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Los derechos de las víctimas en el Plan Distrital de Desarrollo

  Bárbara González Medina
  Asesora jurídico política, Corporación Viva la  Ciudadanía
   
 

El pasado viernes 18 de junio se llevó a cabo una reunión entre varias organizaciones de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado y el Concejo Distrital, en la coyuntura de discusión del Plan Distrital de Desarrollo, contando con la participación del miembros del Gobierno Nacional y Distrital y del Parlamento Andino.

Entre los asistentes, por la sociedad civil participaron: Codhes, Corporación Viva la Ciudadanía, Afrodes, CGT, Minga, Corporación Nuevo Arco Iris, Fundescol, Asmulider,  Asomujer y Trabajo,  Casa de  la Mujer, Andas y el Movice; representantes del Gobierno Nacional por parte de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas como lo fue el Dr. Harol Cárdenas y la encargada del área de participación Luz Dary Carmona, entre otros miembros; por el Gobierno Distrital, la alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito Ana Teresa Bernal; del Parlamento Andino Gloria Flórez. Por parte del Concejo Distrital asistieron las concejales Diana Rodríguez y María Victoria Vargas y representantes de los concejales William Moreno, Orlando Santiesteban, Miguel Uribe, Roberto Hinestroza, Venus Albeiro Silva, Horacio José Serpa y Juan Carlos Flórez.

El texto resumen presentado en dicha reunión señala de manera sucinta las propuestas de varias organizaciones de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales y de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado en relación  a los derechos de las víctimas.

Se elaboraron propuestas en relación al derecho a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado, homicidio, violencia sexual, desaparición forzada, reclutamiento forzado, secuestro, entre otros, derechos como la restitución, la reubicación, el retorno, la ayuda humanitaria y las garantías de no repetición, en condiciones de goce efectivo de derechos, reconociendo el principio universal a la dignidad humana.

A la par, en el derecho fundamental a la vivienda se reconoce que el gran porcentaje de las víctimas (el 90%) no tiene ingresos, ni cuenta con estabilidad socioeconómica, conllevando esa situación  a la imposibilidad de constituirse como sujetos de crédito para el acceso a la vivienda ni a poder pagar dicha obligación, por lo que el presupuesto para financiar la vivienda a víctimas del desplazamiento forzado debe ser totalmente público. Se propone la construcción de 40 MIL VIVIENDAS para las víctimas del desplazamiento forzado en Bogotá.

En empleo se reconoce que la reivindicación de los derechos de las víctimas está estrechamente ligada al derecho al trabajo, a un salario digno y a la estabilidad laboral. De tal suerte, se propone eliminar las diversas formas de contratación indirecta para las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, así mismo se propone  promover la estabilidad laboral para las mismas. Otra medida que debería adoptarse es la de implementar una jornada laboral de 40 horas semanales, suprimiendo las horas extra, que sin disminuir los salarios, permita la generación de más puestos empleo. De la misma manera se propone el desarrollo de programas de crédito preferencial y diferencial para pequeñas y medianas empresas de las víctimas con bajos intereses y estímulos tributarios. Otra propuesta es la asistencia técnica y capacitación laboral y de readaptación laboral. Igualmente se sugiere la promoción de programas especiales de empleo para mujeres cabeza de hogar y jóvenes víctimas.  Así mismo debería se crearse un Fondo distrital para la generación de empleo, con aportes de la empresa privada. Finalmente, otra propuesta para las víctimas es la protección a los pequeños y medianos propietarios en relación a la competencia que genera los TLC.

En educación se exige que sea de calidad, incluyente y gratuita para las distintas víctimas con acceso no sólo a la educación básica, sino también a la tecnológica y superior. Para ello se propone en relación a la educación superior, hacer CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS (Universidad Nacional, Pedagógica y Colegio Mayor de Cundinamarca) para el acceso fácil a cupos universitarios; adicionalmente constituir ALÍANZAS CON UNIVERSIDADES PRIVADAS para ampliar las posibilidades de educación superior mediante el otorgamiento de becas. Igualmente, se propone constituir CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

En memoria la propuesta busca emerger la comprensión de la memoria con la ética y la justicia articulando procesos de construcción de memoria colectiva e histórica con los procesos de reparación integral, entiendo por esto último como la búsqueda de la democratización de la sociedad y sus instituciones; la adopción de medidas preventivas que no permitan la repetición de hechos de muerte y destrucción, medidas de cohesión social y movilización social por la memoria. Planteándose la memoria específicamente en Bogotá como apropiación del territorio y la generación de procesos tendientes a contradecir la estigmatización hacia las víctimas, a partir de la concepción de la memoria como dispositivo cultural y como una pedagogía del deseo y el afecto, del encuentro, en contra de la segregación y exclusión, paradigma que puede llevarse a cabo a través de las GALERIAS DE LA MEMORIA y UN LABORATORIO DE LA MEMORIA.

En relación al derecho fundamental a la participación, la Comisión de Seguimiento a la Política sobre Desplazamiento Forzado ha elaborado una propuesta de mecanismos transitorios para la participación de las víctimas en los escenarios institucionales dispuestos en la ley 1448 de 2011. Para la ciudad de Bogotá se propone la creación de una MESA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS AD HOC de una duración transitoria de siete meses, cuyos objetivos a desarrollar son: debatir la propuesta de protocolo de participación; debatir el proceso de consulta del protocolo de participación; deliberar el primer plan de acción sobre participación; elegir temporalmente los representantes en los escenarios de participación, tomando en consideración criterios tales como formas de victimización, proporcionalidad ponderada, funcionalidad, y estipulando que las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas participarán con voz pero sin voto.

Otra propuesta adicional fue presentada por Afrodes en el tema de los derechos de las víctimas afrodescendientes y negras.

Ante el interrogante del compromiso político de los y las concejales con las víctimas residentes en Bogotá, la concejal Vargas señaló su compromiso y recordó el apoyo que a las víctimas ha dado su partido, el Liberal, sin embargo, preguntó cuál sería el aporte presupuestal que el Gobierno Nacional debe ofrecer para la implementación de la ley de víctimas en el Distrito. Por su parte, la concejala Rodríguez manifestó el compromiso de generar una coordinación entre las distintas corporaciones de elección popular, creándose en ellas una bancada a favor de las víctimas, también afirmó que su trabajo se enfoca en la reparación simbólica, la reparación integral individual y colectiva.

Así mismo los representantes de concejales participaron señalando su compromiso, sin embargo, para infortunio de las víctimas y sus denuncias sobre lo que está pasando en muchas regiones del país en donde se presenta que desmovilizados están realizando todo el proceso para su inclusión y reconocimiento como víctimas, la representante del concejal William Moreno, manifestó que debería incluirse en las políticas públicas de atención y reparación como víctimas a los desmovilizados.

Sin duda el resultado de todo este proceso es la visibilización de un interés por democratizar el proceso de toma de decisiones y hacer participativo la implementación de la ley de víctimas, una relación en la que se presentan propuestas y se exige respuestas y compromisos, una relación lejana al clientelismo negativo que ha sido la forma tradicional como la clase política se ha relacionado con la ciudadanía. También es valioso desde el punto de vista de la movilización de las víctimas en la respuesta institucional para la materialización de sus derechos, una respuesta que desde el Concejo Distrital ha sido, en términos generales, de reducir el presupuesto que el proyecto presentado por el Gobierno de Gustavo Petro al Concejo ha indicado; por parte del Gobierno Nacional y Distrital, una respuesta lenta ante las expectativas que ha generado la ley 1448,  las necesidades  y demandas de las víctimas.

Edición N° 00303 – Semana del 18 al 24 de Mayo de 2012
 
 
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