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Crece la lucha por el derecho a la salud en el trabajo

  Jairo Ernesto Luna García y Mauricio Torres Tovar
  Médicos salubristas laborales, miembros de la Red de Salud y Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
   
 

Ya se ha vuelto corriente escuchar noticias de accidentes en minas en diferentes regiones del país que provocan un número importante de muertos y lesionados como si fueran hechos naturales, inevitables, propios de este trabajo arriesgado.

La situación de daños a la salud y pérdidas de vidas no se presenta solamente en el sector minero; hay otros sectores tanto de la economía formal como informal que viven situaciones parecidas, como el caso en el caso del sector de la construcción, de seguridad, petroquímica, por mencionar sólo algunos.

Esta situación ha llevado a que grupos de trabajadores enfermos por la exposición a condiciones laborales deteriorantes y riesgosas, se movilicen exigiéndole a las empresas y al Estado respondan tanto en los aspectos médicos como económicos que su situación demanda.

Este es un tema que no puede seguir siendo abordado como hasta el momento se ha hecho, al trasladar las responsabilidades a los y las trabajadoras; acá hay compromisos principalmente de los empresarios, del Estado y de las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP).

Con la realización de una marcha por las calles de Bogotá y una concentración en la plaza de Bolívar, acompañado de un foro en el Congreso de la República, organizaciones sindicales y de trabajadores enfermos protestaron por la negligencia en la prevención y reconocimiento de los riesgos profesionales en el país el pasado 21 de marzo.

Un sistema de lucro a expensas de la salud y la vida de los y las trabajadoras

El desarrollo de la normatividad en salud ocupacional durante la década de los 80´s con llevó un incremento de los programas de salud ocupacional y de los comités paritarios para el impulso de acciones preventivas en las empresas. Este panorama cambió en la siguiente década producto de la reforma impulsada con la Ley 100.

Así como la Ley 100 generó serias dificultades en el campo de la seguridad social en salud, en riesgos profesionales la introducción del sector financiero en la administración conllevó la búsqueda de ganar “clientes” mediante todo tipo de estrategias, incluyendo el ofrecimiento a los empresarios de servicios que reemplazaban aquellos que de su obligación, que en diversos casos eran de alto nivel.

Por este camino, no solamente se afectó el avance de la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, sino que se generó una cultura en donde el empresario confunde la afiliación de sus trabajadores a la seguridad social en riesgos profesionales, con las medidas de tipo preventivo en salud ocupacional. Una cosa es estar afiliado a la ARP y otra, que realmente se desarrollen procesos de promoción y prevención en las áreas de trabajo.

En el campo de la minería la falta de prevención es responsable del incremento de los accidentes y muertes en el trabajo. Situación que se agrava con el boom minero al estar acompañado de una proliferación de enfermos afectados por dolencias de origen profesional. Un caso crítico es el que se presenta en la gran minería del carbón, que hoy en día extrae montañas de este mineral destinadas a los mercados internacionales, dejando no solamente los impactos ambientales sino también un número importante de trabajadores con discapacidad derivadas de accidentes y enfermedades. Es el caso de la empresa Drummond, en donde se produjo un conflicto laboral por esta situación, que llevó a la conformación de una asociación de enfermos afectados por dolencias laborales.

De igual forma, se ha dado una movilización y protesta por parte de Sintracarbón, en defensa de los legítimos derechos de los trabajadores enfermos que ha generado el Cerrejón. Allí, la acción sindical ha dado origen a una acción popular, por el reconocimiento de la problemática de salud de los trabajadores y de las comunidades afectadas por este proceso extractivo. Una de las reivindicaciones presentadas está en relación con reconocimiento de la pensión especial por alto riesgo, la cual viene siendo negada por la empresa y por el Instituto de Seguros Sociales (actual administrador de este tipo de pensión).

En esta situación tienen una alta responsabilidad tanto las empresas, como las ARP. La privatización de esta actividad se dio sobre la promesa incumplida del fortalecimiento de la prevención y la garantía del reconocimiento de los derechos prestacionales y asistenciales que se derivan del accidente de trabajo o enfermedad profesional. Aquí las cifras demuestran un saldo negativo del papel de las ARP. La tasa de accidentalidad ha venido en un incremento permanente y la proporción de accidentes de trabajo a los que se les niega este origen en los 5 últimos años es en promedio 1 de cada 4. Los trabajadores y sus familias se ven sometidos así al “peloteo” entre EPS y ARP; y muchas veces sometidos al “calvario” de la evaluación por las Juntas de Calificación de Invalidez, cuyo papel ha sido bastante cuestionado.

Todo esto se acompaña de la indolencia con que el Estado ha asumido su responsabilidad de rectoría de la seguridad en el trabajo: el número de inspectores laborales es muy pequeño y su capacidad de vigilancia y control exiguo. El papel de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales se ha orientado a regular los aspectos de manejo financiero del seguro, con muy pocos avances en aspectos técnicos de la prevención. Las normas que se han promulgado tienen un carácter más bien de guía y no brindan sólidas herramientas de obligatorio cumplimiento. A las ARP se les ha delegado un papel de control, que entra en conflicto con su interés comercial, por lo que su relación con las empresas es más de tipo comercial que de asesoría técnica y de exigencia en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y su regulación por parte del Estado es precaria.

En esta condición, el eslabón más débil termina siendo la población trabajadora, cuya cobertura ni siquiera está garantizada en su totalidad, ya que la afiliación al sistema general de riesgos profesionales no está al alcance de los trabajadores y trabajadoras vinculadas a la economía informal.

El drama de los enfermos a consecuencia de sus condiciones de trabajo

En las empresas mineras se vienen presentando múltiples casos de problemas ósteo- musculares, relacionados con la exposición a las vibraciones producto del empleo de grandes equipos. Igualmente, se han diagnosticado casos de enfermedades pulmonares (neumoconiosis) e intoxicaciones por diferentes metales pesados.

Pero esta dramática situación también se ha visto en otros sectores, como es el caso de la empresa Peldar, en General Motors Colmotores e incluso en las trabajadoras vinculadas al procesamiento de camarón y atún. Este último grupo llegó a acumular tal cantidad de personas afectadas en sus extremidades superiores por la labor desempeñada (Síndrome del Túnel del Carpo), que más de trescientas de ellas decidieron constituir la Fundación de las Manos Muertas para defender sus derechos en esas empresas.

Estos sectores son apenas una pequeña parte visible de una gran problemática que ha permanecida oculta, donde está ausente el reconocimiento del cáncer ocupacional, las enfermedades de la piel (dermatosis ocupacional), el asma y la sordera profesional, para mencionar solamente los problemas más clásicos.

Intensificar la movilización social para proteger la salud y la vida

Esta movilización que ha conllevado la presentación de tutelas y demandas individuales, pero también la toma de instalaciones de las ARP y la instalación de carpas en la plaza de Bolívar y frente a la embajada de Estados Unidos, requiere del apoyo de diferentes sectores sociales, con el fin de darle la visibilidad y la fuerza para que no siga siendo naturalizada y dejada de lado.

La producción de riqueza a costa de la salud y la vida de trabajadoras y trabajadores debe ser detenida. La obtención de ganancias a costa de desconocer los derechos de las personas afectadas por enfermedades y accidentes de trabajo es un acto criminal que no debe continuar.

Esta situación demanda en el corto plazo fortalecer las acciones de solidaridad y apoyo a las personas afectadas y colocar en el debate público el problema de la salud relacionada con las condiciones de trabajo; en el mediano plazo fortalecer los procesos de organización y movilización encaminados a fortalecer la prevención y la garantía del derecho a la salud, y en el largo plazo articular con los esfuerzos de construcción de un nuevo modelo de salud y seguridad social, confluyendo con las acciones del Movimiento Nacional por la Salud y Seguridad Social, que permita revertir esta situación y lograr el reconocimiento social y la protección de la salud y la vida de quienes construyen la riqueza en nuestra país.

Edición N° 00298 – Semana del 13 al 19 de Abril de 2012
 
 
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