Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

Desconocer el carácter político del conflicto armado y sus actores debilita la posibilidad del proceso de paz

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente Fundación Cultura Democrática
   
 

A propósito de las declaraciones de Vivanco (HRW)

La prestigiosa organización de Derechos Humanos Human Rights Watch que desempeña un importante seguimiento sobre lo sucedido en el país, expresó a través de su director en recientes declaraciones a la prensa colombiana que los guerrilleros presos son delincuentes comunes sin reconocer el carácter político de delitos que los comprometen y afirmó que el DIH sería la normativa que no permitiría la aplicación de amnistías. Al respecto podemos discutir que existe en el país un reconocimiento constitucional y legal del delito político, que el derecho humanitario distingue para los combatientes un estatus distinto del delincuente común y que el protocolo II estipula la posibilidad de aplicar “amnistías lo más amplias posibles” como mecanismo viable en la terminación de las guerras internas. Pero lo delicado en esta discusión no es solo el debate jurídico implícito sino también en el plano político el negativo efecto de pretender criminalizar de manera general a la insurgencia como delincuencia común y negar los instrumentos jurídicos existentes para la resolución de la guerra interna, precisamente cuando de nuevo se exploran posibilidades hacia tratar de resolver el proceso de paz pendiente con las FARC y el ELN.

En efecto, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en entrevista concedida al diario El Tiempo el pasado  9 de abril, expresó que los guerrilleros en prisión no califican como presos políticos “porque cometieron delitos comunes”. Planteó que prisioneros políticos serían casos muy extraordinarios solo con referencia a personas que: “Han sido condenados por intentar ejercer sus derechos políticos y libertades fundamentales y se les niega el debido proceso”. Afirmó que “los miembros de las guerrillas condenados por rebelión no califican como prisioneros políticos porque cometieron delitos comunes”. Y agregó que “el DIH es claro y no permite amnistías frente a graves violaciones de derechos humanos”. A partir de allí se comentó que sería impensable una amnistía en un proceso de paz con las FARC.

Vivanco tiene razón al señalar que es muy difícil hablar de un proceso de paz con las guerrillas mientras mantengan las conductas que constituyen violaciones graves al derecho humanitario. Más aún, resulta explicable su llamado a que si en Colombia persisten graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario y los esfuerzos de las instancias nacionales resultan insuficientes, podría recurrirse a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, tales consideraciones no pueden llevarlo a confundir la exigencia perentoria de cumplir con las obligaciones humanitarias y la consiguiente aplicación de la debida de la justicia ante la ocurrencia de graves infracciones con la negación de la existencia de los delitos políticos y del reconocimiento y tratamiento político necesario de abordar frente a la insurgencia así como la posibilidad de la aplicación de amnistías e indultos, en el contexto de un proceso de paz, en beneficio de los combatientes que retornen a la vida civil y que no estén comprometidos en graves violaciones.

El Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Ley 171 de 1994) contiene la categoría jurídica de “personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado”, con alusión a conflictos armados no internacionales (internos), que se libren entre el Estados y grupos armados organizados o fuerzas armadas disidentes, siendo nuestro caso el primero. Establece para tal tipo de personas la obligación de las partes en conflicto de  respetar determinadas protecciones que se estipulan en su artículo 4, las cuales en esencia y de manera muy resumida concuerdan con el contenido del Estatuto de Prisioneros de Guerra (Convenio III de Ginebra de 1949) y con el contenido del tratamiento a los internados civiles en el contexto de la guerra (Convenio IV de Ginebra de 1949).

Es de recordar que en el DIH el CICR tiene una atribución convencional de ser el ente intérprete y custodio de su doctrina. Para el efecto del Protocolo II referido ha difundido una interpretación conocida en español  desde hace más de una década que incluye comentarios oficiales sobre cada una de las normas, de forma tal que con respecto a las “personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto armado”, establece que: “la privación de libertad debe estar relacionada con la situación de conflicto; por consiguiente, esta disposición no está dirigida a los detenidos de derecho común1. Es decir, que se estipula con meridiana claridad que el estatus de parte del conflicto armado interno, ejercido por grupos armados irregulares que cumplen con las condiciones estipuladas en el artículo 1 de este instrumento, que en general han tenido vigencia en las guerrillas, no conlleva la naturaleza de delito común sino de combatientes activos en el conflicto armado, lo que en términos jurídicos se corresponde con las formas del delito político frente al Estado.

De otra parte, el Artículo 6 del mismo Protocolo II, con referencia a las garantías en las diligencias penales para las personas capturadas por motivo del conflicto armado de carácter no internacional (es decir interno como en nuestro caso), consagra en su numeral 5 que: “A la cesación de hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. Al consultar la interpretación oficial, autorizada de doctrina por parte del CICR, encontramos que señala que para tal tipo de personas, en el contexto de solución de las guerras civiles internas, es válido solicitar y aceptar figuras de gracia, conmutación de la pena y amnistía, a disposición de las respectivas autoridades nacionales que cuentan con atribuciones para ello2. Por supuesto que como es muy conocido, varios tratados en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (no en DIH), han limitado la aplicación de las amnistías para los graves crímenes y ha cobrado fuerza en la lucha contra la impunidad los principios que orientan el respeto a los derechos de las víctimas y las fórmulas actuales de la llamada justicia transicional, en el entendido de que las amnistías y los indultos ya no pueden obrar de forma general ante las graves violaciones y las graves infracciones ocurridas.

Por su parte, en términos de la existencia legal de la figura del delito político en Colombia es preciso recordar que la Constitución Política estableció en su artículo 35 con relación a la prohibición de la extradición  que no se concederá por “motivos políticos o de opinión". En el artículo 179, numeral 1, al establecer inhabilidades para ser congresista que en la referida a sentencia judicial y a pena privativa de la libertad, se exceptúa “por delitos políticos o culposos”. En el artículo 201, numeral 2, consagra como atribución del Gobierno, en relación a la rama judicial: “conceder indultos por delitos políticos”. El artículo 299 establece con relación al régimen departamental que para ser elegido diputado la inhabilidad también frente a condenas por sentencia judicial y pena privativa de la libertad se exceptúa para “los delitos políticos y culposos”. Así mimo su artículo transitorio 30 consagró autorización al gobierno para “conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos”.

De forma específica en materia penal el Código Penal (Ley 599 de 2000) en su título II consagró los “Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario” con la introducción de una treintena de nuevos tipos penales referidos a infracciones al DIH cometidas en el contexto del conflicto armado interno y en su título XVIII retomó la tradicional tipificación de los “delitos contra la existencia y seguridad del Estado”, con referencia a la rebelión, la sedición, la asonada, la conspiración y la seducción, usurpación retención ilegal de mando. Los primeros delitos, relativos a infracciones, al ser graves, sistemáticos y masivos en su ocurrencia excluyen las posibilidades de beneficios con amnistías e indultos, pero de no ser así podrían concederse en un contexto de proceso de paz por parte de las autoridades nacionales. Y con relación a los delitos de carácter políticos, es una realidad de a puño, desde hace varias décadas, la existencia de grupos guerrilleros insurgentes que se han levantado en armas frente al Estado. Algunos como el M19 y el EPL, a instancias de la ANC y la CP de 1991 pactaron la paz con el Estado, mientras las FARC y el ELN se mantienen en alzamiento. Independiente de la posición de no justificación de tal situación que tengamos frente a ellos, no puede desconocerse tal realidad.

El negativo efecto de la opinión desafortunada de esta valiosa organización de derechos humanos conllevó a inmediatas reacciones de voceros gubernamentales como el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien se expresó ante la prensa al día siguiente en los siguientes términos: “Aquí lo que hay son unos individuos capturados por cometer delitos, por violar los derechos humanos  y cometer crímenes”. Ante lo cual es evidente que los guerrilleros son capturados y procesados por cometer delitos, pero no son responsables de violaciones a los derechos humanos que son propios de agentes o instancias estatales, precisamente como menoscabo al ejercicio del poder estatal soberano de forma garantista por el Estado, sino de infracciones al derecho humanitario. Pero el efecto negativo se traduce precisamente en la criminalización total en términos de delincuencia común y la interpretación despolitizada del conflicto armado y sus actores insurgentes, de forma que incluso se alimenta las voces que han señalado de forma macartista y peligrosa a las mismas organizaciones de derechos humanos, cuando se ocupan de las garantías de la defensa y las condiciones de reclusión de los insurgentes o de personas sospechosas de serlo.

Al respecto es ilustrativo lo expresado esta semana también por un columnista de El Espectador: “Al no ser presos políticos no son más de lo que son y siempre han sido: unos simples y llanos delincuentes sin ningunos “adornos”, como se los ha querido mostrar ante la opinión pública nacional y mundial”3.

Entre tanto, según la información oficial en las cárceles habría 3259 personas recluidas por estar relacionadas con las guerrillas, de las cuales 2096 están condenadas. Un 70%, alrededor de 2300 fueron capturadas como integrantes de las guerrillas. Aparecen 1163 sindicadas por tal motivo. Unas 600 han sido procesadas sólo por rebelión mientras otro tanto lo han sido por rebelión y otros delitos: homicidio 13%, desaparición forzada y secuestro 12%, concierto para delinquir 10% y narcotráfico 2%. Y el 6% procesado por terrorismo. Realidad que muestra que dentro de los presos de la insurgencia un alto porcentaje obedece al delito político de rebelión mientras que porcentajes menores corresponden al asocio con otros delitos que pueden llevar a sanciones más graves si se comprueban graves violaciones, pero así mismo es conocido que personas son capturadas y procesadas por sospecha de relación con la insurgencia, que en casos no es real y que pueden por tanto llegar a configurar situaciones de arbitrariedad contra personas de la población civil ajenas al conflicto armado. Capítulo aparte es la reconocida situación de violación de los derechos humanos que en general afecta a la población carcelaria y en particular situaciones de violaciones e infracciones que afectas a los presos relacionados con la insurgencia, necesarias de reconocer y tratar tanto a la luz de las obligaciones en DIDH como en DIH.

Edición N° 00298 – Semana del 13 al 19 de Abril de 2012

1 Comentario del Protocolo II y del artículo 3 común, de los Convenios de Ginebra de 1949, CICR, Plaza y Janés, Bogotá, 1998, numeral 4568, página 144.

2 Ídem, página 168.

3 “No son presos políticos”, Mario Fernando Prado, El Espectador, 13 de abril de 2012.

 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus