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Hablemos sobre el porque no me gusta la reforma a la justicia

  Paula Jiménez
  Jueza de la República
   
 

En vísperas de una semana de reflexión como es la Semana Santa, quiero llamar la atención sobre la reforma a la justicia. A ella nos oponemos los jueces y juezas por situaciones elementales. Entre esas está que precisamente no se nos consultó a los operadores de justicia qué era lo que necesitábamos, que los pocos canales que se habían logrado para el libre acceso a la justicia se van a cercenar con la reforma y que el principio de independencia y de autonomía judicial se reducen al mínimo, yendo en franco retroceso a lo que significan estas garantías en un Estado social y democrático de derecho.

Pero ¿por qué hacer una reforma a la justicia en estos momentos? Como ciudadano del común uno sabe que hay tres sectores que han sido la cenicienta del Estado a la hora de destinarles recursos, que son básicos, pero que no producen dinero y estos son: salud, educación y justicia.

De ahí también que tradicionalmente los gobiernos no se ocupen de ellos, entonces ¿qué pasó? En los últimos ocho años la justicia se hizo visible. Por un lado la Corte Suprema de Justicia ha procesado funcionarios aforados de alto nivel tanto del Legislativo como del Ejecutivo por delitos que tienen que ver con el paramilitarismo, y se destapó la olla que las AUC tenían sus brazos en el Congreso. Así mismo ya varios ex ministros del anterior Gobierno están siendo procesados por esta alta Corte.

En cuanto a las bases con el nuevo Sistema Penal Acusatorio frente a funcionarios de alto nivel, pero sin fuero resultaron acusados por la Fiscalía General de la Nación y condenados por los jueces de la República a penas intramurales. Esto no se había visto antes. Salvo casos muy aislados. Esto es lo que verdaderamente cambió porque la congestión judicial siempre ha existido, la falta de presupuesto también, la escasez de funcionarios judiciales para atender las demandas de los ciudadanos es un problema de toda la vida. Entonces no podemos decir que les falta razón a los que dicen que esta reforma es una retaliación en contra de la justicia porque en mi concepto así lo es.

Ahora bien, la base para decir que la reforma es una retaliación contra la Corte queda en evidencia al ver en la reforma cómo se excluye a la Corte de la investigación de los delitos cometidos por los aforados, y se le traslada esa facultad a una comisión conformada por no expertos en derecho penal y se dice allí que la investigación sólo se dará si hay denuncia penal con pruebas interpuesta por una persona determinada y plenamente identificable. O sea que de oficio no podría haber procesos penales, detectándose allí un gran error jurídico: quieren ponerle un requisito que se da en los delitos querellables, como es denuncia de parte a delitos de alta densidad que hayan sido cometidos por los congresistas.

Hay una cuestión de fondo de porqué los jueces no hemos sido escuchados cuando nos hemos pronunciado sobre la reforma y es que no tenemos las herramientas que tiene el Ejecutivo esto es, nosotros no tenemos puestos o fallos que ofrecer. Se ha hablado que la participación de los partidos en un Gobierno se traduce en los puestos que se ofrecen, nosotros en la rama judicial no los tenemos pues afortunadamente contamos con el sistema de carrera.

Aparte de ello, veamos si esa propuesta de reforma, que no tuvo en cuenta a los jueces y juezas, soluciona algo de los problemas que tenemos.

Se ha atacado al Consejo Superior de la Judicatura, se dice que no es eficiente. Sí, todos quisiéramos que funcionara mejor, pero la propuesta consiste en que haya una sala de Gobierno compuesta por los presidentes de la Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Sala Disciplinaria, junto con un experto en materias económicas, contables o financieras para un período de cuatro años, junto con un representante de los jueces y magistrados  y otro de los empleados. Con un agregado de los que no tendrán voto, pero si voz como el Fiscal General y el Ministro de Justicia. No es una propuesta seria, se toma la labor del Consejo como superflua y que con unas cuantas reuniones ya se arreglarían los problemas de la rama judicial, la cuestión es de fondo y los problemas que tenemos los miembros de esta rama no pueden esperar que se nos incluya en el orden del día de alguna de esas juntas. Me refiero a que nosotros los jueces nos amenazan, nos matan, y eso no da espera que todos ellos se reúnan y cuando toquen el tema, o no existimos ya, o simplemente ya no importa…

De otro lado, se dice que los presidentes de las altas Cortes, estarían en dicha Sala. ¿Qué tanto tiempo podrían dedicarle los presidentes de altas cortes a dicha tarea? Recuérdese que ellos son magistrados con reparto, o sea que tienen que ver por lo que pasa en sus despachos y estar en las labores propias del cargo, son personas común y corrientes como nosotros, a ¿qué horas van a hacer la labor de dos magistrados, uno el de su propio órgano y dos el trabajo de los magistrados que en este momento realizan los del Consejo Superior?

Tres, se dice que en esos comités va a estar el Fiscal General y un representante del Ministro de Justicia. Acaso los jueces tenemos alguna injerencia en las órdenes del Fiscal General, o ¿éste en la ley estatutaria que rige su organización debe contar con nosotros?, No, nos necesita  porque él es quien debe saber cómo organiza su entidad, para eso cuenta con sus comités especializados. ¿Entonces por qué la rama necesita del Fiscal para efectos de sus tareas propias? Para escuchar a dicha institución ya tenemos un canal expedito como es la Comisión Interinstitucional de la Justicia.

Sobre el Gobierno, queremos una rama judicial independiente, que es hasta ahora lo que tenemos, y base del éxito de llevar a realizar estos juicios de alta densidad ha sido porque el Gobierno no ha estado ahí. ¿Cómo hacerlo si precisamente las personas investigadas pertenecen a esta rama y son sus altos representantes, léase ministros, consejeros o hasta vicepresidentes de la República? Eso hace parte que la cuestión de la independencia judicial sea una garantía que va a lo material y que por cuenta de esta reforma, no quede en la formalidad.

En cambio con tristeza de ciudadana vemos como ha salido fortalecida la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Su origen de acuerdo a la Constitución es político. Pues sus miembros son nombrados por ternas elaboradas por el Presidente de la República y son elegidos por el Congreso. Esto ha hecho que los “jueces de jueces” no vienen de la carrera judicial, o sea nunca han sido jueces y si lo han sido fue en épocas muy tempranas de su formación ya que se han dedicado a la política. Por lo tanto, las decisiones que se toman dejan con muchas inquietudes a sus destinatarios, sobre si la decisión en realidad es jurídica o sólo es tomada por cuestiones políticas. Además recientemente con el estatuto anticorrupción se le fortaleció dejándole a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior el poder preferente.  Esto es que si dicha Sala lo considera cualquier proceso cuyo juez natural sea el Magistrado del Consejo Seccional, ellos lo pueden tomar dejando nula la garantía de la segunda instancia. Igualmente en la reforma se ha planteado que el juez disciplinario de los magistrados de la Corte Constitucional, sea la Sala disciplinaria. O sea el Gobierno controlando a quien le hace el control  a sus leyes, a sus decretos,  a sus reformas constitucionales…

El problema de la Sala disciplinaria del Consejo Superior no es su existencia, porque podemos decir que es necesaria, el problema es su origen político. Esta Sala, como las otras altas cortes deberían ser nombradas como las bases de la Rama, esto es por concurso de méritos.

Sobre la privatización de la justicia

Se les da facultades jurisdiccionales a los notarios, abogados particulares y funcionarios administrativos. Esto en vez de posibilitar el acceso a la justicia, lo que hace es entorpecerlo pues someten al ciudadano de a pie, que no tiene con qué pagar un abogado a ir a donde un notario, cuya formación es muy distinta a la de un juez. O ir a donde un abogado que para el día 2 es juez y para el día 3 es litigante, ¿dónde estaría la garantía de independencia para este ciudadano? Nosotros ya tuvimos un experimento como fue la ley de pequeñas causas, allí el ciudadano se quejaba ante el Policía y este iba a la audiencia ante el juez de pequeñas causas.  Nadie entendía qué pasaba en esa audiencia, el Policía no había sido capacitado, el ciudadano pues obviamente no sabía derecho y el juez no podía asesorarlo y entonces todo quedaba en nada. Lo que el ciudadano necesita es un abogado que le colabore en sus peticiones ante los jueces, un abogado de calidad y que sea pago por el Estado y que exista un número de jueces suficiente para atender sus necesidades pues no podemos seguir con una nómina anquilosada, propia de los sistemas de la escrituralidad y no de la oralidad. Una reforma en donde se despenalicen varias conductas que la verdad son más del derecho administrativo o comercial y no del penal, y donde los implicados en un delito tengan acceso a unas rebajas de pena, cuando acepten los cargos en la primera audiencia que tengan ante un juez y donde se posibiliten los preacuerdos en todas las conductas; adicionalmente que el principio de oportunidad no se tenga como un lujo sino como una herramienta de trabajo de la Fiscalía pues obsérvese que esta es la hora en que esta figura no ha sido estrenada en gran parte del país por el ente acusador.

Así mismo se quiere por medio de esta reforma quitarle los dientes a la acción de tutela, institución jurídica que ha garantizado el derecho fundamental de acceso a la justicia. La restricción consiste en que se le suprime el que dicha acción constitucional proceda contra sentencias. Ha habido fallos de la Corte Constitucional contra sentencias de los órganos de cierre en los que sólo por medio de la tutela se les ha garantizado a los ciudadanos sus derechos. La tutela fue un gran logro de la Constitución del 91 y somos los jueces los que la fallamos, los mismos a los cuales se nos pretenden quitar nuestra autonomía e independencia.

El Fuero Penal Militar

Se quiere por medio de este acto legislativo, reformar lo que tiene que ver con el Fuero Penal Militar y establecer que toda acción que lleven a cabo los miembros de las Fuerzas Armadas se presume como propio del servicio. Esto significa que la carga de la prueba para demostrar que el acto del militar no fue un acto del servicio, lo tendrían las victimas y no de forma oficiosa como se hace hoy, haciendo más difícil el acceso al ciudadano  a la justicia.

En conclusión, la reforma a la justicia no soluciona los problemas de ésta y en cambio si va a hacer más difícil al ciudadano de a pie acceder a ella, y contar con unos jueces que no le deban el nombramiento al Gobierno de turno se va a convertir en historia, pues no se nos ha dicho quién y cómo van a ser nombrados esos funcionarios que administrarán la justicia. Es por todo ello que no me gusta la reforma a la justicia.

Edición N° 00297 – Semana del 30 de Marzo al 5 de Abril de 2012
 
 
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