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Traba en la Cumbre

  José Darío Castrillón Orozco
  Psicólogo
   
 

Para la próxima Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena, sin una parte de América, se anuncia como plato fuerte la discusión de la guerra contra las drogas. En todas las cumbres de gobernantes se trata el tema. Pero, esta reunión tiene un nuevo ingrediente, el reconocimiento de algunos presidentes que tal guerra se perdió, y los llamados a cambiar esa política.

Se llega a hablar de la despenalización de las drogas psicotrópicas. Y como novedad se tiene que países subordinados a las políticas de Washington se atreven ahora a clamar por un cambio en ellas. Antonio Caballero lo llamó rebelión en la granja.

Ya anuncia Cesar Gaviria, pronunciándose a favor de un cambio de paradigma, que no habrá variación en los EEUU. Menos en un año de elecciones en ese país. Este ex mandatario colombiano, ya alejado de los cargos de poder, ha sido promotor de esa revisión política, sin enunciar cual sería el nuevo modelo.

Manda el sentido común a considerar que una postura diferente frente a las drogas sería favorable para Colombia. Las estadísticas de violencia asociada a la producción y tráfico de estas sustancias hablan por si solas. Porque en la distribución de los males ligados al mundillo de los psicotrópicos este país esta del lado de los productores. El consumo de sustancias modificadoras de la conciencia produce eventuales daños, pero a quien hace la ingesta; en cambio, la parte del tráfico ilegal produce daños a los demás. Ante todo a la sociedad que lo alberga. Se sabe que el sentido común es poco común.

Suele decirse que la legalización o la despenalización, que no son lo mismo, significaría el fin del conflicto armado colombiano. Argumento engañoso, porque la confrontación social y militar tiene origen en otros factores. Que no se quieren nombrar, por personajes aferrados al actual status quo, poco dados a la legalización, y tan complacientes con los narcotraficantes.

Una de las consecuencias menos nombradas cuando se explora el fenómeno es la cooptación mafiosa del Estado. Caso notorio en Colombia, y presente en otras latitudes. Para ello será necesario reconocer que eso se da, y señalar a sus autores. No hay voluntad de hacerlo.

Como se anticipa, no habrá cambios inmediatos en la perdida guerra contra las drogas. No lo habrá porque los Estados Unidos no manifiestan voluntad de hacerlo, aunque dicen estar dispuestos al debate. Pero marca el inicio de un replanteamiento que se tomará su tiempo. Ello debe llevar a superar una de las mayores falencias de ese esquema: el que no haya diferenciación entre las diversas sustancias. Establecer la relación oficial del Estado con las drogas, es decir regularlas, necesita hacer una distinción acorde a sus características y toxicidad. De este modo el tema quedaría relegado a la farmacia médica, y el comportamiento del consumidor a la responsabilidad personal.

Aunque el meollo del asunto está en sus usos. Cuando se habla de liberalizar el consumo se refiere al uso recreativo. También pasa por el terapéutico, el original de estas sustancias arrancadas a la farmacopea para ser arrojadas a los códigos criminales; Por supuesto implica considerar el científico, el productivo, y el ritual.

Acaso la reticencia de los gringos para aceptar cambios en el tema se refiere al uso clásico que le han dado a la penalización de los psicoactivos: como arma de control social. Porque la prohibición ha sido útil para controlar las migraciones masivas al norte, teniendo en cuenta que cada nacionalidad implica el consumo de una sustancia determinada. Con la prohibición al opio se reprimió y expulsó a la cantidad de chinos empleados para construir el ferrocarril del oeste, una vez quedaron cesantes; con la prohibición al whisky se reprimió la migración escocesa; con la de la marihuana a los mexicanos. Ahora, la penalización de la cocaína fue empleada en los años 10 del siglo XX para reprimir a la población negra, en un contexto de segregación racial.

La actual guerra a las drogas sirve para que el imperio dicte la agenda de países dependientes, como Colombia, mediante certificaciones, “ayudas” económicas y militares, o la intervención directa como en Panamá, y a baja escala, en Colombia. Superar este modelo de guerra por el prohibicionismo implica renunciar a tal uso. Acaso sea esto lo más difícil. Para superar este esquema se necesita ofrecerle al Tío Sam un nuevo enemigo que aglutine su nacionalidad.

 En buena parte del mundo desarrollado se debate la legalización de la marihuana. Esta droga, como afirma Francisco Thoumi, ya ha sido domesticada. Esto es que su uso se ha incorporado a los patrones sociales, casi hasta su banalización. Ya la yerba no ofrece la locura por gramos de hace años, y otras sustancias van en el mismo camino. Además carga con el estigma social de ser una droga para pobres, no como la cocaína que llegó a ser el champán de las drogas. A inicios del siglo XIX el éter y los inhalantes causaban furor en el mundo europeo, a mediados de ese siglo era consideradas sustancias para negros y para pobres, así su consumo se extinguió espontáneamente, sin mediar represión. Algo semejante puede pasar con la marihuana.

Y no es sólo su estigma, es la droga más empleada en el mundo. Ahora están los científicos produciendo cannabinoides sintéticos, con lo cual pronto se tendrá marihuana de laboratorio. Estos componentes de la marihuana no están incluidos en el Régimen Internacional de Control de Drogas, es decir, no son prohibidos. Su consumo devendrá, muy probablemente, en un elemento de distinción, mientras que la ingesta de hierba será para miserables. Ya lanzada desde las grandes casas farmacéuticas su consumo puede salir de la orbita de lo prohibido. Es más, si se sigue insistiendo ante los EEUU sobre reformular sus políticas en relación con las drogas, no sólo legalizarán el consumo de marihuana sintética, seguramente lo harán obligatorio.

Edición N° 00297 – Semana del 30 de Marzo al 5 de Abril de 2012
 
 
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