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A propósito de las liberaciones acordadas: Las soluciones humanitarias pueden alentar la solución política del conflicto armado, análisis y discusiones

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente de la Fundación Cultura Democrática
   
 

El país y la comunidad internacional esperan el desenlace positivo del operativo humanitario previsto que dará la libertad a los últimos integrantes de la Fuerza Pública en poder de las FARC. Si ello es así, permite afirmar que de nuevo se logró concertar y aplicar con éxito un acuerdo especial de carácter humanitario entre el Gobierno Santos y esta guerrilla, gracias al concurso de facilitadores internos e internacionales. Aunque es evidente que habrá sido un logro muy difícil por la alta desconfianza entre las partes, el momento de ascenso que se vive en las hostilidades militares y la ocurrencia de cruentos hechos de guerra y frecuentes afectaciones contra la población civil. Se habrá cumplido entonces lo exigido desde hace varios años desde sectores de la sociedad civil con relación a que aún en el peor escenario de confrontación son posibles los acuerdos humanitarios, y necesaria la exigencia perentoria a las partes del acatamiento de los compromisos humanitarios. Pero a la vez, en medio de tales dificultades, en la actualidad afloran síntomas hacia conseguir un quiebre que permita pasar de las estrategias de guerra en curso a la retoma de la búsqueda de una salida política negociada con las FARC y el ELN, situación que habrá de responder a las nuevas circunstancias políticas y del conflicto y que por distintas razones podría tener como factor de ambientación y aproximación decisivo el avance hacia nuevos compromisos y acuerdos humanitarios.

El presidente Santos, ha sido al extremo celoso con respecto a la posibilidad de la participación de actores desde la población civil, entes humanitarios, entes institucionales distintos a la Presidencia y también del apoyo de la comunidad internacional en lo referido a posibles acercamientos a las guerrillas para efectos de un eventual proceso de paz. Pero, resulta paradójico que aunque aún no se avanza precisamente hacia el propósito de la paz, la sola consolidación de las condiciones necesarias para aplicar el acuerdo especial humanitario puntual referido, no obstante que partió de una decisión unilateral de las FARC y de manifestación del Gobierno de hacer lo necesario para facilitar las liberaciones requeridas, nuevamente se necesitó de una especial actuación de intermediación humanitaria del CICIR, del apoyo logístico de Brasil con toda la implicación política constructiva que conlleva y con la también reiterada acción de facilitación de personas y organizaciones de la sociedad civil como Colombianos y Colombianas por la Paz y Asfamipaz.

Así mismo, al igual que ha sucedido con todos los últimos ocho mandatarios presidenciales en Colombia, tanto las gestiones de acuerdos humanitarios como los procesos de paz, han implicado también el consenso, directo o intermediado para poder definir metodologías, tiempos y territorios afectados para aplicar ceses de fuego y la no intervención de operativos o acciones militares, en aras de hacerlos posibles. Desde luego en condiciones distintas y en contextos variables, a tono con la dimensión y alcance de todo proceso. Pero, vale la pena también para quienes en reacción a los aspectos negativos sucedidos en escenarios como El Caguán o el mismo de Ralito, pretenden e incluso han logrado legislar con un rasero rígido al respecto que no obedece a las circunstancias y la naturaleza de los fenómenos derivados del conflicto armado y sus actores necesarios de tratar. Claro está, estando de acuerdo en el agotamiento de la pretensión que tenían las FARC de exigir como condición previa a los diálogos de paz una amplia zona desmilitarizada, hecho revaluado por esta misma guerrilla y por las actuales condiciones.

Queda la experiencia que si las FARC declaró unilateralmente su decisión de liberar los miembros de la Fuerza Pública en su poder, no podía pretender ni menos aún tratar de imponer condiciones distintas a las propias condiciones de mecanismos logísticos, de seguridad y apoyos requeridos para hacer factible tal propósito. Por razones ampliamente conocidas no se consiguió el acuerdo especial humanitario de intercambio o “canje" propuesto en los últimos años, que implicara simultáneamente la liberación de guerrilleros presos, de forma que lo que de alguna manera se presenta ahora es el llamado hecho desde esa guerrilla como desde sectores de Derechos Humanos y políticos para que con justeza se atienda la situación de las personas capturadas por motivo del conflicto armado, tanto de los insurgentes como de las personas de la población civil procesadas por sospecha de que estén implicadas con ellos o injustamente capturadas o procesadas supuestamente por tal motivo.

En tal contexto, aunque el tema de tratar la situación humanitaria de los presos de la insurgencia ha estado presente en las declaraciones y las gestiones de aproximación realizadas y ojalá los acompañamientos y visitas a ellos con propósitos humanitarios se realicen con el efecto requerido, resultó comprensible el rechazo de diversos sectores a que las FARC asumieran la visita solicita por una comisión internacional de mujeres como nueva condición necesaria que obstaculizara el operativo de las liberaciones, aunque presentado en tono de absoluta descalificación y propio del belicismo aún reinante por la declaración del presidente Santos. Como también es necesario al respecto discutir con otros pronunciamientos sobre ello como fue el editorial de El Tiempo, 18 de marzo, que de forma equivocada y sectaria lleva la discusión a señalar a los presos de la guerrilla como “delincuentes comunes” y desconocer los tratamientos requeridos para su situación de reclusión por los instrumentos internos e internacionales vigentes, contrariando incluso los mismos fundamentos jurídicos existentes de su procesamiento legal por delitos de carácter político como es la rebeldía y otras conductas asociadas.

De otra parte, si bien como diría el inolvidable luchador por la paz Augusto Ramírez Ocampo, se puede verificar en nuestra historia reciente que el péndulo entre la guerra y la paz oscila de forma que con frecuencia se agotan los empeños militares ante la imposibilidad de superar de forma definitiva el conflicto armado existente por este medio, para dar lugar a fases de búsqueda de entendimiento político entre las guerrillas y los gobiernos de turno, la forma de conseguirlo no puede consolidarse como pretende las FARC, acentuando la confrontación y llevando a extremos las consecuencias del conflicto armado. Corresponde a la sociedad y al Estado, en medio de la dinámica política y social determinante, asumir e incidir de forma fundamental, para que bajo la iniciativa gubernamental y el concurso de la sociedad civil y las instituciones se consigan las condiciones para una solución política frente a las guerrillas que aún persisten en el alzamiento. Pero, resulta contraproducente para este propósito acentuar los escenarios de guerra, persistir en ataques desproporcionados y conductas violatorias que afectan a la población civil. La lucha armada aunque tenga orígenes y razones políticas que la engendraron ya no es un factor de acumulación política democrática sino propiciadora de reacciones militaristas y de grave afectación a la población.

Claro está que tal argumento de manera general también aplica para el Gobierno Nacional, en tanto que no basta tan sólo el simbolismo con una llave de la paz que no se usa ni se presta, sino que avanzar con real decisión a la posibilidad de la paz requiere como mínimo de una política de paz coherente y no de mantener el énfasis ante todo en la confrontación, ella sí alentada recientemente con el nuevo plan de guerra “Espada de Honor” y con el llamado a llevar al frente de guerra también a los soldados bachilleres con el reciente llamado del comandante de las Fuerzas Militares a unificar y masificar el llamado "soldado universal”.

Edición N° 00296 – Semana del 23 al 29 de Marzo de 2012
 
 
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