva marxista o socialista para indignarnos. Son suficientes los lentes del liberalismo político de John Rawls para concluir que el desarrollo colombiano va en contravía de la justicia. Si consideramos los bienes primarios propuestos por Rawls4 como criterio de evaluación de la justicia de nuestro estilo de desarrollo podemos afirmar que:

i) La debilidad del estado de derecho impide una equitativa distribución de las libertades básicas. En lugar de libertad de desplazamiento, hay desplazamiento forzado.

ii) La estrechez del mercado y la escasa expansión de la relación salarial remplazan la libre elección de ocupación por la supervivencia en la informalidad o la ilegalidad.

iii) El acceso abierto y competitivo a los cargos de responsabilidad es minado por el patrimonialismo.

iv) Las desigualdades en la distribución de la riqueza y el ingreso son extremas.

v) El menosprecio hacia el campesino y el colono así como la segregación social urbana, erosionan las bases sociales del respeto personal abriendo las puertas a la transformación del descontento social en rabia. Ese tipo de rabia que –según Hannah Arendt- resulta de las situaciones o actos que ofenden nuestro sentido de justicia (Hilb, 2001).

Los firmantes del Acuerdo de Chicoral en 1972, del Pacto Ralito en 2001 (suscrito con la aquiescencia de amplios segmentos de la sociedad y de “la gente de bien”), los que se benefician de las generosas exenciones fiscales y de las enormes posibilidades de elusión y evasión tributarias, los que ahogaron el proceso de industrialización en la disputa por el acceso a las gabelas proteccionistas en lugar de promover el progreso técnico y la innovación durante la sustitución de importaciones, los que reinvierten sus excedentes en los circuitos financieros en lugar de contribuir a la generación de valor agregado nacional y empleo, los que han promovido la precarización laboral y los que escamotean su responsabilidad social en uno de los países más desiguales del mundo, no pueden considerarse inocentes.

“Quien acepta pasivamente el mal –afirmó una vez Martín Luther King- es tan responsable como el que lo comete.” Para usar el lenguaje de Sen (1976) no es suficiente tener simpatía por las víctimas, es necesario asumir el compromiso de contribuir a su reintegración como miembros plenos de la sociedad sin usar a los actores armados como coartada o excusa para no hacer nada.

3. Opciones redistributivas en la ciudad

La impronta de desigualdad del estilo de desarrollo colombiano ha creado permanentemente oportunidades tanto para los competidores armados del Estado como para las redes criminales. Esto obliga a tomar en serio la necesidad de avanzar simultáneamente tanto en términos de justicia transicional como de justicia distributiva. El mayor insumo para la guerra y el crimen es la gente. Así que una economía política cuyo rasgo característico es la permanente expulsión de población hacia zonas rurales más allá de la frontera agraria y hacia espacios urbanos segregados en los que la supervivencia depende de la informalidad y la ilegalidad, es el mayor obstáculo para construir algo parecido a una sociedad bien ordenada.

Es claro que en lo rural, la tributación es ridículamente baja y que la reforma del impuesto predial sería benéfica tanto desde el punto de vista de la equidad como de la eficiencia en la medida en que se desincentive la concentración improductiva de la tierra. Pero así como los concejos municipales de las localidades pequeñas están subordinados a las estructuras de poder de lo que el maestro Antonio García Nossa llamó alguna vez la “constelación latifundista”, en las ciudades la “administración local sigue postrada ante el poder de los urbanizadores privados, y les permite que continúen apropiándose de la plusvalía que resulta de las dinámicas de la aglomeración urbana” (González, 2011:14).

En Bogotá las plusvalías que se generan como resultado del crecimiento y transformación del suelo urbano no se cobran, renunciando a una fuente importante de ingresos propios. Aunque existe la contribución por valorización, ésta afecta de forma marginal la dinámica de incremento de los precios de los predios “que permite la acumulación de enormes fortunas de manera prácticamente pasiva y, de otro lado, una dramática escasez de recursos fiscales para financiar las inversiones necesarias para hacer urbanos estos terrenos” (Jaramillo, 2011:201).

Aunque el artículo 85 de la ley 388 de 1997 establece que los recursos provenientes de la participación en la plusvalía se deben invertir en el desarrollo de programas de vivienda de interés social (a los que deberían acceder las víctimas del desplazamiento forzado que no estén en condiciones de retornar a sus lugares de origen), mejoramiento de infraestructuras viales, de recreación y servicios domiciliarios, entre otros, tales recursos podrían liberar otros y ampliar el margen de maniobra presupuestal para financiar la reparación integral de las víctimas. Aunque el tema es técnica y jurídicamente complejo, la “ingeniería redistributiva de las cargas de la urbanización y de sus beneficios” (Alfonso, 2011: 55) puede resolverse una vez superado el principal obstáculo: la falta de voluntad política para poner en cintura a los urbanizadores privados.

4. ¿Una propuesta populista?

El vicepresidente de una firma comisionista de bolsa acusó a la propuesta de Ana Teresa Bernal de ser “populista y acelerada”. De acuerdo con el politólogo argentino Julio Aibar, “los populismos pueden ser entendidos como un síntoma, una problematización, y una puesta en acto de la llamada cuestión nacional” (Aibar, 2008:17). Cuestión que en América Latina ha tenido un carácter principalmente reivindicativo, asociado a la construcción, entre otras cosas, de la ciudadanía social. Si algo ha diferenciado a Colombia de otros países de América Latina es la ausencia de lo que el historiador Marco Palacios llama una “estación populista”. Esa ausencia tiene mucho que ver en la imperturbable estabilidad y mediocridad de un estilo de desarrollo incapaz de “dar curso al sentimiento de que todos somos colombianos” (Palacios, 1999:74).

Si algo revelan las teorías del contrato social que prescriben visiones de la justicia es que para evitar la amenaza hobbesiana, la sociedad debe estructurarse de modo tal que sus habitantes se sientan parte de la misma comunidad política. Si una dosis de populismo contribuye a ese sentimiento y si la propuesta de la alta consejera es populista, tenemos una razón adicional para aplaudir la iniciativa de la consejera Bernal.

Referencias

Aibar Gaete, Julio, 2008, “Cardenismo y Peronismo. La Comunidad Políticamente Imaginada” en J. Aibar y L. Vásquez, Política y Sociedad en México: Entre el Desencuentro y la Ruptura, México D.F., FLACSO, pp. 17-86.

Alfonso, Oscar, 2011, “La Cuestión de las Plusvalías Urbanas: Viejas Discusiones, Nuevas Perspectivas” ” en S. Jaramillo, V. Moncayo y O. Alfonso Plusvalías Urbanas. Fundamentos Económicos y Jurídicos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 27-58.

Echavarría, Josefina, 2010, In/Security in Colombia. Writing Political Identities in the Democratic Security Policy, Manchester.

González, Jorge Iván, 2011, “El Interés Público y la Participación en Plusvalías” en S. Jaramillo, V. Moncayo y O. Alfonso Plusvalías Urbanas. Fundamentos Económicos y Jurídicos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 13-26.

Hilb, Claudia, 2001, “Violencia y Política en la Obra de Hannah Arendt” en Sociológica Vol. 16, No. 16, pp. 11-44.

Jaramillo, Samuel, 2011, “Los Fundamentos Económicos de la Participación en Plusvalías” en S.Jaramillo, V. Moncayo y O. Alfonso Plusvalías Urbanas. Fundamentos Económicos y Jurídicos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 59-210.

Nozick, Robert, 1974, Anarquía, Estado y Utopía, México D.F. Fondo de Cultura Económica, trad. R. Tamayo 1988.

Posada Carbó, Eduardo, 2006, La Nación Soñada: Violencia, Liberalismo y Democracia en Colombia, Bogotá, Editorial Norma, Fundación Ideas para la Paz.

Rawls, John, 1993, Liberalismo Político, México D.F., Fondo de Cultura Económica, trad. S.Madero, 1995.

Palacios, Marco, 1999, “Agenda para la Democracia y Negociación con las Guerrillas” en F. Leal Buitrago, Los Laberintos de la Guerra, Bogotá, Tercer Mundo Editores, Universidad de los Andes, pp. 59-107.

Sen, Amartya, 1976, “Los Tontos Racionales. Una Crítica de los Fundamentos Conductistas de la Teoría Económica” en F. Hahn y M. Hollis, Filosofía y Teoría Económica, trad. E. Suárez, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1986, pp. 172-217.

Edición N° 00295 – Semana del 16 al 22 de Marzo de 2012

1 El texto es responsabilidad exclusiva del autor y sus opiniones no comprometen a la Universidad de los Andes.

2 “¿Y quién financia la reparación?”, El Espectador, marzo 6 de 2012, http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articulo-330531-y-quien-financia-reparacion

3 Para Pigou, la tributación progresiva estaba respaldada por la idea de que la utilidad que deja de obtener una persona rica por el pago de impuestos es mucho menor que la utilidad ganada por una persona pobre con la transferencia de ingresos, equivalente a tales impuestos.

4 La lista de bienes primarios incluye: “i) los derechos y las libertades básicas; ii) la libertad de desplazamiento y la libre elección de ocupación en un marco de diversas oportunidades; iii) los poderes y prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad en las instituciones políticas y económicas de la estructura básica; iv) ingresos y riqueza, y por último [last but not least], v) las bases sociales de respeto a sí mismo (Rawls, 1993: 177)-

 
 
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