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La parapolítica y el capítulo del Pacto de Chivolo:
aprendizajes y balances

  Luis Eduardo Celis
  Coordinador de incidencia política – Corporación Arco Iris
   
 

Un Fiscal antiterrorismo ha decidido la detención de sesenta personas involucradas en el “Pacto de Chivolo”, como se conoce la reunión realizada en septiembre de 2000, del municipio del Magdalena, que por orientación del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”, se reunieron setecientas personas de la clase política regional para decidir el apoyo a la Gobernación; en esta asamblea política compitieron José Domingo Dávila Armenta y José Alfredo Ordóñez, resultando ganador el primero, quien sería elegido como gobernador en las elecciones de octubre de ese año y quien en este momento se encuentra en prisión.

Igualmente en la reunión de Chivolo se decidió quienes aspirarían a ser alcaldes, diputados, concejales y contarían con el apoyo de los paramilitares, quienes habían desarrollado una acción de violencia, contra movimientos sociales, líderes políticos que denunciaban su barbarie, habían desplazado población campesina para apropiarse de sus tierras y tenían un estricto control de buena parte del Magdalena; que luego harían efectivo para presionar a la población a votar por los candidatos con quienes habían establecido pactos.

Fue voz populi en todo el departamento la realización de este pacto de connivencia y reparto del poder político, que combinaba una tradición política clientelar con la articulación con el paramilitarismo, que a punta de violencia había consolidado una presencia y un control territorial y social. Para las elecciones de octubre de 2000, José Domingo Dávila Armenta compite con Trino Luna quien luego será gobernador, elegido en octubre de 2003 y quien en esta ocasión contaría con el apoyo del Bloque Norte de los paramilitares ya en proceso de intentar una legalización, durante la administración del presidente Álvaro Uribe.

El Pacto de Chivolo, igualmente se tradujo en apoyos para las parlamentarias de marzo de 2002, lo cual ha llevado a procesos judiciales en los cuales la justicia ya procesó y condenó a los ex senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los ex representantes a la Cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres.

Por supuesto, que toda esta red de política articulada por el paramilitarismo apoyó la candidatura presidencial del candidato Álvaro Uribe Vélez para las elecciones de mayo de 2002, como recientemente lo recordó el otro jefe paramilitar Salvatore Mancuso, lo cual ha recibido una respuesta de acción judicial por parte del ex presidente a lo que habría que mencionar que son varios los jefes paramilitares que han declarado en el sentido que apoyaron las aspiraciones políticas de Uribe Vélez, tanto a la Gobernación de Antioquia en 1994 como las presidenciales de 2002 y 2006.

El Pacto de Chivolo fue conocido a nivel nacional, luego de la detención de “Edgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio', desmovilizado jefe del Frente José Pablo Díaz, a quien se le encontró un computador con información sobre relaciones y vínculos del Bloque Norte de los paramilitares con la política, la economía y múltiples dinámicas que poco a poco el país ha venido conociendo, desde este año, 2005, se hizo público lo que todo el Magdalena sabía: la articulación entre políticos y paras, para hacerse de manera concertada al poder local y regional y apoyar las apuestas nacionales.

Durante varios años nada ocurrió con el Pacto de Chivolo siendo Gina Parody, senadora de la República y en trance de diferenciación y distanciamiento político con su gran mentor Álvaro Uribe Vélez, quien en 2008, denuncia en el Congreso de la Republica que por estos hechos no había investigación criminal ni acción de la justicia, lo cual colocó el tema en debate público y llevó a una acción de la Fiscalía y el aparato judicial.

Con los recientes hechos anunciados por el fiscal General Eduardo Montealegre, hace un par de semanas, continúa el proceso de esclarecimiento, investigación y sanciones a quienes se aliaron y trabajaron de manera coordinada para controlar territorios y ejercer un poder político en cuya base estaba una orgia de sangre; que el país no termina de conocer y sancionar de lo que fue la década más violenta, la del 1995-2005, donde están las cifras más altas de victimización y los hechos más atroces de este conflicto, aún sin cerrar.

El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se acogió a sentencia anticipada y cooperó con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad sin cumplir la totalidad de la pena impuesta.

Edición N° 00303 – Semana del 18 al 24 de Mayo de 2012
 
 
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