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Marcha Patriótica y su posible papel en la terminación
del conflicto armado colombiano

  Alejo Vargas Velásquez
  Profesor titular Universidad Nacional,
Coordinador Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
   
 

Se produjo la reunión y la importante movilización social que formalizaron la creación del movimiento político Marcha Patriótica, como un nuevo actor social y político de relevancia en la vida colombiana.

El movimiento Marcha Patriótica agrupa no sólo esa tradición comunista y agrarista expresada en organizaciones sindicales y agrarias como: Fensuagro, sino la Asociación de Zonas de Reservas Campesinas y especialmente la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, así como muchas otras organizaciones sindicales, estudiantiles –un sector de la MANE- y políticas como el Partido Comunista y el sector de liberales liderados por Piedad Córdoba, entre otros. Se trata de un importante sector de opinión política de izquierda que tiene derecho a ser respetado y que no debe ser estigmatizado. Este proceso no puede verse simplemente como una re-edición de la Unión Patriótica –a pesar que allí están varios de los dirigentes sobrevivientes de este partido político- y menos con el genocidio que acompañó a esta experiencia política en los 80´ y que es una página dolorosa y vergonzosa de nuestra democracia.

Recordemos que históricamente la izquierda colombiana ha tenido varias vertientes, una influida por los comunistas, otra por las corrientes camilistas, bastantes dispersas pero con arraigo en sectores sociales y regionales, una tercera por corrientes socialdemócratas y otra serie de agrupaciones de izquierda marxista. En los años 80´ estas expresiones se manifestaron en la Unión Patriótica, la primera, en ‘A Luchar’ la segunda y en el Frente Popular la izquierda de influencia maoísta. Después de la desmovilización del M-19 se conformó la Alianza Democrática M-19, que tuvo gran protagonismo en la Asamblea Constituyente de 1991, pero que posteriormente entró en proceso de disolución.

A finales de los 90´ se hizo el intento, desde el movimiento sindical y social, y con liderazgos individuales, de crear el Frente Social y Político como una expresión de izquierda amplia, pero finalmente éste quedó influido por las organizaciones de izquierda tradicional. Igualmente se conformó el Polo Democrático Independiente alrededor de la candidatura de Lucho Garzón a la Presidencia primero y luego a la Alcaldía de Bogotá; posterior a la reforma política de 2003 el PDI junto con Alternativa Democrática –agrupación de las izquierdas tradicionales- conforman el PDA con un ideario de unidad de por medio. Sin embargo, el PDA, luego de un momento de auge vivió en su interior la tradición excluyente de la izquierda y dejó de ser un referente de unidad, entre otras porque nunca resolvió la tensión entre quienes pensaban una izquierda con capacidad de acercarse al centro y convertirse en opción real de Gobierno y los que querían una fuerza de oposición, así fuera simbólica. Se produce luego el retiro de Lucho Garzón, un gran dirigente político, luego de Gustavo Petro y sus amigos que van a conformar alrededor de la candidatura de Petro a la Alcaldía de Bogotá, el Movimiento Progresista.

Pero, todo indica que la izquierda colombiana está viviendo un proceso de reconfiguración después de haber intentado agruparse en el Polo Democrático Alternativo; el inadecuado manejo de las relaciones internas en este partido –donde la maquinaria que controlaba el partido, con la lógica del centralismo democrático, terminó arrinconando a sectores minoritarios, pero probablemente con mayor influencia en la opinión- ha producido desprendimientos y reorganizaciones como lo mencionamos.

Por ello es probable que en los próximos meses se reorganicen o creen otros sectores de izquierda política y social y ello debe ser visto positivamente para la democracia colombiana; quizá en las elecciones de 2014 vayamos a tener nuevas convergencias y nuevos liderazgos de izquierda.

Algunas voces han considerado contradictorio la creación de la Marcha Patriótica y la continuación del conflicto armado por parte de las FARC –en la última semana han continuado sus acciones militares en Cauca, Arauca, Caquetá, incluido el ataque a la patrulla militar con la cual se desplazaba el periodista francés Romeo Langlois, del cual hasta el momento de escribir éste artículo no hay noticias ciertas acerca de su situación-. Al respecto, es necesario precisar que una cosa es la dinámica del conflicto armado que no se modificará hasta que los actores del mismo no tomen decisiones en ese sentido y otra distinta es la dinámica política que ha llevado a la conformación del movimiento político Marcha Patrióticay no puede ligarse una dinámica con la otra, so pena de colocar en alto riesgo a los miembros de este movimiento político.

La pregunta pertinente es qué papel puede jugar la izquierda política y social organizada, especialmente el movimiento Marcha Patriótica en los procesos de cierre político del conflicto interno armado.

Quisiera aventurar algunas ideas en esa dirección, dentro de la perspectiva que hemos venidos planteando algunos de la necesidad de imaginar alternativas diferentes de cierre del conflicto interno armado. Partiendo de aceptar que existen restricciones reales en el contexto actual, algunas de las más relevantes son: un contexto jurídico internacional altamente restrictivo –normatividad de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, e interno –casi extinción del delito político en la legislación colombiana y diversas sentencias de Corte Constitucional y Corte Suprema-; en segundo lugar, una opinión nacional que en alto porcentaje es muy escéptica de posibles procesos de paz y que cada vez más cuestiona la representatividad, credibilidad y legitimidad de los grupos alzados en armas y sobretodo de darle legitimidad al uso de las armas para obtener reivindicaciones políticas.

Esto lleva a considerar que un hipotético proceso de cierre negociado del conflicto armado no puede ser ni de lejos una re-edición de los ejercicios fracasados del pasado. Por lo tanto, para crear una opinión favorable al mismo debe estar precedido de un cese de las actividades militares de las organizaciones alzadas en armas, no como señal de derrota militar sino como un gesto de construir confianza y credibilidad en la sociedad y claro en el Estado y es éste mismo quien debe estar dotado de un ‘marco jurídico’ –puede ser la reforma constitucional en trámite conocida como ‘marco jurídico para la paz’ u otra en el mismo sentido- que le permita moverse dentro de ese campo de restricciones arriba mencionado.

Ahora bien, como es muy difícil que agendas sociales se acepte que sean discutidas con las organizaciones armadas me parece que allí las organizaciones políticas de izquierda –ojalá una izquierda unificada en algún espacio de convergencia- podrían jugar un rol muy importante, junto con el resto de partidos políticos, para ser en ese escenario donde se puedan discutir esas demandas sociales legítimas de los sectores o las regiones. Sería algo parecido a dos escenarios paralelos, uno entre el Estado y las organizaciones armadas en el cual se discutirá fundamentalmente el tema de la favorabilidad jurídica y política; sus mecanismos para los miembros de estas organizaciones; el segundo, podría ser un escenario de fuerzas políticas y el estado en el cual se establecerá la agenda social asociada a factores estructurales del conflicto armado interno y en esa dirección políticas públicas como la de restitución de tierras y de víctimas y la de vivienda gratuita para los más pobres, son sin duda ‘cuotas iniciales’ muy importantes del Estado. En este segundo escenario, la izquierda social y política y muy especialmente movimientos como Marcha Patriótica serán legítimos voceros de demandas sociales de sectores sociales; regionales que históricamente han estado fuertemente impactados por el conflicto armado y sus efectos perversos.

Adicionalmente, la izquierda social y política, jugando con claridad dentro de las reglas de la democracia puede ser un protagonista central, no sólo para crear ambientes sociales favorables a la salida negociada del conflicto armado sino aún para interpelar a los actores insurgentes acerca de la necesidad de concluir el ciclo de la lucha armada y contribuir abrir el escenario de la lucha política y social dentro de la democracia. Al respecto es de mayor importancia que se abra una discusión al interior de la misma acerca de la necesidad de acabar con el uso de la violencia en la política colombiana y del papel que ella podría y debería cumplir para contribuir en esa dirección.

Al respecto y como elemento referencial, porque cada proceso de cierre de un conflicto armado es diferente, es interesante analizar el caso del País Vasco en España y el papel de la izquierda vasca, en ese sentido cito un fragmento de una entrevista publicada por Rebelión a dos dirigentes de la izquierda abertzale: “En los últimos 50 años ha estado marcado por un conflicto político pero también militar mediante una resistencia armada o un planteamiento de liberación que era la organización ETA, la cual justamente hace año y medio decide poner fin a su lucha armada, efecto que salió como consecuencia de una reflexión fundamentalmente dentro de la izquierda abertzale y de una puesta por una vía estrictamente mediante mecanismos políticos y no militares. En esos parámetros la apuesta de la IA es absoluta, los pasos que a ese nivel se han ido dando este último año y medio tiene sus reflejos en tres elementos fundamentales que han marcado lo que debería ser un diseño de la resolución del conflicto y sus consecuencias.

“Uno es el llamado Acuerdo de Gernika, que fue una hoja de ruta de la mayoría sindical, social y política de Euskal Herria para solucionar un conflicto armado con unas consecuencias duras como un gran número de presos, víctimas a todos los niveles, militarización por parte de los estados con apuesta de incrementar sus estructuras bélicas, pero evidentemente existe todavía el conflicto, sin existir un marco jurídico en el que todas las posiciones políticas puedan ser defendidas y puedan ser ejecutadas. Este acuerdo fue avalado por autoridades internacionales, como con Kofi Annan, en el segundo acuerdo de Aiete, donde se remarcó la hoja de ruta de Gernika que consideró básicamente que un primer paso ya se ha dado, el cese de la lucha armada por parte de ETA. Pero todavía no se ha hecho visible un segundo paso que implicaría a los estados español y francés poner vías de dialogo con ETA para abordar la solución de las consecuencias del conflicto, y evidentemente un diálogo entre todos los agentes sociales, partidos y sindicatos, para encontrar realizar ese acuerdo como marco incluyente en que todos encontremos un punto común donde todos los proyectos políticos puedan ser defendidos en igual de condiciones. El tercero es la iniciativa de la banda armada ETA al aceptar de manera directa los dos acuerdos, el de Gernika y el de Aiete.”1

Claro, la izquierda social y política tiene también la opción de no querer jugar ese importante rol en beneficio de la paz para los colombianos y continuar sus luchas de carácter contestatario, y de igual manera el Estado debe garantizarle las condiciones para que las adelante dentro del juego propio de una democracia.

Entonces, el Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizarle a la izquierda social y política, así como a todos los ciudadanos, todas las garantías para que puedan adelantar sus actividades políticas sin que vayan a ser afectados por sus prácticas políticas y/o sus pronunciamientos. En el mismo sentido, los medios de comunicación de masas tienen la obligación de actuar informativamente de manera responsable, sin estigmatizar a estos proyectos políticos. Por supuesto, la izquierda social y política tiene la responsabilidad de jugar claramente dentro de las reglas y el marco de la democracia.

Edición N° 00301 – Semana del 4 al 10 de Mayo de 2012

1 GARZON, Aníbal, “Lo novedoso del proceso de paz es que no es una negociación entre estado español y ETA, sino una apuesta unilateral de la Izquierda Abertzale”, publicado en Rebelión, (01-05-2012). Entrevista con Asier Altuna, responsable de relaciones con América Latina de la Izquierda Abertzale e Iker Urbina, diputado de Amaiur

 
 
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