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La llamada Reforma a la Justicia a un paso de ser aprobada

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

No han valido intervenciones sesudas y bien fundamentadas realizadas en los debates y foros públicos y en las audiencias en el Congreso de la República que han demostrado hasta la saciedad que lo que se llama Reforma a la Justicia es un proyecto cuya esencia es un reforma política, cuyo propósito fundamental es llenar de nuevas garantías a no más de 1400 personas que es el grupo de funcionarios públicos y congresistas que tienen un fuero especial. Es en verdad una retaliación de los congresistas a la labor que de manera denodada ha realizado a lo largo de los últimos seis años la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ha llevado a la condena de 63 parlamentarios y a la investigación que actualmente compromete a 36 congresistas que han venido votando este acto legislativo sin que se hayan declarado impedidos por tomar parte en decisiones que los favorecen. A pesar que en comunicaciones públicas e intervenciones ciudadanas hemos advertido sobre esta irregularidad en el trámite de esta reforma constitucional no hemos sido escuchados y restando un sólo debate, el de la Plenaria de la Cámara de Representantes, el Acto Legislativo sigue su curso.

Con razón se ha dicho que esta es una reforma aprobada para que la crisis de la justicia siga su curso y en vez de mejorar la actuación del poder judicial ella garantizará que la crisis siga su marcha. El verdadero problema de la justicia, hemos insistido hasta el cansancio, tiene que ver con la morosidad, el atosigamiento y la falta de celeridad así como con la impunidad que campea por todo el poder judicial. Hay en manos de los jueces cerca de 2.5 millones de expedientes judiciales y en manos de los fiscales 1.5 millones más. Quizás dos aspectos que tienen que ver con la llamada Reforma a la Justicia, que tiene que ver con ésta realidad, sea el compromiso del Gobierno para destinar dos billones de pesos como recursos adicionales y la definición de los costos de los procesos  que podrían pagar por ejemplo, los bancos y el sector financiero por los llamados juicios ejecutivos, pero ambas medidas no requerirían de una reforma constitucional, ellos podrían ser asuntos tramitados en layes ordinarias o si caso en una ley estatutaria.

Como lo dijimos la semana pasa en este mismo espacio, los expertos han advertido que la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de tres organismos para remplazar a la Sala Administrativa no garantizará, ni la dedicación ni el profesionalismo que requiere el Gobierno de la Rama además de aumentar la injerencia del Ejecutivo en la rama judicial con la medida contemplada en la reforma de la presencia del Ministro de Justicia en esa sala de Gobierno conformada por los presidentes de las altas Cortes (Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado y representantes de los tribunales regionales de justicia y de los empleados de la rama judicial). Nadie discute sobre la necesidad de introducir modificaciones en la administración de la Rama Judicial, lo que se discute es la oportunidad y los organismos aprobados para remplazar tanto a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Disciplinaria de ese mismo Consejo Superior que ahora estará en la Corte Suprema de Justicia en una Sala Disciplinaria que tendrá competencia para los aforados constitucionales con la excepción de los congresistas que ahora tendrán una sala especial en la Procuraduría General de la Nación. Lo propio podría decirse del establecimiento de la doble instancia para la investigación y el juzgamiento de los congresistas que ahora contarán con una Sala de investigación y calificación en la Corte Suprema de Justicia, esta sala como lo hemos denunciado es un cuerpo extraño en la Corte Suprema pues sus seis magistrados integrantes no forman parte ni de la Sala Penal ni de la Sala Plena, ver para creer. Es un organismo extraño a la estructura de la propia Corte Suprema. Se trata de rodear de nuevas garantías a los congresistas y a los aforados en materia penal. El proceso ahora es más dispendioso y engorroso y trata de echar atrás el proceso de las investigaciones sobre alianzas de los parlamentarios con grupos criminales. Desestimula la presentación de denuncias por parte de la ciudadanía y fortalece los espacios donde florecerá la impunidad. Todo esto ha sido avalado por el Gobierno que además avanza en otros proyectos como el de Justicia y Paz que ya entra también en la recta final; trata de extender los beneficios de la ley 975 para actos criminales cometidos por grupos de autodefensa hasta diciembre de 2012 (!!!) patente de corso por anticipado.

Pero, el proyecto también otorga nuevos privilegios a los congresistas en los procesos que se les abra en las investigaciones por pérdida de investidura. Se crea una doble instancia en el Consejo de Estado y ahora se crea otra figura sancionatoria y se trata de la figura de la suspensión provisional como una primera sanción. Lo dicho esta reforma, en su esencia, es una verdadera reforma política que blinda a los parlamentarios tanto en materia de investigaciones penales como de investigaciones administrativas. De las medidas que buscan una justicia ágil, sin impunidad y con garantías para los ciudadanos, de eso no tiene nada éste proyecto.

Edición N° 00305 – Semana del 1º al 7 de Junio de 2012
 
 
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