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Balance de la ley de víctimas a un año de su aprobación

  Bárbara González Medina
  Asesora jurídico política, Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

El 10 de junio del 2011 fue aprobada la ley 1448 y en diciembre de ése año se promulgaron los decretos reglamentarios que regulan derechos y procedimientos establecidos en dicha ley, también se expidieron los decretos con fuerza de ley para comunidades indígenas, afrodes-cendientes negros y palenqueros; población Rom en el mes de diciembre. Desde entonces las víctimas han estado reclamando sus derechos, con expectativas que esta ley constituya un mejor marco jurídico y de garantías  en relación a las políticas que han existido.

En términos generales en materia de restitución de tierras el procedimiento se compone de dos etapas, una administrativa y otra judicial, estable-ciéndose macrozonas que comprende distintas regiones del país y que se caracterizan por ser las de mayor abandono de tierras y desplazamiento forzado, en estas zonas se empezará el proceso de implementación de la restitución, por tal motivo en algunos municipios de las zonas se ha abierto oficinas territoriales de la Unidad de Restitución de Tierras en el transcurso de este año. Aunque el ministro Restrepo, ha explicado que en realidad la ley entró en vigencia el 1 de enero del 2012 y que las primeras sentencias serían emitidas en diciembre, es preocupante la lenta implementación de la ley.

Confirma lo anterior, que de otra parte la Unidad Administrativa Especial para la Reparación esté instalando los centros de atención en algunas ciudades y que en algunas de ellas se tenga retenidas, acumuladas o no reciban las solicitudes del Registro Único de Víctimas (RUV), denuncias planteadas por víctimas en Bogotá y Cúcuta, arguyendo los funcionarios para explicar tal situación que se debe a la dificultad dada por la cantidad de solicitudes presentadas, valga indicar que el RUV es la puerta de entrada a la obtención de las medidas de asistencia, atención y reparación. Hace menos de dos semanas quien dirige la Unidad, Paula Gaviria, estuvo en Cúcuta observando las instalaciones de las antiguas oficinas de lo que se conocía como Acción Social, espacio que en palabras de varias víctimas no cuenta con las condiciones idóneas para ser atendidos, y que sólo fue puesto en mejores condiciones ante la actividad de la visita de la directora nacional.

También ha sido objeto de muchas críticas el desorden que ocurre en todo el país en la conformación de las mesas de participación de las víctimas a nivel municipal y departamental, de acuerdo a las denuncias emitidas por víctimas y defensores de los derechos de las víctimas, algunas mesas están siendo conformadas por lideres y lideresas de organizaciones de víctimas escogidas por el personero, sin que exista previamente un proceso democrático; en otros casos, desmovilizados las están integrando y en algunas regiones, personeros están mal informando a las víctimas, al haberles exigido a las organizaciones de víctimas el cumplimiento de una cantidad de requisitos al momento de la inscripción para la conformación de las mesas, esto ocurrió antes del 30 de marzo del año en curso. Este caos se debe en parte a la no existencia de la reglamentación de la participación, de un protocolo como lo establece la ley, y a la falta de formación de los funcionarios públicos que atienden a las víctimas.

Por otro lado, se conoce derechos de petición presentados por víctimas solicitando indemnización administrativa, sin embargo, a la fecha la respuesta es el deber de esperar o la cita textual de la norma, evidenciándose la ausencia de criterios para el otorgamiento del  monto de acuerdo a la vulnerabilidad de las distintas víctimas.

Así mismo debe mencionarse que se aprobó el documento Plan de Atención a Víctimas, documento anexo a un CONPES expedido por el DNP, este plan contempla la forma como se adoptará la política pública de derechos de las víctimas en el marco de la 1448, sin embargo, su expedición ha vulnerando el derecho de participación contemplado en la Constitución y consagrados en la misma ley de víctimas y sus decretos reglamentarios  (por ejemplo, el artículo 261 del decreto 4800 de 2011).  De esta interpretación conocía el Gobierno Nacional, de tal suerte se emitió una carta por la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales dirigida a la subdirectora general Paula Acosta para que no se aprobara el plan sin la participación de las víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, sobre la misiva  no se recibió respuesta.

Ante la lenta implementación, la falta de articulación institucional entre el Gobierno Nacional y entes territoriales, las precarias condiciones de seguridad de los reclamantes de tierras con los “ejércitos antirestitución” (entre otras amenazas), la ignorancia de la ley y sus decretos por los funcionarios públicos encargados, y la no participación efectiva de la víctimas en la ejecución de la ley se corre el riesgo de cuestionar la legitimidad de la ley 1448, temiendo que de seguir así se pierda la credibilidad en la ley y en la posibilidad de que las víctimas sean reparadas.

Frente a estas dificultades la sociedad civil, organizaciones sociales de víctimas, organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y organizaciones de expertos, han instado a instancias del Gobierno Nacional para que la ley sea implementada con la participación de las víctimas, de cara a sus propuestas y realidades, que goce de legitimidad y no constituya un fracaso.

De esta suerte se reconoce la ampliación del término para que las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas se inscriban ante personerías y defensorías con el fin de constituir las mesas de participación1.

Así mismo esperamos que las propuestas y solicitudes de implementar  la ley de manera abierta y directa con las víctimas, sus organizaciones y organizaciones acompañantes sea real en medio de un proceso de participación efectiva para que se discuta por ejemplo, el protocolo de participación que definiría la integración de las mesas de participación en representatividad proporcional de acuerdo a las formas de victimización, al criterio territorial, etc., el sistema nacional de atención y reparación; el plan de acción, entre otros.

Edición N° 00307 – Semana del 15 al 21 de Junio de 2012

1 Decreto 1196 de 2012 "Por el cual se fija un nuevo plazo para la inscripción de las organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos de las víctimas interesadas en integrar las Mesas de Participación de Víctimas"

 
 
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