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Los alegatos impresentables y fallidos en el caso Rojas Birry

  Francisco Taborda Ocampo
  Abogado y consultor en Derechos Humanos
   
 

Lo sucedido con Francisco Rojas Birry, deja lecciones. Antes de valorar algunos hechos que rodearon el caso es conveniente destacar lo paradójico que resultaba ver a los jóvenes Embera Katíos de la guardia indígena que custodió la casa de Rojas Birry, en un gesto de solidaridad con alguien que no protegió con toda determinación a los indígenas Embera desplazados en Bogotá. Es decir, mayor determinación tuvieron esos jóvenes con sus bastones de mando (aunque sea discutible el sustrato de su actitud) que la que tuvo Rojas Birry para no defenderlos adecuadamente como miembros de un pueblo vulnerado en sus lugares de origen y revictimizado en Bogotá, ya en situación de desplazamiento.

Ocho años llevan varias familias Embera katío y Chamí en Bogotá y más de la mitad de ese período estuvo Rojas como personero, sin lograr que el Distrito por lo menos les diera un sitio digno para vivir y para evitar que muchos niños y niñas Embera tuvieran que soportar las terribles circunstancias de vivir en zonas de consumo de drogas, de microtráfico de armas y en general de gran vulnerabilidad y exclusión social.

A pesar de ello, Rojas Birry pretendió aferrarse a una condición en la que no actuó cuando cometió los delitos por los que fue condenado. Durante los más de tres años que Rojas Birry logró dilatar el proceso (que se sepa) nunca alegó con tanto ahínco su condición de indígena como lo hizo tras la condena que le impuso la justicia ordinaria, quizá porque era consciente que los delitos por los que se lo investigó y condenó, no tenían nada que ver con su fuero, ni se cometieron en territorio indígena, ni sus víctimas fueron indígenas, ni actuó por un entendimiento diverso basado en su cosmovisión y ancestralidad, requisitos (no necesariamente simultáneos) impuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucionalidad para que un indígena pueda ser juzgado en el marco de su jurisdicción especial.

También se le hizo tarde para argumentar un conflicto de competencias, pues dicho conflicto se debió haber trabado como máximo en la etapa de acusación en el proceso penal. Esperar los resultados del juicio que terminó condenándolo, hace pensar que el argumento utilizado por Rojas Birry para buscar la jurisdicción especial indígena era uno de “último recurso”, desesperado y falto de asidero, además de una afrenta al someter a un proceso de desgaste como ese a quienes lo respaldaron.
En tercer lugar, Rojas Birry, como funcionario público que era respondía en esa doble dimensión: como ciudadano y como funcionario, tal como lo establece la Constitución, por lo cual no gozaba de la especial protección que confiere el fuero indígena, tal como lo han reconocido recientemente exmagistrados de la Corte Constitucional que redactaron las primeras sentencias sobre jurisdicción especial indígena.

Lo fallido del intento es elocuente y arroja diversas lecciones: una de ellas que es urgente la ley de coordinación interjurisdiccional que algunos autores han denunciado como un déficit de protección auspiciado por un Congreso negligente en redactar y aprobar dicha norma.

Segunda, que alegar su condición de indígena no sólo apareció ante la opinión pública como un argumento oportunista sino como una interpretación abusiva del fuero indígena, que no fue creado para prohijar este tipo de actos.

El final del episodio ha arrojado también lecciones para quienes apoyaron los argumentos de Rojas Birry. La judicatura no lo dudó ni un par de días para dirimir el tardío y aparente conflicto y un exmagistrado del tribunal constitucional, reconocido como directo aliado de la causa indígena, no vaciló ni un segundo en declarar públicamente su discrepancia con la apelación al fuero.

La única circunstancia en que valía la aplicación de la jurisdicción especial indígena a Rojas Birry, era para que su pueblo lo hubiera juzgado por la falta de determinación y de contundencia a la hora de proteger a los Embera desplazados en Bogotá, por haber visto impasible las afectaciones culturales y físicas a los miembros de sus pueblo y por haber omitido injustificadamente su deber de hacer cumplir en Bogotá  la sentencia T-025 y a sus autos de seguimiento, decisiones a través de las cuales se ha evidenciado la grave situación por la que atraviesan los indígenas desplazados en esta capital, tardía y precariamente solucionada (aunque sea provisionalmente) desde la última etapa del Gobierno Distrital anterior.

Edición N° 00303 – Semana del 18 al 24 de Mayo de 2012
 
 
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