Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

El caso de Romeo Langois, más allá de su necesaria liberación

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente Fundación Cultura Democrática
   
 

Dado que las FARC reconoció tener al periodista Romeo Langois y expresó disposición a liberarlo y que el Gobierno cesó operativos ofensivos contra el frente guerrillero que lo tiene, deben obrar con diligencia los preparativos de intermediación humanitaria y facilitación para conseguir su liberación. Pero, más allá de tal urgencia el caso de éste corresponsal francés exige discutir sobre la interpretación de lo sucedido, tanto en prevención de que se produzcan nuevos incidentes similares con personas de la población civil como ante la eventualidad de capturas por parte de la guerrilla de personal de la Fuerza Pública en desarrollo de las hostilidades. Pueden tomarse medidas preventivas y compromisos de las partes al respecto, pero también es preciso discutir con franqueza sobre tales situaciones, en aras de soluciones humanitarias y de preservar un ambiente de búsqueda de entendimiento hacia la paz.

Romeo no es propiamente un “prisionero de guerra”, pero tampoco ha sido secuestrado por las FARC; a la luz del DIH vigente es una “persona capturada por motivo del conflicto armado”, en el contexto de una guerra de carácter no internacional. En tal situación, la guerrilla está obligada a respetar su dignidad y sus derechos en conformidad con las normas establecidas al respeto y a facilitar su libertad, al haber verificado que se trata de una persona civil, un periodista independiente y no de un combatiente. El incidente está claro: Romeo hacía parte de un contingente militar oficial en zona de conflicto armado y de reconocida presencia guerrillera, se transportó en medios militares y portaba chaleco y casco militar. En consecuencia, si bien no perdió su condición de civil, tanto el Ejército como el mismo periodista fueron causantes de una situación de alto riesgo, al involucrarlo en el uso de signos de distintivo militar, propios para la distinción de los combatientes en el teatro de las acciones de guerra. Esta es una irregularidad ante el derecho humanitario que se discute desde hace varias décadas en el país, pues con frecuencia periodistas nacionales o extranjeros son invitados por las estructuras militares oficiales a utilizar medios de transporte y a acompañar contingentes, contrariando las prescripciones y prohibiciones existentes al respecto.

Los corresponsales de guerra, periodistas, comunicadores y sus medios de trabajo y de transporte, salvo que sean militares activos inscritos en alguna de las partes en confrontación, están obligados a una actuación independiente, que les exige utilizar medios civiles, con ellos vehículos, vestimenta y distintivos civiles como está estipulado por el DIH. El Protocolo I, Ley 12 de 1992, estipula en su artículo 79 medidas de protección para ellos, cuando “realizan misiones profesionales peligrosas en zonas de conflicto armado”, de forma que “serán considerados civiles”, pero para ello están obligados a “abstenerse de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil”. Aclara que los corresponsales civiles se pueden acreditar ante las fuerzas armadas, pero precisamente para gozar de su derecho de actuación independiente que no puede confundirse ni debilitarse con el uso irregular de medios de transporte, ni prendas, ni cascos ni otros emblemas de distinción militar.

Romeo no es un rehén ni es objeto de un secuestro, fue capturado por las FARC por sospecha de hacer parte del contingente militar oficial. La toma de rehenes, categoría grave y con connotación de delito internacionalmente proscrito, que se puede corresponder con el secuestro como delito común. Ambos delitos consagrados en nuestro derecho interno. La toma de rehenes se configura cuando se reúnen simultáneamente los elementos de capturar y detener ilícitamente a una persona y de obligar en forma implícita o explícita a un tercero, a hacer o abstenerse de hacer algo, como condición para liberar al rehén –o dado el caso al secuestrado-, para no atentar contra su vida o integridad1. Pero así mismo, corresponde que las FARC, solamente a condición de contar con el mínimo de garantías de seguridad requerido para el operativo y para el afectado, Romeo, que lo liberen a la mayor prontitud, incondicionalmente, sin exigir nada a cambio. En caso de hacerlo y de presionar con la prolongación de su retención, podría configurarse la negativa e indeseable situación de nuevamente tomar rehenes y secuestrados de entre personas de la población civil, transgrediendo su compromiso hecho público de no hacerlo.

Es cierto que no se trata de un “prisionero de guerra” en el sentido jurídico, de las normas existentes en el DIH vigente, pues ello como tal como muchos lo advierten sólo está regulado para el caso de las guerras de carácter internacional. Pero sí es en términos reales una “persona privada de libertad por motivos relacionados con el  conflicto armado”, como sí está considerado en el Protocolo II, que rige para conflictos armados ni internacionales como el nuestro. Al respecto, corresponde a las FARC, mientras se produce su más pronta liberación, respetar sus derechos y su dignidad, en conformidad con las catorce prescripciones claramente establecidas en su Artículo 5. En aras de la brevedad sólo haremos referencia a la última de ellas por lo significativa que para el caso resulta: “Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo decidan deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas”.

Es de anotar que el canciller del anterior gobierno francés –saliente-, Alain Jupeé se precipitó y se equivocó al denunciar el caso de Romeo como un secuestrado, como lo hicieron otras voces en Colombia. Sin embargo, pronto el embajador de Francia rectificó y en declaraciones exigió inicialmente que se esclareciera el paradero y luego a la guerrilla que le otorgara la necesaria libertad. El gobierno nacional adoptó una postura en general adecuada, al señalar que por tratarse de un periodista independiente debía ser liberado sin condiciones por parte de la guerrilla y al advertir que no podía derivar en un secuestro, so pena de incumplir el compromiso público adoptado por las FARC  de no hacerlo. El presidente Santos fue enfático en decir: “las FARC debe cumplir su promesa, el mundo entero y Colombia estamos pendientes”. Con razón el Vicepresidente Garzón cuestionó el que las fuerzas militares inviten a los periodistas en la forma en que se hizo con Romeo y llamó a que se revisara tal situación. A través del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el gobierno en actitud positiva de facilitación de la liberación aclaró que no haría operativos de rescate y cesarían las acciones ofensivas contra el Frente XV que tiene a Romeo en su poder.

Pero algunos asuntos sí resultan discutibles de la posición gubernamental. No puede decirse que se trataba de una simple acción de persecución a unos dispositivos de producción de base de coca, cuando se trataba de Fuerzas Militares en una zona de reconocida presencia guerrillera y de evidente riesgo de enfrentamiento militar, como efectivamente sucedió. Hace más de una década se discute en el país sobre la inconveniencia de militarizar e involucrar en la guerra a las acciones contra el narcotráfico y a los civiles participantes en ella, contra quienes como en el caso de los erradicadores, se han producido frecuentes víctimas fatales, heridos y mutilados. Resulta insostenible afirmar que Romeo fue invitado a un operativo contra el narcotráfico y no a un operativo militar en el contexto de la guerra. Adicionalmente, desdice de la actitud militar que en medio del combate Romeo no haya contado con protección adecuada y que según la misma versión oficial haya buscado afanosamente desprenderse de los elementos militares que portaba para distinguir su identidad civil y se haya entregado a los guerrilleros en busca de protección.

De otra parte, vale aclarar con respeto que no es exacto lo que afirmó el Vicepresidente Garzón sobre que Romeo no constituye un prisionero de guerra ni un combatiente porque no portaba armas, pues es claro para el DIH que no es solo ni necesariamente el porte de arma lo que los distingue y que existen otros medios y métodos idóneos para la guerra que los pueden involucrar dentro de la categoría de combatientes, como a la vez existen determinadas armas de fuego, no de carácter bélico por sus especificaciones, que el portarlas no implica el estatus de combatiente.

En la profusa información sobre los hechos del caso en los días de la captura y al momento en que las FARC reconoció tenerlo en su poder, se utilizó en varios de los medios de comunicación con frecuencia el falso y peregrino argumento que afirmó: “toda persona en manos de la guerrilla es un secuestrado”. Así mismo, se equivocó el diario El Tiempo en nota editorial del primero de mayo cuando dijo que –supuestamente- los expertos en DIH afirmaban que la guerrilla “no tenía ningún argumento para tenerlo en cautiverio”. Al respecto hay que aclarar que aunque rechacemos la guerra, las acciones de la guerrilla y los atropellos de los distintos actores armados contra la población civil, entre ellos las tomas de rehenes y los secuestros, para el caso lo que se había configurado era la captura de un periodista que portaba emblemas militares en medio de un combate y en condiciones donde -según la versión oficial- él mismo abordó a la guerrilla, quizás en busca de protección, en el sentido de no ser atacado, precisamente porque en tales condiciones de alto riesgo por portar prendas militares podía ser confundido con los militares que lo acompañaban.

Con justeza muchas voces reclaman que se respete la inmunidad de persona civil de Romeo y exigen su liberación pronta y sin condiciones; organismos internacionales, entidades de derechos humanos, iniciativas de paz y diversos sectores. Las FARC tuvieron la tentación de tratar de imponer condiciones, presionar un debate sobre el papel de la prensa en medio de la guerra irregular interna vivida, pero pronto reculó en su postura ante la presión existente para que proceda en conformidad con las demandas humanitarias. Asunto distinto puede interpretarse el que las mismas FARC en aras de su liberación propongan una comisión con el CICR, la ex senadora Piedad Córdoba y un representante del gobierno francés. Más allá del detalle de los miembros de la comisión, lo sustancial es contar con el dispositivo de facilitación del entendimiento y de intermediación humanitaria que en las condiciones de hostilidades vigentes se hace necesario y sobre lo cual ya existe amplia experiencia de positiva implementación hacia soluciones y acuerdos humanitarios especiales en nuestro contexto.

Pero hay que advertir que queda un asunto muy delicado a tratar en perspectiva de que no se produzcan este tipo de incidentes, ni de captura de civiles, ni ojalá capturas de miembros de la fuerza pública, para que no se perturbe el ambiente hacia el entendimiento que se perfila con propósito de explorar diálogos y negociaciones de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN. Se trata de evitar la utilización e involucramiento de personas civiles en el contexto de la guerra como medida de prevención para que no haya lugar a este tipo de incidentes negativos de captura de personas civiles por sospecha de pertenencia a la parte militar contraria. Así mismo, hay que poner de presente que las FARC se comprometieron a no realizar tomas de rehenes o secuestros de civiles, pero no ha prometido no retener personal de la fuerza pública en los combates, hecho de otra naturaleza. En todas las guerras internas e internacionales existen situaciones de capturas de combatientes en desarrollo de las hostilidades y de rendidos como figura lícita en las guerras. Por tanto, para evitar que ello suceda y que sea mal entendido como un secuestro, debería explorarse la posibilidad de un acuerdo inicial de compromisos humanitarios y de mecanismos de tratamiento de ésta y otras situaciones, lo cual podría ser un abonado importante en la misma ambientación del entendimiento hacia la paz.

Edición N° 00303 – Semana del 18 al 24 de Mayo de 2012

1 “La actitud del CICR en el caso de la toma de rehenes”, Revista Internacional de la Cruz Roja, No. 162, 2002.

 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus