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Un año de la ley de víctimas, a la espera de respuestas efectivas

  Álvaro F. Córdoba Caviedes
  Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires (Argentina); Abogado, Universidad Externado de Colombia; Especializado en Ética y Derechos Humanos, Universidad del Valle.
   
 

Para iniciar este texto es oportuno precisar que gran parte del mismo corresponde a la ponencia presentada por el autor el 5 de octubre de 2011 en el Seminario Internacional sobre Reparación Integral realizado por el Ministerio de Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá. En este sentido, me he limitado a contextualizar y complementar su contenido. Considero importante hacer esta aclaración toda vez que los argumentos expuestos y mi posición constituyen una constante con relación a la Ley 1448 de 2011 denominada como Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y no se trata de una posición casual y coyuntural.

A un año de la aprobación de la Ley 1448 de 2011 existen aún muchas dudas sobre los alcances reales de su cumplimiento, de los niveles de satisfacción respecto al goce efectivo de derechos a favor de las víctimas y, principalmente, respecto a sus implicaciones frente al estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 con relación a la población en situación de desplazamiento, que constituye sin duda el mayor porcentaje de víctimas que supuestamente se verán favorecidas con esta nueva legislación. Este estado de cosas inconstitucional se profirió frente a los resultados de la aplicación de la Ley 387 de 1997, que para muchos conocedores de la materia no es un mal instrumento legal y preveía logros importantes, más aún, habría permitido el desarrollo de una política garantista y bien intencionada en procura de la satisfacción de los derechos de esta población específica, tal como expresamente lo ha sostenido la misma Corte Constitucional en los diferentes autos de seguimiento de la Sentencia T-025. Lamentablemente y, tal como ha ocurrido con tantas normas en Colombia, su atractivo contenido no fue suficiente para lograr una aplicación consecuente y pertinente con lo que en ella se regulaba.

Posteriormente, y en el contexto de los procesos de desmovilización individual y colectiva de los grupos paramilitares, se profirió la Ley 975 de 2005 denominada Ley de Justicia y Paz, respecto a la cual siempre ha estado presente el debate sobre si es o no una legislación de justicia transicional tal como se presentó por parte del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez dentro del cual se aprobó. Este debate fue resuelto por la Corte Constitucional en su Sentencia C-370 de 2006 en donde se declaró la exequibilidad de la Ley 975, y a partir de la cual podría afirmarse, que desde el punto de vista de la formalidad normativa, dicha ley constituye en efecto un instrumento de justicia transicional. No obstante, es importante hacer claridad que por sí sola una ley o cualquier instrumento legislativo no puede producir automáticamente los resultados previstos para consolidar un verdadero proceso de transición, así su articulado lo afirme y las autoridades competentes lo confiesen y lo anhelen.

Después de transcurridos casi 7 años de la aprobación de la Ley 975, en donde se cuentan únicamente dos sentencias en firme, una de ellas proferida en segunda instancia por parte de la Corte Suprema de Justicia, poco queda para seguir argumentando que su aplicación fue satisfactoria en razón a que pudo lograr los objetivos característicos de los procesos transicionales. De hecho, los procesos penales adelantados en aplicación de dicha ley terminaron convirtiéndose en clásicos procesos penales ordinarios, enmarcados en el sistema acusatorio, y que continúa con los altos índices de impunidad frente a graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), con su característica de mínima, o podría decirse casi nula garantía y satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas.

A lo anterior se suman los evidentes resultados negativos en cuanto a la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los grupos paramilitares, pues son alarmantes los datos conocidos respecto al rearme de estos grupos cuyas estructuras económicas y militares continúan casi intactas en la mayor parte de los territorios que controlaban o sobre los cuales ejercían influencia social, militar, económica y política. Muchos de los que figuraban como postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz hoy son los cabecillas de las llamadas eufemísticamente “bandas criminales” (denominación utilizada por la Policía Nacional). En el II Informe Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración producido por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se reconoce que 6.000 desmovilizados de grupos armados han reincidido en delitos desde los procesos de desmovilización ocurridos entre 2003 y 2006, lo que implica un nivel de reincidencia del 15.5%.1 Sin duda este hecho ha truncado otro de los objetivos de los procesos transicionales, esto es, el facilitar la desmovilización de los grupos y actores armados, su reincorporación a la vida civil, con miras a dar paso a la construcción de una paz estable y duradera que, con el tiempo y dentro de un lento y complejo proceso, facilite la reconciliación tan anhelada.

Pero bien, como ya es costumbre en Colombia, y pese a los evidentes fracasos generados por la aplicación de las legislaciones antes citadas, hoy nuevamente se deposita deseosamente todas las esperanzas y expectativas en un nuevo marco jurídico, anhelando que ésta automáticamente resuelva los vacíos y las insatisfacciones de las anteriores, y más aún, pueda responder favorablemente al acumulado de frustración de la sociedad colombiana y particularmente de las víctimas. Lo único cierto a un año de su aprobación y pese a las promesas y la algarabía de la retórica, en concreto, no se prevén soluciones efectivas, pensadas para las víctimas y desde las víctimas.

Similares actitudes se han presentado también con aquellas absurdas propuestas de pretender eliminar la ocurrencia de conductas criminales tales como el secuestro, la desaparición forzada, la violencia sexual contra niños y niñas, con el simple aumento de las condenas penales. La contundencia de los hechos que contradice dicha pretensión es abundante. Las penas elevadas no podrán generar los resultados positivos pretendidos por sí mismas, puesto que es necesario la implementación de una auténtica política criminal para prevenir dichas conductas, y efectivas investigaciones que den con los responsables de dichos crímenes, toda vez que la impunidad es el mejor “abono” para que continúen ocurriendo. Además, habrá que pasar por una seria depuración, tanto de los cuerpos de seguridad como de algunos sectores del sistema judicial (Fiscalía y CTI), que tienen en sus manos el deber de aplicación de dichas normas pero que han estado comprometidos con preocupantes índices de corrupción e infiltración, hechos que son atestiguados por los diversos estudios y diagnósticos especializados.

No basta el texto legal para lograr los objetivos, se requiere una auténtica voluntad política que pueda traducirse en acciones orientadas a la consolidación de una estructura efectiva e idónea que facilite la aplicación correcta de esas leyes, con claridad estratégica y operativa por parte de las entidades responsables, y en una escucha atenta y participativa de las víctimas.

Así mismo, y desde el mismo momento en que el Gobierno Nacional circuló el borrador del decreto reglamentario de la Ley 1448 (hoy Decreto 4800 de 2011), quedaba claro que se repetiría la historia del incumplimiento y los fracasos, empezando por la absurda pretensión de reglamentar toda una ley con un único decreto unificado, lo que constituye una afrenta a la más elemental técnica legislativa. Proferir un decreto de 297 artículos, cuando la Ley 1448 sólo tiene 207 artículos, dentro del cual se regulan temas sustanciales que ya fueron definidos por la misma Ley 1448, era ya una muestra palpable de la tradición legislativa de Colombia, en donde a través de los decretos reglamentarios se pretende restringir los alcances de la misma Ley, tal como ocurrió con la Ley de Justicia y Paz. Es una realidad que en Colombia se pretende resolver los problemas con leyes, con simples “textos normativos”, pero que finalmente se aplican y ejecutan con base en los decretos reglamentarios que profiere el poder ejecutivo, decretos que en su mayoría limitan, contrarrestan y aún contradicen las mismas leyes que pretenden reglamentar. No obstante, y pese a que son ostensiblemente inconstitucionales por contener normas contrarias a la ley que reglamentan, no es un impedimento para que los funcionarios públicos los apliquen con preferencia a las mismas leyes que les dieron origen.

Desde esta perspectiva, quiero sentar una voz de protesta frente a la pretensión de ocultar los errores y fracasos del pasado a partir de la expedición de nuevas leyes que supuestamente se proponen corregirlos, pero sin un análisis honesto de lo que ha impedido que los objetivos de los textos legales anteriores se puedan lograr. Ya hoy, incluso la misma Ley 1448 está quedando opacada por la nueva euforia del mal llamado “marco jurídico para la paz”, que se presenta como la gran reforma a la Ley de Justicia y Paz, una reforma tardía propuesta por quienes durante 7 años desconocieron las campanas de alerta de su fracaso. Basta una somera lectura a la propuesta de acto legislativo que está a punto de aprobarse por el Congreso de la República para concluir que en nada se han tenido en cuenta los múltiples análisis y diagnósticos realizados por varios sectores expertos en cuanto a los contenidos equivocados y principalmente a la errada aplicación de la Ley 975; se trata de una nueva improvisación y peor aún, una penosa abdicación frente a la incapacidad y la impotencia para hacer efectiva la justicia, y mucho más grave, una claudicación a la voluntad de los perpetradores de los crímenes y frente a la impunidad.

Este reparo frente a lo que igualmente viene ocurriendo con la nueva Ley de Víctimas lo hago desde la premisa de que respaldo su aprobación, respecto a la cual participé activa y propositivamente en todo el proceso legislativo, y continúo reafirmando que es mejor el actual escenario con la Ley 1448 de 2011 que un escenario sin dicha Ley. Pero así mismo, continúo negándome a reconocer que con esta ley, y sólo por su existencia y contenido, se cumplirá todo lo No realizado con respecto a la legislación anterior, pero incluso de la prometedora jurisprudencia que generó principalmente por parte de la Corte Constitucional. Igualmente, debo dejar constancia que en materia del derecho a la justicia la Ley 1448 no representa ningún avance, que todo lo que se diga en contrario es mera retórica, y que en esa medida, la reparación a las víctimas y a la sociedad en general, difícilmente podrá considerarse integral y suficiente.

En esta oportunidad me refiero al concepto de justicia entendido desde el punto de vista de la justicia judicial y penal, pues soy de los que considero que aún en procesos de transición la justicia debe ser considerada en una concepción más amplia y holística, más incluyente y que por lo tanto supere su limitación a lo judicial, que se sustenta muchas veces en una lectura reducida de los denominados estándares internacionales, que si bien no debe ponerse en duda su aplicación y sus aportes positivos, no se pueden repetir como si se trataran de verdades absolutas impuestas por textos religiosos que se interpretan y aplican de manera literal, acrítica y fuera de los contextos históricos, sociales y políticos.

Por estas mismas razones, es urgente llamar la atención en contra del reduccionismo que se pretende en torno a la Ley 1448 de 2011, en el entendido que todo lo relacionado con las víctimas y el goce efectivo de sus derechos debe circunscribe a la aplicación de dicha ley. Esta pretensión, muy posicionada desde los discursos oficiales y gubernamentales, conducirá a graves perjuicios contra las víctimas y aún en contra del país, que podría afectar las posibilidades de crear espacios de paz y reconciliación. Es realmente lamentable la posición de la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias que en la actualidad les compete la aplicación de la Ley 1448, quienes sin ningún reparo se esfuerzan por convencer a las víctimas y a quienes se han involucrado activamente en favor del reconocimiento y la realización de sus derechos, e incluso de convencerse a sí mismos, que este marco legal constituye el primer y el mayor logro legislativo en favor de las víctimas y sus derechos, y que además, constituye una necedad tratar de buscar otros mecanismos jurídicos, administrativos y aún políticos para alcanzar la materialización efectiva de la reparación integral a las víctimas, por cuanto la Ley 1448 de 2011 representa igualmente el medio ideal y definitivo para lograr una total e integral reparación.

Ley de víctimas ni principio ni final

Consecuente con lo anterior, y como personalmente lo he manifestado en varios lugares y espacios desde el mismo 10 de junio de 2011 cuando dicha ley fue aprobada, es necesario declarar enfáticamente que la Ley 1448 de 2011 no es el principio ni el final en materia del reconocimiento de las víctimas y de sus derechos. No es el principio porque, a diferencia de lo que se dice en varios círculos gubernamentales, esta ley, así como su proceso de aprobación en el Congreso de la República, no es el inicio del trabajo ni de las conquistas a favor de la garantía de los derechos de las víctimas, entre los cuales se destacan los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Decir que es el comienzo sería desconocer la historia, y principalmente las luchas de cientos de hombres y mujeres que desde hace varios años han trabajado, y aún han ofrendado sus vidas por el reconocimiento y la vigencia de los derechos humanos, con énfasis importante respecto de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, o de aquellas víctimas contra las cuales se cometen crímenes de guerras u otras infracciones al derecho internacional humanitario dentro del contexto del conflicto armado interno en nuestro país.

Con anterioridad al 9 de junio de 2011, fecha en la cual fue sancionada por el Presidente de la República la Ley 1448, son muchos los logros alcanzados en el campo de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, gracias a la actuación comprometida y valerosa, adelantada por el movimiento social, dentro del cual se destaca el movimiento sindical, así como las organizaciones de derechos humanos, con el apoyo de organismo internacionales, sectores políticos, instituciones académicas, y aún algunas autoridades administrativas y judiciales. En este campo se destacan sin duda la aprobación de muchos tratados de derechos humanos tendientes a prevenir y sancionar la comisión de aquellos crímenes que se consideran internacionales tales como la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (ratificada en Colombia mediante la Ley 70 de 1986); la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (ratificada por Colombia mediante la Ley 707 de 2001); la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (ratificada por Colombia en virtud de la Ley 248 de 1995); El Tratado de la Corte Penal Internacional (vigente en Colombia desde el 1° de noviembre de 2002 a través de la Ley 472 de 2002), y, recientemente, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por Colombia según la Ley 1418 de 2010, y respecto a la cual la Corte Constitucional emitió hace pocos días su fallo de exequibilidad.2 En igual sentido ha ocurrido con las normas del derecho internacional humanitario, dentro de las cuales se destaca la ratificación del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, aprobado en Ginebra el 8 de junio de 1977, y vigente en Colombia en virtud de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994.

En este ámbito, merece especial mención la Convención Americana de Derechos Humanos, entrada en vigor para Colombia el 18 de julio de 1978 en virtud de la Ley 16 de 1972, y por la cual se establecen la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que constituyen los instrumentos jurídicos de mayor trascendencia a favor de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Paradójicamente, el actual gobierno colombiano, unido a las pretensiones de los regímenes autoritarios de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, se han convertido en los principales portavoces de una reforma que pretenden limitar la jurisdicción de la Corte y los alcances de sus sentencias. Sin duda, esta circunstancia muestra un doble discurso del actual gobierno colombiano, que en ámbito nacional y con emisarios en el Congreso de la República, se presenta como el gran defensor de los derechos de las víctimas, pero por otra parte y con mucho sigilo, en el plano internacional se ha hecho protagonista activo de todo el movimiento que procura cercenar la principal instancia de justicia internacional que se ha ocupado de garantizar efectivamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

En cuanto a la legislación nacional, se destaca sin duda en primer lugar la misma Constitución Política de 1991, que constituye un paso trascendental a favor del reconocimiento vinculante de una amplia categoría de derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, culturales y colectivos, entre otros, así como su carácter vinculante y supremacía, considerada según el constitucionalismo moderno como norma de normas. Tenemos también normas importantes en el ámbito penal interno como es la Ley 589 de 2000, por la cual se tipifica por primera vez en Colombia el crimen de la desaparición forzada, así como otras conductas calificadas de graves violaciones a los derechos humanos, y en donde se especifica que las mismas bajo ninguna circunstancia podrán ser objeto de la justicia penal militar. De igual manera está la reforma del Código Penal Colombiano mediante la Ley 599 de 2000, en donde se tipificaron los denominados crímenes de guerra, por violaciones a la normas del derecho internacional humanitario.

En este campo, es igualmente importante referirse expresamente a la exclusión del fuero militar frente a las conductas consideradas graves violaciones a los derechos humanos que se alcanzó a través de la Ley 589 y la Ley 600 del año 2000, logro que será notoriamente afectado a través de la denominada reforma a la justicia. Sin embargo, lo preocupante que este hecho de incluir nuevamente el fuero militar incluso para crímenes de guerra y de lesa humanidad, es que dicha reforma constitucional está pasando desapercibida por una gran mayoría de instituciones, organizaciones y personas que supuestamente se ocupan de la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, toda vez que están embelesados en tratar de buscar fórmulas mágicas para lograr la efectiva aplicación de la llamada Ley de Víctimas, con la cual, supuestamente, y como lo recita el discurso oficial, se logrará su reparación integral. Aun así, ya se empieza a hacer mucho énfasis en que naturalmente esa reparación se hará progresivamente, y frente a ello simplemente esperamos que no sea similar a la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, es decir, una sentencia en firme cada 6 años. Claro, que mientras tanto, al parecer nadie se puede quejar, pues para ello está lo que siguen llamando como reparación administrativa, cuando la misma Ley 1448 la denomina como indemnización administrativa, con sus 40 salarios mínimos de tope, que incluso se pretenden imponer sobre lo decretado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que está en firme y fue anterior a la Ley, me refiero a la Sentencia por la masacre de Mampuján, que se trata de la única sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia dentro de los procesos de Justicia y Paz.

Todas las normas nacionales e internacionales aprobadas en Colombia en materia de derechos humanos, derechos de las víctimas y reparación integral, han sido el fruto de conquistas del amplio movimiento social, entre las cuales igualmente se debe incluir la misma Ley 1448, que en absoluto puede aceptarse como una concesión gratuita y de iniciativa puramente gubernamental o estatal. Pero más aún, los logros previos a esta ley se dieron en medio de estigmatizaciones, de crímenes sistemáticos y generalizados, de persecuciones, y de acusaciones infundadas en las cuales se calificaba esa lucha por los derechos y los derechos de las víctimas como actos afines a grupos armados al margen de la ley. Así mismo, es fundamental tener presente que todos estos antecedentes legislativos se impulsaron con ocasión de los múltiples crímenes que se cometían en Colombia, y que día tras día, con el apoyo impune de sectores de la fuerza pública, de políticos y aún de poderes económicos, no necesariamente ilícitos, dejaban a su paso miles de víctimas, de esas mismas víctimas que hoy se pretenden reparar a través de la Ley 1448.

Por otra parte, tampoco podría aceptarse que la Ley 1448 de 2011 sea el paso final de las conquistas y reivindicaciones de los derechos de las víctimas del conflicto armado y de graves violaciones a los derechos humanos. Para quienes conocemos muy bien y al detalle el articulado de esta ley, y aún de sus regresivos decretos reglamentarios, sabemos que se trata sólo de algunos avances, más en el plano de regular medidas en materia de salud, educación vivienda, atención psicosocial, protección, ayuda humanitaria, entre otras, pese a que a la fecha no existe aún la logística para cumplirlas con esas medidas. Según el artículo 1° de la Ley 1448, la misma “tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley”. Ya sabemos que dicho artículo no contempla a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas al margen del conflicto armado. Igualmente lo señala el artículo 2° cuando declara que “La presente ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas”. Espero que no ocurra lo mismo que la Ley 975 de 2005 en donde se regularon cuestiones interesantes que pudieron generar resultados muy positivos en medio de tanta dificultad, pero que en esencia no produjeron ningún aporte, no por la Ley en sí, sino porque nunca se creó la estructura y la logística para su aplicación efectiva.

Tampoco puede ser el final porque por ahora se cuenta únicamente con el texto jurídico sin que a la fecha se haya efectuado de manera efectiva la reparación integral de las víctimas, que como se desprende de toda la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional vigente, no puede reducirse a una simple indemnización económica, toda vez que abarca otros importantes elementos como son los derechos a la verdad y la justicia, así como el ineludible derecho en favor de las garantías de no repetición. Por ahora, en estricto sentido sólo tenemos mucho ruido y muchas expectativas generadas, e instituciones creadas con evidentes síntomas de no saber hacia dónde ir y por dónde empezar, de las cuales hacen parte un gran número de los funcionarios o contratistas que en aplicación de la Ley 387 de 1997 no contribuyeron de manera eficaz a la realización de los mismos derechos que hoy se regulan en la Ley 1448 con relación a las víctimas del desplazamiento forzado, y garantizarles como mínimo un trato digno. Habrá que esperar los alcances que el Gobierno Nacional, así como las diferentes entidades y autoridades competentes le otorgan al contenido de la ley, cuando es muy amplia la experiencia en nuestro país de incumplimientos de legislaciones de este tipo, o de los reducidos efectos que se alcanzan con el tiempo, fruto de la ausencia de voluntad política para su efectiva aplicación, o de las normas restrictivas que finalmente se terminan aplicando a través de los decretos reglamentarios, que no sólo limitan el contenido y los alcances de las leyes aprobadas, sino que además son evidentemente contrarios a la constitución y a las auténticas necesidades de las mismas personas beneficiarias, en este caso las víctimas.

No obstante lo anterior, junto con muchos actores y voces calificadas, seguimos reconociendo que la Ley 1448 de 2011 constituye sin duda un aporte importante en el largo proceso de construcción y consolidación de una legislación y una política pública sensible y garantista de los derechos de las víctimas. Pero conforme a esas mismas voces, debemos manifestar que si bien la Ley de Víctimas es un paso significativo, no se puede valorar ni como el más importante aporte y menos aún como el definitivo.

Desde esta perspectiva, se espera también que algunos de los temas sustanciales regulados por la Ley 1448 conduzcan igualmente a normas complementarias, tendientes a solucionar las problemáticas y necesidades muy significativas para las víctimas del conflicto armado y de graves violaciones a los Derechos Humanos. De igual forma, se requieren nuevas políticas públicas y reformas de instituciones que han contribuido con los mismos actores de la violencia, así como cambios en las concepciones ideológicas que han motivado la estigmatización o la polarización de la sociedad, y que constituyen una causal de la degradación del conflicto armado interno. Se requiere también la construcción de condiciones idóneas que faciliten una futura solución negociada del mismo conflicto armado, fruto de la cual se puedan impulsar reformas estructurales en el campo social, político y económico que posibiliten una paz estable y duradera.

En este sentido, se esperan también las sentencias de la Corte Constitucional en respuesta a las diferentes demandas que ya se han presentado en contra de esta misma ley, que en su mayoría no pretenden “tumbarla” sino generar pronunciamientos para favorecer su aplicación, precisar algunas temáticas, y declarar la inexequibilidad de algunos artículos o expresiones que contradicen la constitución u otras leyes vigentes, y así mismo no se afecten las conquistas alcanzadas en este amplio campo de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas, principalmente a través de la jurisprudencia nacional e internacional.

Sobre este particular he pasado por alto lo relacionado con los 26 artículos relacionados con la restitución de tierras, pues se trata de un complejo campo al que prefiero referirme exclusivamente en otra oportunidad. Sin embargo, me gustaría decir por adelantado que del estudio juicioso que hemos hecho varios abogados sobre este proceso, que pese a las consignas favorables que se vienen pregonando desde el Gobierno Nacional, y específicamente desde la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras, hemos observado que desde el punto de vista eminentemente jurídico se trata de un proceso judicial con serias condiciones de inviabilidad, el cual no se corrige ni se subsana por el hecho de afirmar que se trata de un proceso de justicia transicional civil, y que por lo tanto los jueces y operadores judiciales lo deben reconocer como tal. En verdad sería de gran ayuda promover unos debates entre esta tradición jurídica y los juiciosos abogados y juristas del derecho civil, quienes en primer término saben que tanto el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil son leyes estatutarias y por ende de mayor “rango constitucional”, cuyas instituciones necesariamente prevalecen frente a lo regulado por una ley ordinaria como lo es la 1448, y a quienes muy seguramente, como ya es de conocimiento público, algunos tenedores de tierras o incluso propietarios contra quienes se supone se interpondrán las acciones de restitución, los vienen contratando con muy buenos honorarios, y no precisamente para que firmen o se queden impávidos frente a los que supuestamente sostienen que por tratarse de un proceso de transición civil, debe imperar y prevalecer frente a la legislación ordinaria, y que por lo tanto estos opositores y sus abogados deben sencillamente acogerse y no intentar las múltiples acciones que regula esa legislación civil, que de hecho están planamente vigentes, y que obviamente serán usadas por estos abogados, a quienes les corresponde actuar en consonancia con su deber profesional y por el mandato que les confiere el poder otorgado por sus representados. Serán posiblemente las altas cortes quienes a través de sus providencias definan las cuestiones de fondo, pero que como mínimo lograrán que se aplacen los términos de dichos procesos en mínimo dos o tres años, con lo cual, quedará en entredicho el carácter transicional de dicho proceso del que se espera por esa razón sea más expedito, tanto en sus formas procedimentales como en los fines que se pretenden alcanzar.

Edición N° 00307 – Semana del 15 al 21 de Junio de 2012

1 Cfr. La reintegración. Logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas. II Informe de la CNRR, Bogotá, Agosto de 2010. En http://www.cnrr.org.co/new/publicaciones/DDR.pdf [Recuperado el 9 de diciembre de 2010]

2 Corte Constitucional, Sentencia C-620 de 2011, MP. Juan Carlos Henao Pérez

 
 
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