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Leyes pirotécnicas

  Álvaro González-Uribe
  Abogado, columnista y escritor – Investigador, Universidad del Magdalena, Santa Marta macondoelmundo@yahoo.es
   
 

Fetichismo legal, lo han llamado algunos. Tiene dos facetas: una, convertir en delitos específicos determinados actos abominables cuando se presentan y otra incrementarles la pena. Es la manera pasional, populista o equivocada penalmente como muchos piensan -o sólo vociferan- que se pueden impedir ciertas conductas reprochadas por casi la totalidad de los ciudadanos.

Es un error. En primer lugar, porque se le quita majestad y poder a la ley, y, en segundo lugar, porque no sirve de nada.

Solo mencionaré acá algunos casos recientes, tales como penalizar el espantoso acto de arrojar ácido a la cara de las mujeres, penalizar el matoneo, penalizar el ejercicio indebido de tratamientos de transformación corporal, penalizar el mal comportamiento de los hinchas en los estadios, establecer la cadena perpetua para los violadores o asesinos de niños, y el incremento de penas cuando se presentan ciertos hechos delictuales que sin duda conmueven e indignan a casi todo el país.

Por lo general, son congresistas quienes saltan de inmediato a proponer alguna de esas medidas. No tengo elementos para generalizar y seguramente en ocasiones hay preocupación sincera, pero en muchos casos se trata de anuncios y proyectos populistas carentes de estudios profundos previos, con el ánimo de que la galería pose su mirada en dichos políticos como defensores de la vida y de la integridad de los colombianos. Si duda, suena bien.

Y esas propuestas y debates tienen además un ingrediente perverso: quienes se oponen a los mismos -puede ser mi caso- corren el riesgo de ser tildados de inhumanos, de estar a favor de esas conductas y hasta de ser cómplices. Total, es difícil contradecir dichas iniciativas.

Por ejemplo, hoy en día no es necesario darles una entidad delictual propia a ciertas conductas como arrojar ácido o el matoneo juvenil, pues ya están enmarcadas o tipificadas bajo normas más genéricas: las lesiones personales. Si esa es la lógica, inventemos entonces delitos cuantas armas, objetos o formas existan para lesionar a una persona.

En cuanto al incremento reactivo de penas, es un tema que en todas las épocas y países del mundo los teóricos del derecho penal han estudiado mucho. ¿Qué tanta incidencia tiene la pena en la intensidad o frecuencia de las delitos?

Estudios serios han encontrado que un delincuente rara vez piensa o calcula (ni sabe muchas veces) cuántos años de cárcel le puede representar el acto que cometerá en caso de ser atrapado. Por tanto, le da lo mismo si su pena está prevista en el Código Penal como de 10, 20 ó 30 años, o hasta como cadena perpetua o pena de muerte. Esos estudios dicen que el delincuente actúa con la certeza de que jamás será sorprendido, o en caso de que sí lo sea, de que podrá salir por tecnicismos legales o fugándose de la cárcel.

Así pues, a cambio de desgastarnos en fogosas y apasionadas polémicas sobre los castigos que deben tener los delitos en Colombia, es más conveniente discutir antes con igual o mayor vehemencia cómo hacemos para investigar e individualizar eficazmente a los autores de los delitos, cómo hacemos para que los presuntos pasen a delincuentes, y cuál es la manera de que en verdad cumplan las penas previstas, cortas o largas. A ello debe tender una verdadera reforma a la justicia.

Lo demás es legislar para la galería, cabalgando encima de las indignaciones ciudadanas y buscando popularidad y votos a costa de una verdadera y pronta efectividad de la justicia. Justicieros vanos e irresponsables, al acecho del titular del día para adherirse al mismo y provocar la atención nacional de cámaras y micrófonos.

Edición N° 00304 – Semana del 25 al 31 de Mayo de 2012
 
 
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