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La ampliación del Fuero Penal Militar

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

No había tenido la oportunidad de ver la obra de teatro el deber de Fenster y aprovechando que fue nuevamente programada en el marco del XIII Festival Iberoamericano de Teatro que por estos días se viene realizando en Bogotá acudí a verla. Como se sabe esta obra de teatro se realiza alrededor de las masacres ocurridas entre 1989 y 1992 en el municipio de Trujillo en el Valle del Cauca. La investigación para la realización de la obra corrió por cuenta de Humberto Dorado y Matías Maldonado que fue realmente rigurosa, bien documentada, y la obra está soportada en un excelente trabajo de multimedia y en la actuación impecable de uno de nuestros mejores actores, me refiero a Jairo Camargo, quien interpreta el papel de Edel Fenster y también una muy buena actuación de Daniel Castaño quien interpreta el papel de Daniel Arcila, testigo presencial de las masacres y quien denuncia a quienes fueron sus instigadores principales y denuncia la complicidad de los mandos militares y de Policía que tenían la obligación constitucional de proteger a la población civil y en vez de hacerlo se convirtieron en cómplices de los instigadores principales que no fueron otros que los jefes del narcotráfico en dicha región del país. La multimedia se apoya en el riguroso trabajo de investigación sobre dichas masacres que fue realizado por la Comisión de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que fue coordinada por el recientemente fallecido, Álvaro Camacho Guizado.

Y traigo a colación esta obra de teatro para reflexionar acerca del proyecto que busca ampliar el Fuero Militar en un proyecto de Reforma Constitucional que comenzó a discutirse en el Congreso de la República. No creo y así lo exprese públicamente en los debates que se han hecho sobre la reforma al Fuero Militar que sea necesaria una reforma a la Carta Constitucional cuando el tema podría ser abordado en una ley estatuaria que definiera de manera precisa las materias que nunca podrán ir a la jurisdicción excepcional de Justicia Penal Militar así como aquellas contempladas en el Derecho Internacional Humanitario que podrían ir a esa jurisdicción especial. La obra de teatro nos muestra con claridad los abusos que la figura del Fuero Militar permite a acciones que en ninguna circunstancia podrían ser del resorte de la Justicia Penal Militar. El informe de la Comisión de Memoria Histórica removió el proceso y alias el Alacrán y sus socios narcotraficantes y los sectores de las Fuerzas Armadas y de Policía, finalmente han sido vinculados a las investigaciones por dichas masacres.

El Gobierno y la Comisión de expertos desestimó nuestras propuestas y finalmente el proyecto de reforma constitucional fue presentado a consideración de la Cámara de Representantes. El proyecto propone una reforma de los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional. La reforma al artículo 116, propone la creación de un tribunal de garantías penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional  y en cualquier jurisdicción y ejercerá preferentemente las siguientes funciones: 1. Servir de Juez de Garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública. 2. Controlar la acusación penal con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para la iniciación del juicio oral. 3. Las demás funciones que le asigne la ley. Este tribunal estaría compuesto por un número impar de magistrados que deberán ser elegidos por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura tendrán que ser expertos en derecho constitucional, derecho penal o derecho internacional humanitario y cumplir con los requisitos para ser magistrados de la  Corte Suprema de Justicia. Miembros de la Fuerza Pública en retiro podrán formar parte de este tribunal.

Este organismo según los mentores de la reforma busca rodear de garantías a los miembros de la Fuerza Pública en los procesos penales en que se vean involucrados.  Esta parte de la reforma es la que menos críticas afronta toda vez que de manera razonable nadie quiere que los miembros de la Fuerza Pública, no tengan garantías procesales en las investigaciones penales que se realicen y que los involucre. La independencia en sus actuaciones estaría garantizada toda vez que se involucra a los más altos tribunales judiciales del país en su conformación.

Tampoco suscita grandes preocupaciones la adición de un numeral nuevo al artículo 152 de la Constitución para que mediante una ley estatuaria, que como sabemos, tiene control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, se ocupe de las materias atinentes al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en cualquier jurisdicción, señalada en los artículos 116 y 221 de la Constitución.

El real problema está planteado en la reforma del artículo 121 de la Constitución. En primer lugar porque al enumerar los delitos que en ningún caso conocerá la Justicia Penal Militar no incluye los crímenes de guerra que entre otras cosas es un delito sobre el cual tiene competencia expresa la Corte Penal Internacional. Se excluyen de la Jurisdicción Penal Militar los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento y uso de menores. Salvo los delitos anteriores, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares. Pese a que se señala que una ley estatuaria especificará las reglas de interpretación y aplicación y determinará la forma de armonizar el derecho penal con el Derecho Internacional Humanitario. El asunto es que como lo hemos expresado el núcleo duro del Derecho Internacional Humanitario que se refiere a la protección de los Derechos Humanos no podrá bajo ninguna circunstancia ir a la Justicia Penal Militar.

La preocupación aumenta cuando se examina el siguiente párrafo del proyecto, en efecto, el texto señala “Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública ocurre algún hecho que pueda ser punible y existe duda sobre la jurisdicción competente, una comisión mixta integrada por representantes de las dos jurisdicciones, constatará inmediatamente lo sucedido y remitirá la actuación a la que corresponda. La ley estatutaria regulará la composición de la comisión y la forma en que será apoyada por los diferentes órganos de la Policía Judicial de las jurisdicciones ordinaria y militar. También indicará las autoridades que pueden solicitar la intervención de la comisión, los plazos que deberá cumplir y la manera de solucionar sus desacuerdos”. Aquí radica el mayor reparo al proyecto. En la actualidad es la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la que dirime cuando hay conflicto de competencias entre la Justicia Penal Militar y la jurisdicción ordinaria. Casi siempre los militares implicados en investigaciones penales recurren a plantear el conflicto de competencias para que sus procesos vayan a la Justicia Penal Militar. Entonces la enumeración de delitos como los señalados atrás que nunca podrán ser de competencia de la Justicia Penal Militar corren el riesgo de quedarse en letra muerta si en las investigaciones por esos delitos como por ejemplo, la violación o delitos relacionados con abusos sexuales excluidos de la Jurisdicción Penal Militar por la vía del conflicto de competencias terminen en manos de la Justicia Penal Militar. Ese es realmente el mayor riesgo que esta reforma constitucional afronta.

El tema en términos reales es que la infiltración del narcotráfico y de las organizaciones paramilitares o bandas criminales es muy alto en la Fuerza Pública. Por la vía del conflicto de competencias y así lo ha demostrado la realidad reciente, se debilita el enunciado constitucional del listado de delitos que no podrían ir nunca a la Justicia Penal Militar. Por esta vía el enunciado de esos delitos que nos parece incompleto en los dos puntos señalados correrá el riesgo de mantener una disputa en cada caso para buscar la ampliación del marco de actuación de la Jurisdicción Penal Militar. Ése es el peligro y ése es el mayor riesgo del proyecto que se discute.

Edición N° 00297 – Semana del 30 de Marzo al 5 de Abril de 2012

 
 
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