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A todo motor arranca capítulo de la paraeconomía

  Luis Eduardo Celis
  Coordinador de Incidencia Política – Corporación Arco Iris
   
 

En las últimas semanas hemos conocido nuevas declaraciones de jefes paramilitares que hablan de sus dinámicas económicas, lo cual no es nada novedoso, es bien sabido que este ciclo de violencia de los paramilitares agrupados en las AUC tuvo como principal finalidad acrecentar su poder económico y a fe que lo lograron.

Raúl Hazbún, hijo de un empresario bananero y quien llegó a ser el jefe del Bloque Bananero de las AUC, dio una entrevista hace un par de semanas a la revista Semana y en ella afirmó, en pregunta sobre las dificultades que se presentan para aclarar y judicializar a los implicados en estas dinámicas de criminalidad con intereses económicos: “Lo que pasa es que hay varias personas demasiado importantes dentro de lo político y lo económico. Yo entregué unos listados a la Fiscalía con 270 bananeros, 400 ganaderos y podrían ser unos miles de comerciantes. La Fiscalía no tiene la capacidad para investigar lo que pasó en Urabá, pero tampoco hay voluntad política. Acabarían con el quinto renglón de la economía nacional que alimenta el PIB, que es el banano. Ciérrenlo y dejan a 300.000 personas sin empleo, y eso genera más muertos que los que yo y la guerrilla pusimos durante mucho tiempo”.

La semana anterior el turno fue para José Gelvez Albarracin, quien era el responsable de los jefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Hernán Giraldo, para coordinar negocios de los paramilitares en el departamento del Magdalena y quien rindió una extensa declaratoria a la Corte Suprema de Justicia en la que detalla muchos hechos y personas involucradas en estas actuaciones y que en el periódico EL ESPECTADOR, en su anterior edición dominical afirma que es: “una extensa declaración que promete abrir el descuidado frente de investigación de la paraeconomía en la Costa Atlántica. Aportando fechas, nombres de empresarios y de políticos. El Canoso, como fue conocido en las autodefensas, reveló cómo infiltraron el Estado, se repartieron los contratos y desplazaron campesinos para desarrollar proyectos millonarios”.

Para que no queden dudas de como poco a poco la justicia viene esclareciendo esta trama de criminalidad e ilegalidades, cuya principal motivación fue acrecentar poderes económicos, hace pocos días, a Guillermo Gaviria Echeverri, patriarca paisa, dueño del Periódico EL MUNDO y empresario Bananero y ganadero, con fuertes vínculos en Urabá, le fue decretada una orden de detención domiciliaria, que a sus 88 años, se configura como el empresario de mayor prestigio y renombre que es solicitado por la Fiscalía para responder por varios casos en los que ha sido mencionado por jefes paramilitares, entre ellos Raúl Hasbún.

Guillermo Gaviria, es el padre del asesinado gobernador Guillermo Gaviria y del actual alcalde Anibal Gaviria, toda una vida dedicada a los negocios y ha sido un personaje influyente en la política en Antioquia, ha sido destacado dirigente liberal, fue de los pioneros en la promoción de la colonización de tierras del Urabá, bananero, ganadero y minero. Dueño del periódico El Mundo, también ha sido gestor de Unibán, fundador de Colanta, promotor de Carbocol y es miembro de las juntas directivas de la minera El Roble y del Grupo 20, que aglomera a varias empresas agropecuarias de las que él es dueño.

El tema es de tal magnitud que hay varias multinacionales que han sido mencionadas por sus vínculos con los paramilitares, los casos más sonados, pero no los únicos, son los de la Drummond que para garantizar su operación en el Cesar pagó a paramilitares al igual que la Chiquita Brands quien por más de seis años, desde 1997 hasta alrededor del 4 de febrero de 2004, Chiquita Brands International, mediante su filial en Colombia Banadex S.A., efectuó pagos mensuales a la estructura paramilitar en las zonas de Urabá y Santa Marta, lo cual significó más de 100 pagos por más de $1.7 millones de dólares. Chiquita Brands, empezó a realizar estos pagos después de una reunión en 1997 entre el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño y el director general de Banadex y fueron transferidos en parte a través de la Convivir Papagayo, caso por el cual la Chiquita Brands fue procesada judicialmente en los Estados Unidos. Al reconocer la financiación de los paramilitares, la Chiquita Brands tuvo que pagar al fisco de Estados Unidos la suma de 25 millones de dólares, dinero que organizaciones de víctimas en Colombia han propuesto que sea aportado al fondo de reparación de victimas contemplado en la aprobada Ley de Victimas.

La paraeconomía poco a poco viene siendo establecida, en lo cual el trabajo que coordinó Mauricio Romero ha aportado análisis y documentación de casos, el libro ‘Los negocios de los paras’, una investigación hecha por la Corporación Arco Iris que pone en relieve cuáles fueron esas redes de corrupción en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lograron meterse y a través de varios casos, todos sorprendentes, se devela de qué forma la inoperancia de las instituciones de control y regulación estatales permitieron que los ‘paras’ se fueran apropiando, poco a poco, de las regalías del petróleo y del carbón, la tierra y hasta de los recursos de la salud.

Si en el esclarecimiento de lo que fue la parapolítica, se puede afirmar que es un capítulo inconcluso en el cual falta mucha verdad, investigación de la Fiscalía y actuación de la justicia, no es exageración afirmar que en la paraeconomía, estamos aun iniciando y falta mucho por aclarar, sancionar a los responsables y sobre todo lograr que los recursos ilegal y violentamente apropiados regresen a las manos de sus legítimos propietarios, iniciando por los millones de hectáreas usurpadas y los aún no calculados recursos públicos robados.
Ahora que inicia el período del fiscal Eduardo Montealegre, esta debe ser una de sus prioridades.

Edición N° 00299 – Semana del 20 al 26 de Abril de 2012
 
 
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