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La reforma a la justicia: ¡Cuál sorpresa!

  Henrik López
  Profesor universitario
   
 

¿Cuál es la propuesta de hoy? En esta pregunta se podría resumir el estado de cosas en torno a la reforma a la justicia. Los análisis, desde todos los sectores, no pueden ser más descarnados. Que se trata de una reforma política, dice la MOE; que se privilegia a las élites, asegura el Consejo de Estado; que se busca proteger a la clase política; que se busca… Y, en realidad, nadie sabe bien qué es lo que se busca con la reforma.

Según el Gobierno Nacional, cuando lanzó el primer proyecto, se buscaba descongestionar a la justicia y resolver problemas de choques. Al parecer, nada de lo primero y mucho de lo segundo.

A muchos les ha tomado por sorpresa esta situación. En algún medio se indicaba que resultaba increíble que el mismo Congreso que logró dictar leyes positivas, como la de tierras, ahora esté enredada con la reforma. Pero lo sorpresivo es que alguien se sorprenda.

La historia reciente del país está plagada de intentos de reforma a la justicia. La mayoría han resultado fallidos. Son fallidos por una razón sencilla: no existe una visión clara sobre la justicia que se desea en el país. O, si dicha visión existe, no puede ser expresada.

Varias preguntas deben responderse. En primer lugar, y por encima de todas, ¿se desea una justicia que opere de manera igualitaria para todos o una que distinga según factores como ingreso, ocupación, origen nacional, monto de las pretensiones o cualquier otro elemento?

La segunda pregunta sería ¿entendemos justicia eficaz como aquella que resuelve todos los casos de manera rápida o aquella que los resuelve bien?

La tercera, ¿deseamos una justicia donde los Derechos Humanos y constitucionales sean una realidad o un formalismo?

La respuesta a estas preguntas, que son claramente ideológicas, nos permitirá conocer el ámbito o el contexto en el cual se desarrollará una reforma al sistema de justicia en Colombia. Sabremos si ha de lidiarse con una mayoría republicana y demócrata o con una autoritaria; con una mayoría igualitaria o aristócrata, etc. Claro, que a la hora de verdad, muchas respuestas absolutas requieren ajustes, pues hay razones institucionales, fácticas y normativas que obligan a que se morigeren las posiciones. Pero, lo más importante es que habría claridad.

Alrededor de esto hay otras cuestiones, absolutamente centrales, por ejemplo, cómo manejar el tema de la independencia y autonomía de la rama judicial frente a los restantes órganos del poder. ¿La rama debe administrarse a sí misma? ¿La rama debe controlarse a si misma? ¿La carrera judicial debe ser meritocrática o política? Nos podemos hacer cientos de preguntas, pero lo importante sería que se lograría claridad sobre qué se espera.

Lo que tenemos a la vista es un panorama donde todos esperan pescar en río revuelto y, de esta manera, eludir los problemas de fondo. ¿Cuáles son aquellos problemas de fondo de la administración de justicia?

Para comenzar, la congestión judicial. ¿Cómo se enfrenta la congestión? Primero comprendiendo sus causas. No se trata que el país tenga una marrulla de jueces perezosos que abandonan a su suerte los procesos para dedicarse a no se sabe qué actividades. No se trata que las altas Cortes estén enfrentadas en sus vericuetos conceptuales. Se trata de identificar las circunstancias fácticas y normativas que fomentan la congestión. Pero de eso, nada se ha expuesto.

Muchos consideran que simples reformas normativas no van a cambiar la realidad y aducen una suerte de fetichismo normativo en la sociedad colombiana (al igual que en muchas latinoamericanas), pues se cree que un cambio constitucional o legal implica de por sí un cambio en la realidad. Es cierto que cambiar las leyes no necesariamente conduce a un cambio en la “realidad”. Pero, la ley es una “realidad”, por lo que se vuelve importante intentar comprender de qué manera se entiende dicha realidad de carácter normativo.

Para muchos, la Constitución es simplemente un mecanismo de organización del poder. Para otros, más que ello, un mecanismo de control del poder. Los primeros únicamente le prestarán atención a la manera en que se definen las condiciones de ejercicio del poder estatal; es decir, cómo se estructura el Estado y se delimitan las competencias de cada uno de los órganos. Para los segundos, únicamente interesa el sistema de controles al ejercicio del poder; esto es, la garantía de efectividad de los derechos.

Para los primeros, hablar de la reforma a la justicia implica definir las competencias de los órganos judiciales, de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Congreso de la República, etc. Interesa, en esa medida, que la organización del poder estatal refleje los intereses de los grupos que ejercen el poder. Lograr ventajas, que se traducen en tratamientos diferenciales o en inmunidades. Para los segundos, hablar de este tema, es preguntarse sobre si habrá o no impunidad, si los jueces podrán decidir en un término razonable, si habrá igual justicia para todos, etc.

Ambos grupos se enfrentan en un diálogo de sordos, pues no buscan lo mismo. Ambos terminan haciendo pretensiones, algunas justificadas, otras necesarias y otras, francamente necias.

Mientras el país no esté en capacidad de lograr que ambos grupos se comuniquen, se escuchen y dialoguen. Mientras no se responda a las preguntas más importantes. Mientras no se pongan los intereses sobre la mesa, no habrá chance alguno de lograr una reforma que tenga sentido.

Sentido no implica que sea en una u otra dirección. Que responda a uno o a varias visiones o intereses. Una reforma que tenga sentido, es una que pueda ser justificada y que no aparezca simplemente como respuesta a un arrebato, al desespero de unos, a las angustias de otros y al oportunismo de los demás.

Seguramente la reforma a la justicia saldrá avante y tendremos un nuevo engendro. El país se acomodará a las nuevas circunstancia y los victoriosos cantarán y bailarán de alegría. Victoria pírrica pues no sólo habrá una nueva reforma a la vuelta de la esquina, sino que, en el largo plazo, seguirá resquebrajándose la legitimidad del modelo.

La justicia sigue siendo la cenicienta en el cuento. Pero, así como no habría cuento sin cenicienta, no habrá democracia sin justicia.

Edición N° 00299 – Semana del 20 al 26 de Abril de 2012
 
 
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