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La Reforma a la Justicia fuera de fortalecer
la rama judicial atenta contra su autonomía

  Gabriel Bustamante
  Asesor jurídico político – Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

La Reforma a la Justicia, que convocó a audiencia pública, fuera de no contribuir a arreglar los graves problemas por los que está pasando nuestro sistema judicial, termina por ahondarlos especialmente por los privilegios que trae a favor de la clase política y específicamente de los congresistas que tienen que votarla, muchos de ellos, como se ha dicho ya, investigados por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que es una de las más afectadas en esta enmienda.

Pero, también por el desequilibrio de poderes que genera a favor del Ejecutivo y en desmedro de la rama judicial del poder público, desmedro que atenta contra la autonomía de la rama y que se resume en los siguientes puntos:

1. La pretensión incluida en el artículo 2 de la reforma, de atribuir funciones judiciales a abogados en ejercicio, en calidad de “jueces adjuntos”, a centros de arbitraje, conciliación y a notarios para descongestionar despachos judiciales.

Esto coloca en manos privadas la rama judicial, más cuando es costumbre en el país que todo lo transitorio se convierte en permanente, por lo que estaríamos ante una restructuración neoliberal de la justicia, que llevaría a la privatización de este derecho fundamental, tal y como ocurrió con el derecho a la salud, con las consecuencias de exclusión y desmedro del servicio que todos conocemos.

Aquí hay un retroceso de la institucionalidad de la rama judicial, un mal mensaje para los y las colombianas que esperan superar décadas de impunidad e injusticia, y que, por el contrario, se encontrarán con un sistema debilitado, con un mal remedio que termina ocultando el verdadero problema estructural de acceso a la justicia, con un remedo jurisdiccional administrado por particulares, sin ningún asomo de servicio público, ni compromiso con la rama, la cual queda desnaturalizada con esta propuesta.

Con esto, principios fundamentales como la igualdad ante la ley y el debido proceso, así como el Estado de derecho mismo, quedan en manos de los intereses de lucro de abogados litigantes y notarios, cuyos costos tendrá que asumir el ciudadano a través del arancel judicial, que acaba con otro principio fundamental de la justicia: la gratuidad, y cuyos principales afectados obviamente serán los sectores más pobres del país. Lo cual es altamente perjudicial para nuestra sociedad, ya que, por sólo mencionar uno de los peligros que esto acarrea, es bueno recordarles a los honorables congresistas que lo que se ha encontrado hasta el momento detrás del despojo violento de más de 6 millones de hectáreas en los últimos años, es que esta usurpación no se hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo que muchos abogados prestantes dieron a empresarios, narcos y paramilitares; y tampoco sin el abuso que muchos notarios hicieron a la hora de certificar escrituras fraudulentas para favorecer a los despojadores.

2. Lo anterior va de la mano con lo dispuesto en el artículo 12, donde se estipula  una precaria asignación presupuestal para la justicia, que no permiten subsanar los atrasos tecnológicos, técnicos y la cobertura institucional que el país requiere. Una justicia al día requiere recursos que no se garantizan en la reforma, mejor dicho la verdadera preocupación del gobierno por la justicia es directamente proporcional a lo que está dispuesto a invertir en ella.

Cómo hablar de autonomía de la rama judicial en Colombia señores congresistas, cuando ésta tiene que arrodillarse año tras año ante el gobierno para pedirle los recursos que le permitan medio funcionar, y para completar el cuadro de desmedro por la integridad del poder judicial, esta iniciativa le entrega al gobierno la facultad de intervenir en el órgano encargado de administrar los recursos de la Rama Judicial, y por esta vía, puede el ejecutivo hasta definir el número de juzgados y tribunales que podrán funcionar. ¿Será que podemos seguir hablando de separación de poderes después de está reforma?

3. Acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y crear el sistema de administración y disciplina judicial, con presencia del Ejecutivo a través del Ministro de Justicia y del derecho (artículo 20). Esto le quita autonomía a la rama judicial y viola el artículo 113 de la Constitución sobre la separación de poderes públicos. Los problemas de corrupción del CSJ son consecuencia directa de prácticas originadas en la intervención del ejecutivo y el legislativo en la composición de dicha alta Corte (exacerbadas en las épocas de reelección uribista).

Nada más aberrante que la forma como se ha nombrado a los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Ternas a dedo conformadas por el presidente de la República y un Congreso que los elige dependiendo de su filiación, política. Por eso resulta absurdo acabar con el órgano que vela por la independencia judicial para crear un sistema con mayor margen de control por parte de la administración y del Congreso. Además, si de corrupción se trata por qué a nadie se le ha ocurrido proponer acabar el Congreso por el escándalo de la parapolítica?

4. La reconfiguración del cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, el cual tiene muchos vacíos institucionales y una sobrecarga de funciones. Además, dicho funcionario estaría bajo el control político del Congreso y puede ser citado a debates y aplicársele la moción de censura, vulnerando de manera flagrante la separación de poderes y la autonomía administrativa de la Rama Judicial (artículo 21).

Por estas razones y en apoyo a los argumentos aquí presentados por los miembros de la Coalición Ciudadana por la Justicia, la Corporación Viva la Ciudadanía quiere manifestar que pese a las fallas que todos conocemos de la administración judicial, la labor de la rama ha sido loable en las peores épocas de crisis institucional del país, como seguirá siendo la labor de la sala penal de la CSJ frente a fenómenos como la parapolítica, de no aprobarse este proyecto; y en la defensa de los intereses de los más vulnerables y excluidos, como ha sido la tradición garantista de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en favor de los desplazados o la población LGBT.

Por esto rechazamos la aprobación de la actual reforma, sugerimos especialmente a este Congreso no votarla e invitamos a la ciudadanía a manifestarnos pacífica, pero masivamente, para que la rama judicial no se convierta en un apéndice del ejecutivo y se elaboré una verdadera reforma a la justicia que este a la altura de las expectativas de un país ávido de vencer la impunidad y la exclusión histórica de la gran mayoría de colombianos y colombianas del sistema judicial.

Edición N° 00304 – Semana del 25 al 31 de Mayo de 2012
 
 
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