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Se calienta el ambiente de la paz

  Alejo Vargas Velásquez
  Profesor titular Universidad Nacional,
Coordinador Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
   
 

Las posibilidades de un ambiente que favorezca unas conversaciones para un cierre negociado del conflicto interno armado se están enrareciendo y por el momento éstas no parecieran estar dentro de las posibilidades del corto plazo. En ello han incidido varios factores que pretendemos analizar.

En primer lugar, la ofensiva militar en que parecen estar las FARC y también el ELN en diversas regiones del país, que ha tenido los hechos de mayor relevancia en la frontera con Venezuela –especialmente la emboscada en La Guajira con un saldo de 12 militares muertos-, que envía un  claro mensaje a la sociedad de que se trata de unas guerrillas que están interesadas en todo menos en conversaciones de paz, por cuanto su lógica pareciera ser escalar el conflicto armado y no precisamente contribuir a un ambiente favorable a iniciativas de paz.

Ahora bien, no hay duda que la frontera entre Colombia y Venezuela es una ‘frontera caliente’ con la presencia de diversos actores armados ilegales y allí se encuentran varios frentes de las FARC y del ELN y un reducto del EPL, igualmente BACRIM y otros grupos dedicados de manera exclusiva al narcotráfico y a otros tráficos ilegales, especialmente el de la gasolina de contrabando. Todo lo anterior crea un clima de tensión en la misma muy alto. Si a esto le sumamos las acusaciones que sectores políticos nacionales e internacionales –especialmente Estados Unidos- han hecho en el pasado y en el presente, de algún tipo de tolerancia, por lo menos, del gobierno del presidente Chávez con la guerrilla colombiana y que por lo tanto ésta tiene en la frontera un burladero a la acción de la Fuerza Pública colombiana. Nada distinto, recordemos, a lo que en el pasado se afirmó en relación con la frontera sur con Ecuador. Al respecto, es necesario recordar a los olvidadizos que en los conflictos internos armados hay una alta propensión de los grupos armados irregulares a situarse en estas zonas fronterizas y aprovecharse del carácter poroso que casi siempre tienen las mismas y utilizarlas como zonas de refugio transitorio y de abastecimiento.

En este caso, hubo una demanda expresa del presidente Santos a su homólogo venezolano y una respuesta casi inmediata del presidente Chávez de destacar unos contingentes numerosos de tropas hacia la frontera y establecer un tipo de cooperación operativa con los comandantes colombianos del área; se anunció últimamente que habían producido cerca de diez capturas por las fuerzas venezolanas de ciudadanos colombianos aparentemente involucrados en los hechos mencionados. Sin embargo, hay que señalar que se requieren muchos más resultados y de mayor contundencia, para que en sectores de la opinión colombiana haya un cambio de percepción en relación con la real voluntad de cooperación del gobierno venezolano en la lucha contra la guerrilla. Esperemos el desarrollo de los acontecimientos en este frente.

Lo anterior, sumado al atentado contra el ex ministro Fernando Londoño –hecho que debemos condenar como todo hecho terrorista-, generó un ambiente en la opinión de retorno a épocas pasadas de presencia de atentados y que genera ambientes de incertidumbre –por la posibilidad de que se repitan contra otros ‘blancos’- y adicionalmente por la no precisión todavía de la autoría de los mismos. En relación con la modalidad del hecho, aparentemente es la primera vez que se utiliza en Colombia las llamadas ‘bomba lapa’,  que tienen diferentes sistemas para ser adherida a los objetivos del atentado. Éste tipo de explosivo ha sido utilizado por organizaciones rebeldes como ETA e IRA, pero también ha sido usado por servicios de inteligencia como el israelí y el británico –no olvidemos que los grupos paramilitares recibieron entrenamiento de parte de instructores israelíes e ingleses-. Esto plantea un desafío a los organismos de seguridad sobre el uso de nuevos métodos terroristas por parte de los actores armados ilegales en escenarios urbanos.

Pero, hay que recordar que el ex ministro Londoño había recibido amenazas por parte de las FARC en varias ocasiones. En la información producto del bombardeo al campamento del Mono Jojoy se hablaba de un plan de esta guerrilla de atentar contra el ex ministro; esto hace que las FARC sean consideradas como un posible autor del hecho. Pero, no debe descartarse la posibilidad que el atentado haya sido una acción con el objetivo de desestabilizar al Gobierno Santos y crear como todo hecho de esta naturaleza, zozobra y temor en la sociedad. Lo que llevaría a pensar que fueran otros los autores, quizá la llamada por el presidente Santos ‘la mano negra’ de la extrema derecha.

En ese ambiente, continua en el Congreso el trámite del llamado Marco Jurídico para la Paz, que no es otra cosa que una reforma constitucional –introducir un artículo transitorio- que da facultades al Gobierno para tomar decisiones en el campo de las decisiones jurídicas para cerrar el conflicto armado, pero que requiere posteriormente su desarrollo a través de una Ley Estatutaria –que requeriría, una vez aprobada, un control previo de constitucionalidad-. Más allá se trata del inicio para dotar al Estado de herramientas jurídicas para abocar futuros procesos de paz y que la experiencia muestra que son indispensables –recordemos el drama que se ha vivido con la Ley de Justicia y Paz-, esto ha generado una polémica desde distintos flancos, desde el uribismo –que se ha convertido en el opositor cerrero, desde la derecha, al Gobierno Santos- que ve allí la posibilidad de oponerse a eventuales procesos de paz con la guerrilla y de esta manera mantener la tesis, que ha mostrado ser inviable, de la victoria militar sobre las guerrillas, pero también desde organizaciones defensoras de Derechos Humanos que plantean, desde una perspectiva maximalista a mi juicio, la tesis de garantizar el máximo de justicia con lo cual también terminan oponiéndose a un hipotético proceso de paz y ahí hay que recordar que un proceso de paz conlleva necesariamente un alto componente de impunidad, es decir sacrificio del valor de la justicia a cambio de obtención del valor de la paz y de la verdad –tensión ésta sin duda compleja en cualquier caso.

Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona señala al respecto en reciente entrevista para la Revista Semana:”Como analista de los procesos de paz tengo la obligación de decir que en la totalidad de los procesos en el mundo en los últimos 30 años, ha habido una amnistía para los actores armados. Las personas que han dejado las armas no han pagado cárcel. Esto es así… Es muy importante que se defina la cantidad de verdad que se quiere saber. Y entiendo que para ello se tiene que establecer una comisión de la verdad que establezca todo lo que pasó y la responsabilidad de todos los actores. Pero al mismo tiempo la justicia tiene que ser magnánima, muy generosa para que haya una absoluta reconciliación.”

Podemos concluir que efectivamente el ambiente para posibles acercamientos de paz parece no ser el mejor por el momento y quizá sería recomendable que si efectivamente hay acercamientos en curso, como se ha venido especulando, lo deseable sería que estos se reflejaran en medidas de distensión en el corto plazo, pero probablemente lo más realista es señalar que las posibilidades existentes de acercamientos para un cierre definitivo de la confrontación armada va a ser algo del mediano plazo –quizá al final del Gobierno Santos o en un eventual segundo gobierno- y en esa medida creo que también podría ser útil que el presidente, que ya dejó en claro su interés en el tema de la paz, no lo convirtiera en un estribillo repetitivo que sólo le da munición a los adversarios de la paz negociada y que en términos reales no significan ningún valor agregado para los futuros acercamientos de paz.

Edición N° 00304 – Semana del 25 al 31 de Mayo de 2012
 
 
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