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La reforma a la justicia: el fin de la investigación de la parapolítica

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Insistimos de nuevo en el carácter regresivo que tiene la propuesta de reforma constitucional a la justicia. El primer gran inconveniente de esta reforma es que cambia las reglas del juego para la investigación y juzgamiento de los parlamentarios que se han aliado con organizaciones criminales. Actualmente y como lo hemos señalado a lo largo de este debate, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelanta 130 procesos contra congresistas en ejercicio y contra ex congresistas por los nexos con grupos paramilitares por el delito de concierto para delinquir. De estos 130 procesos, 112 están en etapa de investigación, 7 en etapa de instrucción y 11 en etapa de juicio. El proyecto sustrae de la Sala Penal de la Corte Suprema la investigación y calificación de los procesos y lo traslada a una Sala de Investigación y Calificación que deberá acusar ante la Sala Penal de la Corte que actuará como primera instancia de juzgamiento; una segunda sala de juzgamiento será la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Éste es un primer gran cambio que hará más difícil el juzgamiento de los parlamentarios enredados en procesos judiciales por sus alianzas con el crimen organizado o con el narcotráfico. Pero, además la detención de los parlamentarios investigados sólo podrá realizarse de manera efectiva cuando la resolución de acusación esté en firme o sea que seguirán participando de las actividades del Congreso lo que incluye el votar proyectos de ley.

Pero, además según el texto de la reforma aprobado en sexto debate en el Senado de la República señala que las denuncias o quejas deberán presentarse personalmente por el denunciante mediante escrito acompañado de las pruebas que obren en su poder. Se acaba así con las denuncias anónimas que como lo señaló recientemente el ex presidente de la Sala Penal Alfredo Gómez Quintero, fueron decisivas para avanzar en las investigaciones penales en contra de los parlamentarios implicados en la parapolítica. Pero, el cerrojo para garantizar la impunidad es aún mayor pues en el mismo proyecto se señala que cuando alguien demande para lograr la suspensión o la pérdida de investidura al establecer que ellas son “infundadas o temerarias”, los demandantes serán obligados a pagar las costas del proceso. Los parlamentarios en esta reforma están votando para blindarse de las investigaciones y esto constituye un rudo golpe revanchista del Congreso en contra de la Sala Penal que como hemos señalado ha condenado a 62 parlamentarios e investiga actualmente a 130.

Un segundo gran tema se relaciona con los privilegios que el proyecto concede a los llamados aforados. El Presidente, el Vicepresidente, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el Fiscal General de la Nación, el Procurador y el Contralor General serán objeto de un juicio de responsabilidad política ente el Congreso de la República por delitos, hechos o faltas en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, el Congreso podrá declararlo indigno y separarlo del cargo y habilitar el procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando se encuentre fundada una denuncia contra uno de los aforados o fundada una queja por una conducta que pueda constituir delito relacionado con sus funciones o la infracción la Cámara de Representantes dará traslado de ella a la Comisión de Aforados que estará integrada por nueve juristas quienes serán elegidos a razón de cinco por la Cámara de Representantes, y cuatro por el Senado para un período de cuatro años. Esta Comisión se encargará de establecer si hay merito o no para acusar ante el Senado y así lo informará a la plenaria de la Cámara. Cómo se ve es un cerrojo alrededor de unos cuantos ciudadanos privilegiados en el país.

Muchos otros aspectos se pueden analizar de este proyecto de Acto Legislativo. Por ejemplo, la desjudicialización y privatización de la justicia en contra de la cual se han pronunciado tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado y Asonal Judicial, el proyecto pretende enfrentar el gravísimo problema de congestión judicial 1.5 millones de procesos en la Fiscalía General de la Nación y 2.5 millones en los despachos de los jueces apelando a conferirle funciones judiciales a abogados particulares, a empleados administrativos y judiciales, a notarios, en lugar de fortalecer el sistema judicial dotándolo de mayores recursos y modernizándolo.

Pero, como dice el dicho popular el remedio puede resultar peor que la enfermedad y esto se aplica con mucha sabiduría y sin temor a equivocarnos a los organismos que desvertebran el llamado Consejo Superior de la Judicatura con su eliminación. El proyecto modifica de fondo el esquema de Gobierno y administración de la rama judicial. Para remplazar la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se propone la creación de tres instancias a saber: 1) Una Sala de Gobierno Judicial que tiene como objetivo la adopción de las políticas para lograr una adecuada y oportuna administración de justicia. Estará conformado por cinco integrantes, los tres presidentes de las altas cortes: Constitucional, Suprema y Consejo de Estado y dos elegidos uno por los magistrados de los Tribunales Regionales y jueces y otro por los empleados de la Rama Judicial. 2) Una Sala Ejecutiva de Administración Judicial encargados de administrar y poner en marcha las orientaciones de la Sala de Gobierno. Esta sala ejecutiva estaría a cargo de tres delegados, uno de cada una de las altas cortes que serían expertos en asuntos administrativos y 3) Se crea el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial nombrado por la Sala de Gobierno y experto en gerencia pública.

Muchas son las críticas que hemos hecho desde el momento que se formuló la propuesta pues por una parte y como lo anotó en reciente análisis el ex ministro Jorge H. Botero hay que tener en cuenta que los presidentes de las altas Cortes ejercen por períodos de un año, así entonces tres de los cinco miembros de la Sala de Gobierno tendrán que dejar sus cargos cuando apenas han comenzado a adquirir los conocimientos necesarios para realizar bien su labor, amén que tienen que presidir sus respectivas cortes y todos ellos además tienen responsabilidades como jueces, es decir, en sus despachos se llevan procesos por lo cuáles tienen que responder. El tiempo de dedicación al Gobierno de la Rama será en la práctica muy poco. Pero, además se atenta contra la independencia de la Rama cuando se da asiento en la Sala de Gobierno al Ministro de Justicia. Pero, además el llamado Director Ejecutivo de la Rama estará sujeto a Control Político por parte del Congreso de la República y se le podrá aplicar la Moción de Censura. Esto obviamente que atenta contra la independencia proclamada en la Constitución de 1991 de la Rama Judicial y del sistema de pesos y contrapesos que son los que realmente configuran un Estado Democrático de Derecho y son la materialización de la división de poderes. Pero, el Congreso se atribuye además otras funciones que no han sido bien usadas por ejemplo, al señalar que los magistrados del Consejo Nacional de Disciplina Judicial sean elegidos por el Congreso.

Como bien concluye el ex ministro Jorge H. Botero: “El país clama por una mejor justicia. Para lograrla, necesitamos administrar mejor sus recursos. La propuesta que tenemos en frente no significa avance apreciable frente a las instituciones que hay consenso en abolir”. (En la recta final. El Tiempo, 17.05.2012). Es por todo ello que seguimos calificando éste proyecto como una contrarreforma nociva para que reine una pronta y cumplida justicia en el país.

Edición N° 00303 – Semana del 18 al 24 de Mayo de 2012
 
 
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