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Frente al paramilitarismo se quiere
y no se puede o se puede y no se quiere

  Luis Eduardo Celis
  Coordinador de incidencia política, Corporación Nuevo Arco Iris
   
 

Hace pocos días, la valiente periodista Jineth Bedoya de EL TIEMPO presentó un informe sobre el Grupo de los Urabeños, de acuerdo con lo dicho por Bedoya, esta organización criminal que en el 2002 tenía 80 hombres hoy ya cuenta con unos 2000 integrantes que se encuentran divididos en 10 departamentos y 108 municipios, el informe de Jineth contrasta con el que fue entregado por La Mesa de Trabajo 'Mujer y Conflicto Armado', en marzo de este año, donde señala que 'Los Urabeños' son la segunda banda criminal con mayor presencia en el país luego de 'Los Rastrojos', en tanto que el informe 2011 de Corporación Nuevo Arco Iris, ubica presencia de 7 estructuras en 209 municipios y hace la salvedad que por dificultades en el cubrimiento nacional y un monitoreo más amplio podemos estar ante un subregistro.

De cualquier manera, estamos ante la persistencia del fenómeno paramilitar, en una nueva fase, donde sus estrategias siguen en modalidades de intimidación de poblaciones para someterlas a sus códigos de comportamiento y por supuesto ante el interés de tener presencia y  control sobre territorios para moldearlos a unos patrones de acumulación de rentas, de economías legales e ilegales, al tiempo que defienden el despojo de tierras y se transan en confrontaciones por los capitales acumulados vía terror y violencia y que ante la transformación de las AUC, por su desestructuración de mandos, en un archipiélago de nuevas organizaciones y nuevos liderazgos, reciclados del ciclo del paramilitarismo que se agrupó en la confederación AUC, hoy luego de seis años de la última desmovilización formal, continua una acción por controlar testaferros y recuperar capitales, entre ellos, los de las redes de los jefes que fueron extraditados.

Ante un panorama tan desolador con la persistencia de la violencia, más sofisticada y regulada, pero violencia, hay que preguntarse ¿si las dificultades están en la voluntad del Estado para enfrentar a estos ilegales o en la capacidad para someterlos y desestructurar los ordenes sociales, políticos y económicos en los que están integrados? y la respuesta por la que me inclino es que es una combinación de las dos, hace falta voluntad nacional de consolidar una política para enfrentar a este lado de los ilegales por que no hay duda frente al combate a las guerrillas y lo más preocupante es el poder demostrar una acción eficaz y con resultados.

A nivel regional es menor la voluntad y la capacidad y sí se llega a  lo local, las redes de poder construidas vía ilegalidad que han consolidado un orden de autoritarismos y mantienen una actividad ligada de alguna forma a los ilegales, no tienen ningún interés en que esto se modifique.

Estamos ante una situación en que hay déficit de política, no existe una política nacional para asumir de fondo y de manera efectiva que se puede mostrar que hay territorios sin bandas paramilitares por lo cual la tarea de articular una política nacional que se lleve adelante, de manera clara en las regiones y municipios con presencia paramilitar está por verse.

Y no es sólo un tema de fuerza para desarticular y enfrentar a los ilegales lo que hay que hacer, por supuesto, el tema es mucho mas abarcador y tiene que ver con la política local y regional, con el desempeño de las instituciones, con la justicia, con economías que estén en sintonía con la legalidad, por supuesto en la atención de los derechos de las victimas y en garantías de no repetición. En este conjunto de dimensiones es que se debe trabajar y hoy se hace en algunas de ellas, pero falta mayor articulación y en otras no hay acción o no es eficaz lo que se hace.

En 2006 se hablaba de una transición y ella no ha sido posible, seguimos en el ejercicio de los viejos poderes de las fuerzas paramilitares y veamos lo que continua pasando en Urabá, los departamentos del Caribe o en la Orinoquía, allí ejercen los poderes autoritarios y alejados del estado de derecho, las victimas están esperando por sus tierras y por las reparaciones, aunque en esto hay una Ley, se espera que su aplicación empiece a verse.

El narcotráfico continúa siendo un motor de las nuevas expresiones del paramilitarismo y hay regiones enteras donde la Fuerza Pública juega como un actor más y se ve su vínculo con los ilegales en función de la codicia por los enormes recursos de la economía del narcotráfico, viejo problema que sigue vigente, o si no ver lo que pasa en el Pacífico, en el Caribe y las rutas de salida de cargamentos o en la frontera con Venezuela, es un ejercicio de ilegalidades con presencia de agentes estatales y no solamente de la Fuerza Pública e igualmente autoridades políticas y funcionarios de entidades civiles del Estado, las viejas historias, que se siguen dando hoy.

Hay unas condiciones en los territorios que explican la reproducción de las dinámicas paramilitares y ellas están asociadas a comportamientos políticos proclives a la ilegalidad, a economías que se protegen vía ilegalidad y no es solamente narcotráfico a la propensión por capturar rentas legales y recursos públicos, todo esto es histórico y no se podrá subsanar hasta que el Estado no tome la determinación de hacer verdaderas acciones de construcción de ordenes democráticas y legales en un tercio del país por lo menos, lo cual implicaría una acción de envergadura en la política, la economía, la restitución de derechos vulnerados, la protección de comunidades victimizadas y en conjunto una opción de fondo por la Constitución del 91 como derrotero de acción.

Falta voluntad que se transforme en políticas públicas y esto está en manos del Gobierno Nacional por que los gobiernos locales, donde se ha consolidado un poder vía acción paramilitar, no tienen interés en que la vida local y municipal tome otro rumbo y se sienten a gusto con este orden de ilegalidades y autoritarismos.

Edición N° 00305 – Semana del 1º al 7 de Junio de 2012
 
 
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