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Los retos del Fiscal General

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Sin dilaciones la Corte Suprema de Justicia eligió el pasado jueves, después de escuchar a la terna que presentó el presidente Juan Manuel Santos, al abogado tolimense Eduardo Montealegre Lynett como nuevo fiscal General de la Nación. De los ternados el único penalista era él y además con una larga carrera judicial que lo ha llevado a ocupar importantes cargos en la rama judicial toda vez que fue Presidente de la Corte Constitucional. Como se dice coloquialmente, esta era una terna en la que la experiencia de Montealegre lo hacía a no dudarlo como el candidato más fuerte y también ése fue el criterio de la Corte Suprema de Justicia que luego de 11 votaciones lo eligió con mayoría calificada. Nosotros tampoco albergamos la menor duda sobre las capacidades profesionales de Montealegre para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación por los 16 meses que restan del período institucional si como todo indica se aplica la reforma constitucional de 2003, que definió que en este caso se trataría de un periodo institucional y no personal.

La Fiscalía, y en esto hay que hacer un reconocimiento público a Viviane Morales por sus actuaciones, enfrenta un conjunto de procesos que requieren de un Fiscal General no sólo conocedor del derecho penal sino con criterio de independencia que lo lleven a afrontar casos que comprometen a núcleos muy poderosos de la pasada administración tales como el proceso por la defraudación en el Programa Agro Ingreso Seguro, AIS, en el cual se ha condenado a un viceministro y ya se ha iniciado juicio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias; el proceso de la Yidis Política relacionado con el delito de cohecho en contra de los ex ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio así como en contra del ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez, también  acusados ante la Corte Suprema de Justicia y el proceso por posibles delitos en la tramitación del fallido referendo que buscaba la segunda reelección del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la defraudación en la Dirección Nacional de Estupefacientes; el proceso de investigación por las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas, defensores de Derechos Humanos que ya tiene unos cuantos condenados, pero que tiene encartados judicialmente a varios ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, dentro de ellos a María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera Cotes y al secretario General de la Presidencia de la República Bernardo Moreno.

Retos muy significativos también esperan al nuevo Fiscal General en procesos relacionados con la lenta marcha de la jurisdicción de Justicia y Paz. En este proceso, valga la acotación, marchan muy lentos los procesos en contra de los responsables por la infiltración de las bandas paramilitares en los gobiernos municipales y departamentales así como la infiltración en organismos de la Justicia, en las Fuerzas Armadas y de Policía así como en grupos empresariales locales y regionales. Una falencia como lo hemos comentado en estas mismas páginas bajo la dirección de la entonces fiscal Viviane Morales, consistió precisamente en la lentitud con la que se ha operado en las investigaciones en dichos escenarios del poder local y regional. Hay que abonarle a Morales que durante los últimos meses de su gestión logró que los jefes paramilitares extraditados por Uribe en mayo de 2008, volvieran a rendir sus versiones libres a la Fiscalía para el esclarecimiento de múltiples crímenes y para desentrañar los hilos de la infiltración en los poderes territoriales.  Este logro dependerá ahora de Montealegre, quien debería brindar condiciones de seguridad a las familias de estos jefes paramilitares para que continúen con sus versiones libres que la Fiscalía General debe avaluar.

Las dudas que se han planteado con relación a la elección de Montealegre no corresponden con la probidad y solvencia del electo Fiscal General, sino con su independencia al momento de investigar e instruir los procesos que comprometen a sectores ligados a los más altos cargos del Estado bajo la administración del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Hay investigaciones que debe instruir el propio Fiscal y debe él mismo ser el funcionario que los acuse si encuentra mérito ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Allí es donde diversos analistas han puesto en duda la independencia del Fiscal General. Esperemos para bien del país que el nuevo Fiscal General sea una garantía de imparcialidad e independencia y de compromiso con las víctimas, algunas de las cuales desde la Corte Suprema de Justicia contribuyeron a su elección. Amanecerá y veremos.

Edición N° 00296 – Semana del 23 al 29 de Marzo de 2012
 
 
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