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La paz requiere más de lo tratado en el acto legislativo

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente de la Fundación Cultura Democrática
   
 

Aprobado en el Senado el Acto Legislativo para la paz queda su conciliación con lo aprobado por la Cámara, de forma que por lo sucedido se da por descontado su aprobación por el Congreso. Fue un ejercicio complejo y ampliamente discutido, que incluye señales positivas hacia un proceso de paz definitivo con las guerrillas, pero que tras la consagración de las figuras de la llamada justicia transicional deja fórmulas aceptables, otras insuficientes o inconvenientes y un debate que en buen grado se difirió a la ley estatutaria prevista, a tratar en el marco de un proceso de paz. Varias voces planteamos que la prioridad es adoptar una decisión política de fondo que conlleve la formulación y adopción de una política de paz integral, que supere la actual ambivalencia gubernamental entre una política de guerra al mando y una política de paz apenas anunciada, tras una década de empeño militar que no consigue la superación definitiva del conflicto armado. Instrumentos legales para la paz existen y pueden tramitarse desarrollos en el momento indicado, sin que desconozca que sea importante y en algún sentido necesario actualizarlos, e incorporar en especial lo referido a los principios de lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas, pero sin perder la óptica ante todo política que requiere un proceso de paz.

Desde 1996 la ONU formuló informes de relatores y luego resoluciones que han desarrollado nuevos parámetros de exigibilidad del derecho a la verdad y la obligación del esclarecimiento de lo sucedido sobre graves y masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, en el contexto de transiciones de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. Así mismo, consagró en igual sentido el derecho a la reparación de las víctimas, las medidas asociadas a la recuperación de la justicia admitiendo formas transicionales y no judiciales como las comisiones de la verdad, y demandó compromisos con las garantías de no repetición de las graves violaciones que implican superación de mecanismos, disposiciones, factores y actores que las propician. La modulación de las investigaciones y sanciones penales se incluyen en tal perspectiva no como un paradigma sino como una condición necesaria en ciertas circunstancias de masividad de ocurrencia de violaciones e incapacidad estatal para responder adecuadamente en materia de justicia, precisamente por el tipo de contextos referidos.

Simultáneamente, la amnistiablidad de los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra introducida en varios tratados y condensada recientemente en el estatuto de la Corte Penal Internacional, conlleva un desarrollo jurídico internacional en lucha también contra la impunidad en toda circunstancia y condiciona en cierta forma las dinámicas posibles de la modulación penal antes referida y en torno de lo que a partir de ella ha sido denominada como justicia transicional. Paralelamente se han abierto campo las dinámicas de la jurisdicción internacional frente al tratamiento de casos de ese tipo de graves crímenes, la no aceptación de las reservas de los Estados en torno a la adopción de los instrumentos de derechos humanos que protegen frente a tal tipo de violaciones y el estímulo a la cooperación internacional, incluido la aplicación de la extradición precisamente frente a la investigación y juzgamiento de los responsables para este nivel de casos. Los casos de Pinochet y Fugimori son emblemáticos al respecto. Abonan en igual sentido los desarrollos de los tribunales ad hoc, precedentes de la CPI, con resultados que trascienden desde el tratamiento de crisis humanitarias en Europa, África y Asia.

En Colombia contamos con tradición en la aplicación de amnistías e indultos en los procesos de paz, siendo experiencias valiosas las leyes 35 de 1982, 70 de 1989, 104 de 1998 y numerosos decretos reglamentarios para su aplicación, siendo claro que en todos los casos tuvieron exclusiones del beneficio penal para crímenes atroces, actos de sevicia, ejecuciones fuera de combate o en estado de indefensión. Es equivocada la opinión de quienes han interpretado una supuesta impunidad generalizada en el contexto de los procesos de paz ocurridos con anterioridad en el país, con las FARC, el M19, el EPL y otros grupos menores. (Independientemente de las circunstancias fallidas en el primer caso y exitosas en los otros, tema aparte). Caso cierto sí es que el tema de reconocimiento de los principios de lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas es asunto más reciente y se constituye en una nueva exigencia necesaria en todo proceso de paz en el presente y a futuro. No existe contradicción insalvable entre las amnistías y los indultos y las exigencias de tales principios a favor de los derechos de las víctimas, sino por el contrario deben asumirse con consecuencia en las actuales circunstancias. A la vez, es claro que las amnistías tendrán más clara y amplia exclusión del beneficio penal, con relación a las exigencias referidas.

El entendimiento con los paramilitares de las AUC y grupos similares por el gobierno Uribe no fue ni podía ser por su naturaleza un proceso de paz sino a lo sumo un proceso de DDR con fuerzas paraestatales que conllevarían en el mejor de los casos a un paso decisivo en el desmonte del fenómeno paramilitar, aún vigente en muchos de sus aspectos. El gobierno del momento fracasó en el intento de concederles estatus político y formas de entendimiento y negociación similares a la insurgencia. Discutir el estatus jurídico de los paramilitares conlleva principalmente a asociarlos por sus actuaciones a formas de mercenarismo y a grupos instrumentalizados para el castigo sistemático de la población civil, los cuales no merecen a la luz del DIH el reconocimiento del estatuto de combatientes. De forma parcial puede admitirse a la vez estructuras de combate paramilitar que en ocasionas enfrentaron frentes de la insurgencia y algunos grupos locales de autodefensa que actuaron en igual sentido. El marco legal de la Ley 975, a pesar de las valiosas rectificaciones de la Corte Constitucional, no consiguió los resultados esperados para con los cerca de cuatro mil ante todo paramilitares acogidos, en medio del fracaso de resultados penales y en materia de reparaciones y resultados parciales aunque valorables en materia de revelaciones de verdad. Como es muy reconocido, la desmovilización de las AUC fue parcial, con altos márgenes de inclusiones irregulares y con resultados contradictorios entre valiosos esfuerzos oficiales por la reintegración y altos márgenes de reincidencia. Ahora se espera, con la reforma de esta ley y con la aplicación de la Ley 1424, avanzar en soluciones de justicia transicional, sin claras garantías y con necesidades más integrales de tratamiento del fenómeno paramilitar persistente.

En términos estrictos, hablar de un proceso de paz en nuestras circunstancias se circunscribe a los posibles entendimientos políticos con las FARC y el ELN, pero por supuesto en el marco de dinámicas políticas, sociales y de distinto orden necesarias de abordar al reconocer la dimensión amplia de las causas y circunstancias del conflicto y el papel más decisivo e importante del protagonismo institucional, políticos y de la sociedad civil que habrán de tener estos procesos y más aún el conjunto de acciones comprometidas con la recuperación y la construcción de una paz sostenible. Por tanto, la aplicación de amnistías con mayores exclusiones penales o condicionadas, son uno de los varios elementos a considerar en la agenda de tales procesos así como lo son necesariamente los presupuestos de la justicia transicional, de los derechos de las víctimas y de los compromisos en particular con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

El Acto Legislativo en aprobación entrega valiosos elementos en definición de compromisos con los derechos de las víctimas referidas, excluye con acierto la no aplicación de formas transicionales y beneficios penales con grupos de carácter delincuencial, plantea fórmulas viables de aplicación de sanción penal, pero también mecanismos no judiciales, deja enunciados y diferidos a una ley estatutaria que habrá de adoptarse asuntos delicados y claves como la selectividad de casos para admitir la no judicialización de otros y las circunstancias de aceptación de la suspensión de la ejecución de las penas y la excarcelación. Resulta importante, a pesar de la intensa discusión y posturas divergentes hasta el final, reconocer y habilitar el carácter político de la insurgencia con todas sus implicaciones. Y si bien en el contexto de un proceso de paz puede admitirse un nivel de modulación penal, incluso de selectividad y priorización de los casos, como se hizo en el segundo aspecto a favor de la actuación de la Fiscalía, son válidos los temores y advertencias para que ello no conduzca a una grave situación de impunidad ante la magnitud del horror sucedido. Hemos discutido también que el Estado colombiano a pesar de la impunidad predominante y de altos niveles de ineficacia judicial, no está desestructurado, ni es incapaz para su actuación legal y judicial. Precisamente lo ocurrido en los últimos años en materia de jurisprudencia y actuación legal enseña también sobre reservas y posibilidades importantes de actuación al respecto.

Edición N° 00307 – Semana del 15 al 21 de Junio de 2012
 
 
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