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Ni fu ni fa con los llamados ejércitos anti-restitución de tierras

  Luis Eduardo Celis
  Coordinador de incidencia política de la Corporación Arco Iris
   
 

Es bueno llamar las cosas por su nombre y lo digo porque en los últimos meses hemos designado ejércitos Anti-restitución de Tierras, pero por ningún lado se ve el actuar de dicho ejército, no está impidiendo que las tierras usurpadas en los últimos veinte años, como lo consagró la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, vuelvan a sus legítimos dueños, en cambio lo que si hay, y en por lo menos trecientos municipios del país, son unas dinámicas delincuenciales de los que han robado tierra, ejerciendo violencia y resistiendo nuevamente con violencia.

Toda acción trae su reacción, es una ley de la dinámica social y en este caso la respuesta de muchos de los usurpadores es la violencia, según datos de la Comisión Colombiana de Juristas entre 2005 y 2011 han sido asesinados 66 líderes, reclamantes de tierras, la mayor parte de ellas y ellos en los departamentos del Caribe colombiano. En Antioquia y en el conjunto de la región de Urabá, el mensaje que están mandando es contundente, no van a permitir que lo que conquistaron a sangre y fuego con barbarie y arbitrariedad, lo pierdan de buenas a primeras; es una confrontación en curso y aún es prematuro arriesgar un veredicto de quién va a ganar, si los criminales o el Estado de derecho en respaldo de la ciudadanía victimizada y vuelta a victimizar, como los hechos y las cifras lo muestran.

Los usurpadores de antier y de ayer y que hoy resisten con violencia, ya han sido ampliamente descritos por las víctimas, se conoce que son dinámicas donde confluyen terratenientes, empresarios, narcotraficantes, políticos, en asocio con agentes estatales, no son fantasmas, muy por el contrario sabemos que son de carne y hueso y que han demostrado hasta la saciedad que no tienen limites para ejercer violencia, han logrado vía testaferros, legalizaciones fraudulentas, complicadas operaciones en el mercado, mostrar el despojo, como tierras legales y en prosperas economías de plantaciones extensivas, en el latifundio ganadero o para el desarrollo de grandes mega-proyectos, entre otras dinámicas económicas, es la trama compleja que están defendiendo con prestigiosas oficinas de abogados o con criminales de manera abierta, no hay que llamarse a engaños, éste poder mafioso consolidado luego de cuarenta años de implantación en tantos territorios está vivo, ejerciendo y dispuesto a enfrentar al Estado de manera legal o con bala.

Las mafias que están detrás de la acción criminal contra el proceso de restitución de tierras tienen un amplio repertorio para ejercer violencia que va desde la contratación puntual de sicarios para atentar contra quienes reclaman hasta el mantener estructuras armadas de manera permanente para defender el despojo, y entre una y otra modalidad hay una multiplicidad de formas de organización y operación para actuar contra comunidades y líderes.

Asumir el restablecimiento de los derechos de propiedad para cerca de setecientas mil familias que fueron despojadas de su tierra y todo un proyecto de vida, es un reto mayúsculo y ahora que se está cumpliendo un año de la promulgación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras es claro que hay en curso una confrontación entre mafias y las comunidades; es de esperarse que el Estado y el conjunto de instituciones, con respaldo social y político, adelante una acción estrictamente apegada a la ley y a la Constitución Nacional, trabajando de manera decidida por restablecer el conjunto de derechos vulnerados.

La tarea no es fácil, pero hay que adelantarla asumiendo que de fondo lo que hay es el desmonte de unos poderes mafiosos que siguen actuando, intimidando y matando en un tercio del país, combinando sofisticadas formas que recurren a lo legal y lo ilegal, pero siempre por fuera de un proyecto democrático y de convivencia como el que definimos en aquel año 91.

Edición N° 00307 – Semana del 15 al 21 de Junio de 2012
 
 
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