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¡Es indispensable otro sistema de salud!

  Carlos Lerma
  Asesor área económico social, Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Se está convirtiendo en parte del formato de las noticias, la crítica situación del sistema salud y no es para menos, día a día se comete un atropello, se niega un servicio, se dilata la prestación de otros, se recobra un medicamento o un servicio que no se suministró o no se prestó, se conoce de un nuevo hecho de corrupción, etc. Pasamos de un estado de cosas inconstitucional a un estado de cosas criminales en el sistema de salud, es decir no sólo se trata de que no se garantiza el derecho a la salud sino que existen una serie de acciones criminales cuyo fin es apropiarse de los recursos de la salud. La Contralora ha advertido de carteles en la salud, la Superintendencia ha informado de prácticas ilegales de las EPS, la Procuraduría se muestra preocupada, la Corte Constitucional habla del colapso de la salud y el detrimento de los derechos fundamentales, la sociedad civil evidencia a través de estudios e informes la crisis del sistema y muestra como es necesario un cambio del modelo, pero parece que aquí no pasa nada.

Y aquí no pasa nada porque el Gobierno no está convencido que lo que debe cambiar es el modelo, para él solo se trata de ajustar, de reglamentar, de conseguir más plata, considera que es un logro que el sector privado hubiera entrado al sistema de salud con la ley 100. No quiere aceptar que esa puerta que abrió esperando acabar con la corrupción y la ineficiencia sólo produjo una mayor rapiña sobre los recursos públicos, ya no son sólo los políticos corruptos que se apropian de recursos y manejan los hilos del sistema, ahora son los privados y los políticos, en cuantías mucho más escandalosas, por lo que se puede concluir que el remedio de la ley 100 agravó la situación del sistema de salud.

El cambio de rumbo del sistema de salud se viene pidiendo en distintos escenarios: el 10 de mayo se realizó la segunda audiencia pública convocada por la Corte Constitucional sobre la salud, después de escuchar a los diferentes intervinientes, la Corte concluye que: “El alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la debilidad manifiesta en el control estatal, el inadecuado manejo administrativo por ineficiencia, son algunas de las causas generales que afectan los recursos de la salud.” (enumera otros)1 y señala también que los particulares deben entender que la función que cumplen en el sistema no puede entenderse como un negocio, exhorta a los entes del Estado para que su objetivo sea el goce efectivo del derecho y le pide reflexionar “seriamente” si es necesario que las entidades privadas intermedien el sistema.

En una reciente carta enviada al Presidente de la República por parte de la Academia Nacional de Medicina, La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, La Federación Médica Colombiana, El Colegio Médico Colombiano y Asmedas Nacional, le solicitan liderar una revisión de fondo de la estructura del sistema de salud y afirman se “Hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y cambio de procedimientos tendientes a salvaguardar el derecho a la salud”

En el debate de control político sobre la crisis de la salud, adelantado por el Senado de la República, se escucharon voces como las del senador Jorge Robledo denunciando los problemas estructurales y de corrupción del sistema de salud y manifestando que quienes toman las decisiones del Ministerio de Salud son las EPS (el Cartel). Aunque con menos radicalidad se evidenció que varios senadores comparten la lectura de crisis del sistema y de la necesidad de un cambio estructural. Robledo afirmó que altos funcionarios del Estado con serios intereses particulares en el sistema y mencionó a: Mauricio Santamaria, exministro de Salud, Conrado Gómez, superintendente de salud, Sergio Díaz-Granados, ministro de Industria y Comercio, Germán Vargas Lleras, ministro de vivienda, Eduardo Montealegre, fiscal general y la actual ministra de salud Beatriz Londoño.

La contralora Sandra Morelli, quien fue convocada tanto por la Corte Constitucional como por el Senado y la Cámara de Representantes se ha convertido en un referente ineludible debido a sus declaraciones sobre el desvío y mal uso de los recursos del sistema, ha evidenciado en las investigaciones que lleva a cabo y declarado que más del 50% de los recursos girados se han desviado para el lucro privado y aunque no toma partido por uno u otro régimen, si es clara en afirmar que el sistema no puede continuar como está ahora y que uno de los grandes problemas es que el asegurador del sistema terminó siendo el Estado mientras que los aseguradores privados terminaron siendo intermediarios financieros.

A estas declaraciones se le deben sumar otras voces de organizaciones sociales, de las academias  y de ciudadanos que piden otro modelo de salud, soportado en el goce efectivo del derecho, que el Gobierno no ha querido escuchar. Se viene argumentando desde la orilla opuesta –la del Gobierno y quienes defienden el sistema privado- que el problema es sólo de unos corruptos que se resuelve con un mayor control o con la implementación de una mayor reglamentación, con eliminar las zonas grises, incluso algunos plantean que se trata de mejorar a partir de lo que tenemos y muestran las bondades de los privados, algunos señalan las mil caras de la crisis intentando sustentar que es difícil diagnosticarla y por lo tanto cualquier cosa que haga el Gobierno es un gran avance, esa orilla es minoritaria, pero está en los cargos de poder y decisión y muchos de ellos como lo han denunciado en distintos medios han tenido vínculos con EPS privadas, lo cual lleva a preguntarse a ¿qué intereses sirven?

En el fondo la pregunta que debe responderse es ¿pueden los privados renunciar a tener cualquier tipo de ganancias en la intermediación del sistema?, ¿pueden renunciar al negocio? Si esto fuera posible la crisis de la salud podría superarse con la participación de los privados pues no tendrían mayor interés en  recobrar lo que no es, no conspirarían para establecer el precio de los medicamentos, no negarían servicios, ni medicamentos, no desviarían recursos para lucro privado, los altos funcionarios no tendrían que defender los intereses de sus antiguos patrones, etc., pero ello es imposible desde la lógica del mercado.

Por lo anterior es indispensable otro sistema de salud y uno que haga una sola cosa sencilla: atender el derecho integral a la salud de los ciudadanos. Claro, para esto se requiere que en el sistema la plata no se quede en el camino, que se le cierre la puerta a la lógica del mercado pues son incompatibles los derechos con el mercado, es decir, no se llega al sistema a que le vendan una libra del derecho a la salud, ni se va al supermercado con la exigencia que le den un televisor porque se es ciudadano, son lógicas que deben estar cada una en su espacio natural. En segundo lugar, se necesita mostrar de manera clara y contundente la aplicación de la justicia y que los órganos de vigilancia y control pasen del asombro a resultados concretos, enviando un mensaje fuerte que los recursos del sistema de salud no pueden saquearse sin que ello tenga implicaciones. Y por último, es necesario que el Estado asuma su responsabilidad en la garantía del derecho a la salud y retome el control y no siga al vaivén de los privados. Para tener salud nos toca recuperar la administración del Estado que está en cabeza de funcionarios que piensan más en el mercado que en el derecho a la salud.

Edición N° 00304 – Semana del 25 al 31 de Mayo de 2012

En la Web de la corte constitucional aparece publicado el documento de cierre de la audiencia

 
 
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