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¿Y quién responde?

  Juan Gabriel Navarrete
  Asesor Jurídico – Misión de Observación Electoral – MOE
   
 

Vuelve y juega. Una vez más los partidos y movimientos políticos son protagonistas del escenario político postelectoral colombiano y no precisamente por los motivos deseados como podría ser la vigilancia de la gestión de sus elegidos, la formación y capacitación de sus militantes o la inclusión dentro de sus estructuras de mujeres, jóvenes y minoría éticas.

Los partidos están nuevamente en el ojo del huracán por las decisiones que tomaron a la hora de escoger, avalar e inscribir sus candidatos a las elecciones de autoridades locales que se realizaron el año pasado.

No es para menos, en lo que va corrido del 2012 cuatro autoridades locales han sido separadas definitivamente de los cargos para los que fueron elegidos. Tres alcaldes a raíz de las sanciones disciplinarias de destitución impuestas por la Procuraduría: Cáceres (Antioquia), Cota (Cundinamarca) y Yarumal (Antioquia) y un Gobernador por la sanción fiscal impuesta por la Contraloría: Valle del Cauca.

Hay un aspecto en común que reúnen estos cuatro casos: al momento de la elección y otorgamiento del aval los cuatro candidatos ya habían sido sancionados en primera instancia o estaba pendiente el fallo, y pese a ello las organizaciones políticas decidieron postularlos.

A esta situación se suman tres casos más donde los elegidos ya han sido objeto de alguna medida o sanción que no es definitiva y que por el momento no genera la pérdida de sus cargos, pero que igualmente compromete a los partidos que los avalaron. Los casos son los de los alcaldes de Moñitos (Córdoba) y Los Córdobas (Córdoba) que fueron detenidos por investigaciones penales y el de la Gobernadora de Huila que fue destituida en primera instancia por la Procuraduría.

En estos últimos eventos, pese a que no existían fallos de primera instancia para la época de la elección, las investigaciones ya estaban abiertas y eran de público conocimiento.

Ante este crítico escenario surge necesariamente una pregunta ¿Tienen algún tipo de responsabilidad los partidos u organizaciones políticas que postularon electoralmente a estas personas? ¿En caso afirmativo, cuál?

La pregunta no es de menor importancia, si se tiene en cuenta que el año pasado se aprobó la ley 1475 de 20111, que estableció el régimen de responsabilidad de partidos y movimientos políticos por acciones u omisiones imputables a sus directivos y candidatos.

Para poder absolver esta inquietud lo primero que se debe precisar son los motivos por los cuales las organizaciones políticas deben responder.

El artículo 10 de la ley 1475 establece un listado de eventos que en caso de presentarse generan la responsabilidad de las organizaciones políticas. Ahora, aparentemente las causales, en su mayoría, se refieren a la comisión de de delitos (conductas contenidas en el Código Penal) por parte de directivos o candidatos, y no de faltas disciplinarias o fiscales como es el caso de las sanciones que este año se han impuesto algunas autoridades locales electas.

Sin embargo, si se revisa detenidamente la causal 5, ésta señala que constituye una falta imputable a los partidos la “inscripción de candidatos que no reúnan los requisitos y calidades necesarios para postularse a la elección.

A su vez, si la reseñada causal legal se interpreta sistemáticamente y en consonancia con lo previsto en el artículo 47 del “Estatuto Básico de los Partidos”2, aún vigente y no derogado por la ley 1475 que señala que los partidos y movimientos políticos “son garantes de las calidades morales de candidatos y elegidos desde su inscripción hasta el fin de su periodo” y responden por ello, no queda duda que los partidos políticos que respaldaron a los alcaldes y gobernadores sancionados deben cargar con alguna consecuencia negativa por la falta de diligencia con la que seleccionaron a sus candidatos.

La conclusión no podría ser otra, si se tiene en cuenta que cuando “yo recomiendo a una persona, yo soy garante de ella,  yo la avalo” es decir, manifiesto que respondo por ella y por sus actos; este es un principio básico no sólo de derecho sino de la vida en sociedad. El aval no constituye otra cosa que un acto unilateral de una organización política a través del cual se da el visto bueno sobre las condiciones y calidades de una persona que se recomendará, patrocinará y postulará ante los electores para ocupar un cargo público.

En este orden de ideas, si una organización política actúa con negligencia a la hora de evaluar las calidades y requisitos de sus candidatos, tal como sucede cuando se omiten las investigaciones formales o, lo que es peor, los fallos sancionatorios y asumen el riesgo de postular a una persona que puede resultar sancionada, si éste riesgo se realiza la organización debe responder jurídicamente.

Ahora, las sanciones a las que el partido o movimiento se expone por haber omitido sus deberes de diligencia en la selección de candidatos también están previstas en la ley3 y van desde multas hasta privación de la financiación por la vía de la reposición de votos o de acceso a medio de comunicación social, llegando incluso a la cancelación de su personería jurídica, dependiendo de la gravedad con la que el Consejo Nacional Electoral juzgue la falta.

No obstante, debe aclararse que debido a la novedad de este régimen de responsabilidad pueden presentarse múltiples interpretaciones y no faltarán las posturas que aboguen por la inocencia de los partidos y la imposibilidad de sancionarlos.

Por lo tanto, volvemos a quedar en manos del Consejo Nacional Electoral quien, tal como sucedió hace algunos años con los vergonzosos casos de la parapolítica, deberá decidir si en esta ocasión se reivindica imponiendo sanciones ejemplarizantes o si continuará protegiendo los interés de los partidos políticos que lo postula y elige.

Edición N° 00301 – Semana del 4 al 10 de Mayo de 2012

1 Ver artículos 8, 9 10, 11, 12 y 13.

2 Ley 130 de 1994

3 Ley 1475, artículo 12.

 
 
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