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El estado actual de la participación en la ley de víctimas

  Jessika Gómez Rodríguez
  Socióloga y Analista en Participación – CODHES
   
 

Un recuento desde el Auto 219 de 2011, la participación de las víctimas y sus decretos reglamentarios 4801,4802, 4803, 4829 de 2011 y los problemas de participación en la población desplazada.

El Auto 219 de 2011 resuelve la adopción de un mecanismo de participación amplio y democrático para las organizaciones de población desplazada. La orden vigésimo cuarta ordena a Acción Social  (actualmente Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas) “Presentar un informe para noviembre 08 de 2011, sobre la metodología  de trabajo y coordinación interinstitucional nacional y territorial, los espacios y mecanismos de garantía a la participación de las organizaciones de la población desplazada y de las organizaciones sociales que han acompañado el proceso  de seguimiento a la sentencia  T-025 de 2004, las actividades y el cronograma acelerado bajo los cuales: avanzará por el plazo máximo de seis meses”, hoy mayo 11 de 2012 el plazo para desarrollar dichas acciones ha vencido, hagamos un recuento de los compromisos del Gobierno, el estado actual de la participación de la población desplazada a nivel nacional y de la situación actual de implementación de la ley de víctimas.

En el informe del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (noviembre 08 de 2011)  en respuesta al Auto de Seguimiento 219 de 2011 en política de participación en la adopción de un mecanismo de participación amplio y democrático para las organizaciones de población desplazada (orden 24) informa que relanzará las siguientes acciones: a) Se pondrá a funcionar una escuela de liderazgos, organización e incidencia en políticas públicas de la población desplazada (ELOI) con una estrategia de formación a otros, pero carece de un enfoque pedagógico integral de formación de líderes multiplicadores; b) divulgar los cambios que trae en atención y procedimientos la ley 1448 entre los funcionarios locales y la organizaciones de víctimas, hasta el momento reina una gran confusión entre unos y otros porque se conoce la ley 1448,  pero se desconocen las formas de aplicarla en sus regiones, ya que el funcionamiento a nivel nacional es además  confuso c) Construcción colectiva de los planes de acción de las mujeres; d) Se está realizando un proceso de fortalecimiento organizativo a través del apoyo del plan de acción de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a OPD y se les brindará asesoría para el montaje de una página Web y otras actividades; e) Se definirán responsabilidades de las entidades del sistema en metodología, procedimientos, responsabilidades y asignación presupuestal en este tema a mayo 11 de 2012, hay una confusión al respecto a pesar de que existe el CONPES 3712 del primero de diciembre de 2011.

Para el documento de Protocolo de la participación efectiva sobre la población desplazada se realizó un proceso de análisis y rediseño del mismo con la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada y la Comisión Nacional de Seguimiento, éste ejercicio fue muy interesante; hasta ahora no se conoce la versión final del Protocolo. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, también planteó su respectivo análisis y propuesta para el mismo.

El decreto 790 del 20 de abril de 2012 deroga la institucionalidad que funcionaba para la atención y la participación de la población desplazada, integrándolos a la ley 1448 que rige para el universo de las víctimas en general. Estos cambios desconocen los logros en materia de organización, discusión e interlocución de los espacios de participación específicos para la población desplazada, ahora se diluirán en medio de la generalidad que son las víctimas. Esto puede crear muchos problemas de representación y legitimidad en el nuevo sistema que se crea para las víctimas.

Las medidas de atención a las víctimas del desplazamiento forzado se encuentran igualmente regidas por lo dispuesto en Título VIII de la Ley 1448 de 2011, lo cual se complementa con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y demás normas que la reglamenten. Veamos los cambios a nivel nacional: a) El Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada-CNAIPD es remplazado por Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; b) Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia-SNAIPD traslada sus funciones al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; c) las Mesas Nacionales de Protección y Prevención, Atención Humanitaria de Emergencia y Estabilización Socioeconómica, serán asumidas por los Subcomités Técnicos creados en virtud del parágrafo 10 del Artículo 165 de la Ley 1448 de 2011 y reglamentados por los artículos 238 y subsiguientes del Decreto 4800 de 2011; d) Las funciones de a los Comités Territoriales, serán asumidas por los Comités de Justicia Transicional previstos en el Artículo 173 de la Ley 1448 de 2011. Los planes de acción deberán contener los elementos de los Planes Integrales Únicos, e) Las funciones de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada, serán asumidas por la Mesa de Participación de Víctimas a Nivel Nacional, creada en virtud del artículo 193 de la Ley 1448 de 2011. Para tal fin, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas determinará un proceso de transición que garantice la participación permanente de las víctimas.

Los cambios de institucionalidad deben ir acompañados de un proceso de transición para que los espacios no dejen de funcionar y atiendan las necesidades para las cuales fueron creados, evitando caer en un círculo vicioso de no inicio del sistema  por falta de procesos claros que definan el funcionamiento básico es el caso de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas AD HOC y de Mesa Transitoria de Participación de Víctimas para Bogotá D.C.; sendas propuestas son de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento están en discusión para organizar de manera transitoria el proceso de participación.

La ley de víctimas cuenta en Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con la dirección de gestión interinstitucional que tiene entre sus funciones: “promover los mecanismos que incentiven la participación efectiva de las víctimas a nivel nacional y territorial a través de las mesas creadas para tal fin y evaluar su efectividad” (decreto reglamentario 4802 de 2011), en los escenarios nacionales de representación  de las víctimas y a su vez con espacios locales como: mesa de participación de víctimas a nivel nacional, distrital y departamental. Las mesas de participación de víctimas son mesas temáticas cuya secretaría técnica en el nivel municipal es asumida por la Personería, en el nivel departamental por la Defensoría del Pueblo.

El Gobierno implementó una metodología de socialización de la propuesta de reglamentación ley 1448, realizó un proceso de 7 talleres regionales, con 8 temas uno de ellos participación. Estos talleres se realizaron en febrero de 2012 y donde se hicieron las víctimas mostraron su gran descontentó debido a que no se conocen los criterios con los que se escogieron a los participantes y las organizaciones, no se contó con mucha difusión del proceso, convirtiéndolo en clandestino.

El Gobierno pretende contar con un sistema de información (Reporte Unificado de Sistema de Información de Coordinación  y Seguimiento Territorial -RUSICST-) que permita certificar a las entidades territoriales en la atención al desplazamiento en el eje de participación. Este sistema pretende recoger los resultados de capacidad institucional de los municipios y gobernaciones, llevar un seguimiento de la participación de la población desplazada y del Comité Territorial de Atención a la Población Desplazada. La información reportada y los resultados generales son hallazgos en terreno del período 2010 a 2011, se dividen por trimestres.

Los escollos que enfrenta la participación de la población desplazada a nivel nacional tiene que ver con: a) las instancias y espacios específicos para participación de la población desplazada (Comité Municipal/Departamental para la Atención Integral a la PD, las Mesas Temáticas y Técnicas, la Mesa Municipal/Departamental de Fortalecimiento a OPD); b) otras instancias de participación local (Plan de Desarrollo Municipal/Departamental, Consejos Territoriales de Planeación, Juntas de Acción Comunal ); c) la coordinación institucional (entre los diferentes entes territoriales, la nación,  Acción Social, el Ministerio de Justicia e Interior); d) las nociones o definiciones de participación de los funcionarios y líderes.

La coordinación interinstitucional nacional y territorial, no es clara en las competencias en materia de participación de población desplazada en el PIU Municipal/Departamental.

Los mecanismos de garantía a la participación están en serias dificultades por el no flujo de información entre los diferentes niveles gubernamentales, las entidades del Estado, las organizaciones de población desplazada y sus bases.

Los espacios de participación como son los Comités Territoriales de Atención y la Mesas Temáticas y Técnicas, no siempre funcionan y tampoco crean propuestas de incidencia en la política pública.

El futuro de las Mesas de Participación de Víctimas a nivel nacional y de Bogotá

Los diálogos formales que se realizan entre la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en el nivel nacional con la Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas se refiere a la creación de una Mesa Nacional de participación de Víctimas Ad Hoc de manera transitoria por un periodo de 7 meses hasta diciembre de 2012, para dar inicio desde arriba hacia debajo a un espacio nacional que ayude a: a) Discutir preliminarmente la propuesta de Protocolo en la cual  se incluye el componente de representación (la estructura definitiva de las mesas y los sistemas de selección de los representantes); b)Discutir el proceso de consulta Nacional del protocolo de participación; c) Discutir el primer plan  de acción sobre participación; d) Elegir, de manera transitoria a los representantes, a los escenarios de participación establecidos en la ley de víctimas y pautar sus intervenciones.

Ahí vamos con la participación, hay que tener en cuenta que las víctimas son cerca de 6 millones de personas, es decir, cerca del 12% del total de la población colombiana.

Edición N° 00302 – Semana del 11 al 17 de Mayo de 2012
 
 
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