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El trabajo infantil en el nuevo Plan de Desarrollo de Medellín,
aciertos y vacíos

  Ana Teresa Vélez Orrego
  Escuela Nacional Sindical
   
 

Por trabajo infantil se entiende toda actividad, remunerada o no, realizada por niños y niñas menores de 18 años, que vulnere su desarrollo físico, moral y psicológico. O sea aquellos trabajos que van en detrimento de la oportunidad de vivir su infancia y asistir a la escuela, y que deterioren su salud o su moralidad, por tanto afectan las capacidades individuales y sociales para el desarrollo humano.1

En Colombia es un problema alarmante. En 2009 (último año del que se tienen datos) el DANE registró una tasa de trabajo infantil de 9.2%. Aumentó 2.3 puntos con respecto al 2007, año en el que la tasa fue 6.9%. Esto representa 1´050.147 de niños y niñas entre 5 y 17 años que trabajaban, además de los 799.916 niños y niñas que se dedicaban a oficios del hogar más de 15 horas semanales.

En Medellín y su área metropolitana, el 6.3% de niños y niñas se encontraba trabajando, esto es 43.160; el 1.4% buscaba trabajo y el 54% dedicó tiempo a oficios del hogar. Al realizar la proyección, según la participación de Medellín en el área metropolitana, podemos deducir que la ciudad tiene aproximadamente 26 mil niños trabajadores.

Estas cifras muestran que las respuestas dadas hasta ahora en materia de política pública de trabajo infantil han sido insuficientes, siguen centrándose en una lógica de actuación subsidiaria y focalizada. Las iniciativas de ingresos han hecho énfasis en emprendimientos o microempresas que se tornan insostenibles y muchas veces pueden ser generadoras de mayor trabajo infantil, porque los niños y niñas se convierten en mano de obra trabajador familiar sin remuneración.

Los parámetros de actuación frente al trabajo infantil de la Ley 1098 de infancia y adolescencia, la retoma la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil 2008–2015, y obliga a alcaldes y gobernadores a incluir dentro de sus planes de desarrollo programas o proyectos dirigidos a la superación de esta problemática. La Procuraduría General de la Nación es la encargada del control y tiene la potestad para sancionar hasta con la destitución a quienes no lo hagan. De esta manera, los planes de desarrollo se convierten en una herramienta básica para el direccionamiento de la política pública, la asignación de responsabilidades y presupuestos en materia de erradicación del trabajo infantil.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del No Trabajo Infantil, resulta pertinente analizar cómo se asume este compromiso en el nuevo Plan de Desarrollo de Medellín, una ciudad donde es éticamente inaceptable que los casos de trabajo infantil crezcan cada año, cuando cuenta con condiciones económicas y la capacidad instalada para superar este problema, y los elementos de desigualdad que lo generan. Solo se requiere voluntad política para remover estructuras y un compromiso real con la infancia.

Aciertos y vacíos del Plan

El Plan de desarrollo “Medellín un hogar para la vida” tuvo una gran participación ciudadana, a través de los espacios de discusión por las líneas propuestas y con el acompañamiento del Consejo de Planeación Territorial. Las organizaciones participantes llegábamos a la conclusión de algunas dificultades y vacíos importantes en materia de infancia en lo correspondiente al enfoque mismo del plan, la relación con las otras líneas y la imprecisión de los programas.

El plan se mueve entre el enfoque de derechos y la teoría de la gestión social del riesgo, sin percatarse de que son mutuamente excluyentes y esa ambigüedad lo recorre de principio a fin. Para en últimas, estar más cerca de los tradicionales programas con enfoque de riesgo y grupos vulnerables que se desligan de la perspectiva de derechos, en cuanto focalizan a los más pobres de los pobres por vía del SISBEN y se abandona el carácter de progresividad para alcanzar la  universalidad de los derechos, sin reconocer además las condiciones subyacentes a la situación de pobreza y exclusión, como la concentración de la riqueza y la dominación, que en este caso afectan directamente a la infancia  y difícilmente se superan con programas de corto plazo y focalizados en la población de mayor riesgo.

El indicador de Gini entre 0 y 1 (entre más cerca a 1 significa mayor desigualdad) muestra la concentración de la riqueza y por tanto la desigualdad social. Para el caso de Medellín este indicador es de 0.5, lo que muestra una situación estructural que requiere de políticas de redistribución, de las cuales el plan no da cuenta. Su objetivo es disminuir la inequidad pero las estrategias no apuntan a remover los procesos de concentración de riqueza.

Además la responsabilidad del sector privado se ve desdibujada en el plan en general como uno de los actores con mayor responsabilidad en situaciones de vulneración, sobre todo en la omisión en materia de la generación de trabajo decente para los adultos, que se revierte en el aumento de trabajo infantil. Llama la atención cómo los dueños de los servicios de salud y educación escapan a la corresponsabilidad con la infancia, más allá de sus fundaciones y apoyos solidarios que los benefician con reducción de impuestos y legitimidad social. Se requiere que los empresarios sean parte activa y con responsabilidades amplias y contundentes de un espacio colectivo construido como política pública.

La Línea 2: “Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno”, es la que enmarca la mayoría de las condiciones socieconómicas causantes de trabajo infantil, por tanto en ella uno de sus componentes aborda el tema, aunque de forma sumamente limitada.

Su diagnóstico parte de evidenciar las causas de la inequidad en la ciudad para proponer acciones que superarla. Se abordan como temas de inequidad los problemas de la educación en términos de cobertura, pertinencia, calidad, articulación y reconocimiento del sujeto maestro; en alimentación, la inseguridad alimentaria de población vulnerable, la falta de formación en hábitos saludables de alimentación, la falta de estrategias de desarrollo de capacidades en familias y poblaciones en riesgo, y las pocas acciones para la inclusión social urbana–rural. En cuanto a la población infantil, la falta de procesos de inclusión integral y diferencial de la primera infancia y estrategias participativas de mejoramiento de la calidad de vida de la niñez, y finalmente el déficit habitacional y de servicios públicos.

Se esperaría que con la actuación en problemáticas mucho más amplias, como las nombradas en la línea, se ataquen las raíces del problema del trabajo infantil. Sin embargo existen vacíos en el abordaje de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, esta línea no hace énfasis en el tema de limitaciones de acceso al mercado laboral de adultos y a las condiciones de trabajo precarias como condicionante de la situación de los niños y niñas, especialmente de su vinculación temprana al trabajo. Este tema es parte de la siguiente línea denominada “Competitividad para el desarrollo económico con equidad”, donde se nombra de manera reiterada el trabajo decente para la población, sin que quede explícito cómo la administración municipal concibe el contenido de este concepto, y se plantean alianzas estratégicas para la inserción laboral sin claridades de la responsabilidad del empresariado en la generación de empleos y de inversión más allá de la caridad.

El componente 1: “Medellín Educada para la vida y la equidad” promete mucho en su título, pero los programas se quedan cortos. En el programa educación para todos y todas incluye a los niños y niñas trabajadores como población en riesgo social para el acceso a la educación con “estrategias inclusivas, metodologías flexibles, maestros formados para la atención en la diversidad, y profesionales de apoyo idóneos”. También se plantean beneficios educativos para el acceso y permanencia, tales como complemento nutricional, transporte escolar, tiquete estudiantil, kit escolares, atención a factores de riesgo psicosocial y hábitos de vida saludable.

Pero el tema de gratuidad en educación como un indicador básico de accesibilidad continúa pendiente en este plan de desarrollo. Si de manera contundente no se remueven los obstáculos económicos de costos directos e indirectos de la educación, no es posible que niños y niñas trabajadores o en riesgo de serlo puedan acceder y permanecer en la educación, y que ésta sea el elemento articulador de derechos.

Por otro lado, las jornadas escolares complementarias, que son un elemento de aceptabilidad en cuanto a calidad y pertinencia, es una estrategia básica en la erradicación del trabajo infantil como posibilidad de utilización del tiempo libre en actividades de interés, disminuyendo la valoración y expectativas en las actividades productivas. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 le dio a las cajas de compensación familiar una responsabilidad concreta en la erradicación del trabajo infantil, a través de la oferta de actividades en Jornada Escolar Complementaria. Sin embargo éstas no son mencionadas dentro del plan de desarrollo.

El componente 2: “Seguridad Alimentaria” es un tema de incidencia para atacar causas de trabajo infantil. Los programas alimenticios tienen el reto de conseguir que los niños y niñas no vayan al trabajo por razones de hambre en sus hogares. Sin embargo, los indicadores de este componente no son para nada ambiciosos. Si bien acabar con el hambre es una tarea difícil, esta administración solo se pone como meta disminuir en un punto porcentual la inseguridad alimentaria hoy en un 35.7%, a través de la continuación de lo que hasta ahora se ha generado como estrategia, sumándole la creación de 8 comedores comunitarios para personas mayores.

El componente 3: “Bienestar e inclusión social para la familia”, presenta a Medellín Solidaria como su programa bandera, sin que se evidencie cómo van a mejorar los vacíos en la ejecución de este programa, tanto en su enfoque paliativo por el débil desarrollo de las dimensiones que promueve, que posibilitarían la creación de capacidades e independencia económica, o sea lo correspondiente a ingresos, trabajo y habitabilidad.

En el componente 4: “Medellín, ciudad de niños, niñas y adolescentes”, es donde se espera encontrar los programas bandera para mejorar las condiciones de vida de la infancia en la ciudad, y de esta manera prevenir y retirar a niños y niñas del mundo laboral. En este componente se ubican dos programas. El primero es la continuación de Buen Comienzo, dirigido a la primera infancia aunado a la estrategia nacional “De Cero a siempre”. No queda clara la ampliación del programa o mejoras frente a lo que hoy existe. El segundo programa: “Protección integral a la infancia”, plantea acciones de promoción de derechos, de prevención y restablecimiento pero finalmente no se comprende muy bien cuáles son los lineamientos de actuación. Al parecer se construirá con los actores del Sistema de  Nacional de Bienestar Familiar.

En conclusión, podemos decir que este plan de desarrollo tiene vacíos importantes frente a la infancia, y más aún en la infancia trabajadora. Desde una mirada optimista podríamos decir que es tan amplio que a través de un proceso de participación ciudadana se pueden incluir mejoras a los programas existentes, sobre todo en términos del enfoque, y creación de otros programas con gestión de aportes públicos–privados.

Pero, en general nos encontramos ante un plan que es limitado frente a la dinámica de concentración de riqueza en la ciudad. Mediante el ingreso ciudadano, el trabajo decente, la seguridad alimentaria, gratuidad y pertinencia en la educación, etc., es posible transformar las relaciones sociales de dominación y posibilitar una ciudadanía emancipada y no subsidiada, esto es, con acceso a derechos y no servicios o ayudas, donde los niños y niñas tengan posibilidad de agenciar su presente y su futuro.

Edición N° 00307 – Semana del 15 al 21 de Junio de 2012

1Lo anterior como acuerdo internacional, se sustenta en los convenios 138 y 182 ratificados por nuestro país ante la OIT. Además esta organización identifica el trabajo infantil como un indicador de medición de trabajo decente. Por otra parte, es una de las problemáticas de las que se debe proteger a la infancia, según la Convención de Derechos del Niño y la legislación nacional (Ley 1098 de infancia y adolescencia).

 
 
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