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A un año de la aprobación de la ley de víctimas: Un balance agridulce

  Antonio Madariaga Reales
  Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Anotaciones para la memoria histórica.

Cuando se sancionó la ley de victimas y restitución de tierras, en la plaza de armas del Palacio de Nariño el 10 de junio de 2011, en presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki Moon, algunos de quienes habíamos trabajado arduamente durante los cuatro años previos en el estímulo y acompañamiento a las víctimas y sus organizaciones para que participaran activamente en la construcción de la ley, a través del análisis de los proyectos y sus sucesivas versiones; tanto en el que fue hundido estentóreamente por el hoy expresidente Uribe, como el que fue finalmente aprobado por el Congreso, quienes habíamos viajado por todo el país recogiendo y sistematizando las necesidades y propuestas de las víctimas, quienes habíamos estado en el congreso, con las víctimas, haciendo incidencia y entregando propuestas a los congresistas y en innumerables reuniones con funcionarios de los dos gobiernos, observábamos una tendencia que se ha mantenido durante todo este año de vigencia de la ley: Por un lado la desaparición de las víctimas y sus organizaciones como hacedores de política pública sobre sus derechos; en ese momento sólo el gobierno y el Congreso aparecían como autores de la ley y todo ese esfuerzo de las víctimas y sus organizaciones, las mas de 5.000 que se movilizaron, fue invisibilizado y pasaron a ser objeto de la aplicación de la ley. Fue muy importante el compromiso de un grupo de congresistas con esa deliberación de las víctimas; los representantes German Navas, Iván Cepeda y Guillermo Rivera, los senadores Juan Fernando Cristo, Jorge Londoño y Luis Carlos Avellaneda, para citar los mas destacados.

Como parte de la memoria histórica, habrá que recoger esa experiencia de deliberación y participación en la construcción de las leyes, que se encuentra parcialmente sistematizada, y que solo tiene antecedentes de participación ciudadana en los procesos de deliberación de los tiempos de efervescencia democrática posteriores a la expedición de la Constitución de 1991 y que dieron origen a la ley 115 de educación, a la ley 134 de mecanismos de participación, la ley 136 de municipios, la malhadada ley 100 de salud, etc.

De otro lado, una inusual firmeza del presidente Santos en su compromiso con las víctimas y con la ley. No ha sido una práctica común de los mandatarios colombianos, más allá de la retórica, la expresión del compromiso con los sectores mas violentados del país.

La implementación de la ley

Lo positivo:
El lugar que los derechos de las víctimas, a propósito de la ley, ha mantenido en la agenda pública y de gobierno y que se expresa de diversas maneras.

  • La permanente referencia en los medios de comunicación
  • La realización de actividades académicas sobre la ley
  • Los discursos públicos del presidente Santos y de algunos de sus funcionarios como el Ministro de Agricultura en defensa de la ley y de los derechos de las víctimas.
  • La actividad permanente de las organizaciones de victimas y que trabajan por los derechos de las victimas en el posicionamiento de agendas sobre la ley, en particular a nivel regional.
  • La incorporación del tema en el Plan de Desarrollo Nacional y en muchos (cerca de 700) de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales.

También ha habido una serie de avances en lo que se refiere a la construcción de la institucionalidad requerida a saber:

  • La definición del Conpes de Víctimas.
  • La expedición de los decretos reglamentarios que crean las Unidades de Atención y de Restitución, así como el Centro de Memoria Histórica.
  • La consulta previa y posterior expedición del decreto ley que desarrolla los derechos de los pueblos indígenas y en mucha menor medida la consulta a los pueblos afro y Rom.
  • La importancia dada al tema en algunos territorios, dentro de los que se destaca Bogotá con la creación de la Alta Consejería para las Víctimas y la inclusión de una importante política pública para las victimas en el Plan de Desarrollo.
  • El funcionamiento de la Comisión Congresional de Seguimiento a la ley, con apertura a la participación de la sociedad civil
  • La reciente fluidez del diálogo de las organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos de las víctimas con las Unidades de Atención y Restitución.

Lo negativo:

Participación y representación de las victimas.

  • A pesar de las repetidas solicitudes al gobierno nacional que reglamentara con participación de las victimas la participación de las mismas en los espacios definidos por la ley, esto no se ha hecho. Por lo tanto y ante la ausencia de un protocolo de participación los mas de 700 Comités de Justicia Transicional instalados en los territorios, se han hecho con una participación espurea de las víctimas que en el caso de Chigorodó en Urabá incluye en representación de las victimas a la asociación de ganaderos ligada al apoyo y financiación de grupos paramilitares.
  • El Conpes y el Plan de Atención fueron aprobados sin participación de las victimas a pesar del compromiso realizado por el DNP en la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos de realizar una consulta del mismo
  • La falta de información es generalizada tanto de las características de la ley como de la ruta de acceso a los derechos, facilitando la confusión de las victimas y de las autoridades territoriales.

Articulación nación territorio

  • La falta de información y compromiso de autoridades locales es patente en muchos territorios lo que sumado a las carencias  presupuestales de los entes territoriales dan como resultado un precario acercamiento y capacidad de respuesta a los requerimientos de las victimas

Estructura institucional

  • La formación de los agentes de la Unidad es deficiente, lo que constituye un serio problema toda vez que muchos de ellos provienen de acción Social y por lo tanto se han especializado en la denegación de los derechos de las victimas, a su vez las unidades creadas, (de atención y de restitución), tienen limitaciones presupuestales y de personal; lo que hace mas precario aun el proceso.
  • A su vez las debilidades de las personerías, su excesiva carga de funciones y su origen electoral en los territorios no representan garantías adecuadas para el cumplimiento de las funciones que la ley les determina
  • Por su parte ni la Defensoría del pueblo, ni la Procuraduría han asumido la tarea que les corresponde en el Monitoreo de la ley.

Si a todo lo anterior le agregamos la acción de los herederos del paramilitarismo, de los ejércitos de abogados que los despojadores tienen a su servicio y la incapacidad del gobierno para hacerles frente estamos ante un panorama que da lugar al título de esta nota. Queda al final del día o del año un sabor agridulce y la ley enfrenta en este terreno de la implementación grandes desafíos que deben ser rápidamente abordados so pena de su fracaso.

Edición N° 00307 – Semana del 15 al 21 de Junio de 2012
 
 
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