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Masacre de San José de Apartadó: comportamiento Ético Superior

  José Hilario López Rincón
  Abogado Corporación por la Dignidad Humana
   
 

“Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos.”
Martin Luther King

El 21 de febrero de 2005, el Congreso de la República de Colombia se devanaba los sesos para aprobar la Ley 948, de honores a la memoria de Carlos Lemos Simmonds (1933-2003), autor de las obras “El Estado Ladrón” y “El rescate de la Moral”, célebre por la consigna que pronunciara en marzo de 1990: “La UP es el brazo político de las FARC” y recordado por haber sido “Presidente de la República” entre el 12 y el 24 de enero de 1998, “período presidencial” que le significó, una pensioncita vitalicia que ahora recibe la “ex primera dama”, Marta Blanco viuda de Lemos, por más de $21.956.000.

Esa misma fecha, paramilitares del Bloque héroes de Tolová bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” y sus compadres, militares de la Brigada XVII al mando del general Héctor Jaime Fandiño Rincón y la Primera División del Ejército al mando del general Mario Montoya Uribe masacraron a ocho indefensos pobladores de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, tres niños y cinco adultos jóvenes: En la vereda Mulatos Alto asesinaron a Luis Eduardo Guerra de 35 años, líder de la comunidad, defensor de derechos humanos y miembro del Consejo Interno; a su compañera Bellanira Areiza Guzmán de 17 años y a su hijo Deiner Andrés Guerra de 10 años. En la vereda La Resbalosa asesinaron y descuartizaron a Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, de 30 años; a su compañera Sandra Milena Muñoz Posso, de 24 años; a sus hijos, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años y Santiago Tuberquia Muñoz, de 18 meses; y al trabajador Alejandro Pérez Castaño. Sandra Milena y Alejandro recibieron heridas penetrantes del cráneo por artefacto metálico. Alfonso y sus pequeños hijos, fueron degollados.

El pasado 5 de junio de 2012, la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Antioquia resolvió el recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, de fecha 4 de agosto de 2010. Si bien el Tribunal decidió condenar a cuatro de los miembros del Ejército Nacional de Colombia que habían sido absueltos en primera instancia: Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega, Darío José Brango Agámez y Edgar García Estupiñán, como coautores de los delitos de Homicidio en Persona Protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso con el delito de Concierto para delinquir agravado; simultáneamente, confirmó la sentencia absolutoria de otros seis militares que participaron en esa operación, denominada “Fénix”, pero nada dijo respecto de los altos oficiales, generales y coroneles, que planearon y diseñaron la operación militar.

La decisión del Tribunal confirma el contubernio entre militares y narcotraficantes convertidos en paramilitares por obra y gracia de la Ley 975 de 2005, con la bendición del gobierno de Uribe Vélez y su Comisionado de Paz. Sin ninguna duda, dice la sentencia:

“Los aquí procesados, miembros del Ejército Nacional, comandantes de los pelotones Bolívar 1, Anzoátegui 1, Anzoátegui 2 y Anzoátegui 3, pertenecientes a la compañía Bolívar, en cumplimiento de la misión militar encomendada, advirtieron la presencia del grupo ilegal héroes de Tolová, y decidieron patrullar conjuntamente, a tal punto, que en ocasiones, iban uno detrás de otro, pero nada hicieron para que esto no continuara, ya fuere por obediencia al capitán Gordillo, Comandante de toda la misión, o porque se sintieron impotentes para hacer algo, en atención al número de miembros de las autodefensas, más o menos cincuenta, o porque tal vez otros miembros del Ejército también estuvieran de acuerdo con esa situación anormal, como lo llama la funcionaria de primera instancia” (negrilla fuera de texto)

La sentencia del Tribunal le da crédito a las palabras del mayor en retiro del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias “Zeus” quien en entrevista publicada en El Tiempo el pasado 3 de junio afirmó: “…era una orden de comando: patrullaba un 'paraco', un soldado, un 'paraco', un soldado”

Lo que no menciona la sentencia es que el entonces Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia había amenazado meses atrás: “Con la ayuda de Dios, en julio, a lo que es esta región: Urabá, Córdoba, bastante volcada, también hacia Paramillo, donde tenemos un operativo importante, llegará la nueva brigada móvil (…) Tenemos dificultades pero vendrá para atender no sólo esta parte de Antioquia sino toda la confluencia antioqueña y cordobesa-paramillo la brigada móvil número 11, que está en entrenamiento”.

Y a fe que se entrenaron arduamente. Se requiere mucho heroísmo, mucho comportamiento ético superior para degollar niños.

Lo que no dice el Tribunal Judicial, pero algún día cercano lo dirán los Tribunales Internacionales o el Tribunal de la Historia, es que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, antes de que se cumpliera un mes de la masacre, envalentonado de cinismo, quiso desviar la investigación, pretendió obstruir la acción de la justicia y justificar a los criminales, tildando a algunos de los “líderes, patrocinadores y defensores” de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de auxiliadores de las FARC.

Inclusive traspasó los bordes de la desvergüenza. Aseveró que “El informe oficial que yo he obtenido, es que lo investigado hasta ahora, en ninguna forma compromete la Fuerza Pública. Y Fuerza Pública y la ciudadanía de Apartadó ha dicho que esa masacre, infortunadamente, que costó la vida a tantos ciudadanos, fue cometida por el grupo terrorista de la FARC”.

Lo que tampoco dice la sentencia, pero sí la Historia reciente, es que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, fue extraditado en la madrugada del 13 de mayo de 2008, justo cuando empezaba a hablar de las relaciones entre el Bloque héroes de Tolová y los militares en la ejecución de la masacre de San José de Apartadó.

La sentencia le abre las puertas a la impunidad de generales y coroneles que por línea de mando planearon la Operación “Fénix”, pero también invita a la Corte Penal Internacional a que entre: “Bienvenida, adelante”, éste es un país que imparte justicia a medias a quienes degüellan niños; éste es un país donde la suerte de los niños se convierte en botín electorero de politiqueros; este es un país con una sociedad en somnoliento silencio.

La cobarde masacre contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, retrata de cuerpo entero los fundamentos éticos que vienen imponiéndose en el interior de la sociedad colombiana. Quienes acusan al Estado de ladrón y sermonean por el rescate de la moral, son los mismos que sin el menor sonrojo se embolsillan una pensión a todas luces ilegitima. Quienes firmaron la ley “de honores” ver a la memoria del ilustre “hijo epónimo” de Popayán, en calidad de presidentes de Senado y Cámara, son los mismos que pocos años después serían condenados por vínculos con los paramilitares: el “honorable” Luis Humberto Gómez Gallo y la “honorable” Zulema Jattin Corrales. ¿Y qué decir de los que hoy pregonan un “comportamiento ético superior” de las Fuerzas Armadas? ¿En dónde estaban, hace siete años, cuando las hordas militares-paramilitares degollaron a Santiago Tuberquia Muñoz, sin importar que apenas tenía 18 meses de edad? Santiago y su pequeña hermana Natalia Andrea de 6 años de edad se escondieron debajo de la cama y de allí fueron sacados a rastras por los asesinos militares-paramilitares para degollarlos sin contemplación.

Y el que fuera Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y ahora funge como Comandante de las Reservas; el que fuera elegido con el poder de los fusiles, las motosierras y los machetes de las Fuerzas Paramilitares; el que asumió la “responsabilidad política” de lo ocurrido en la Comunidad de Paz de San José de Apartado; el que buscó desviar la investigación y obstruyó la justicia, guarda silencio. El silencio de los miserables.

Edición N° 00307 – Semana del 15 al 21 de Junio de 2012
 
 
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