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¿Marco para la paz sin proceso de paz?

  Alejo Vargas Velásquez
  Profesor titular – Universidad Nacional,
Coordinador Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
   
 

Se aprobó en la legislatura que termina el llamado Marco Jurídico para la Paz una iniciativa aparentemente del Congreso, pero realmente estaba detrás de la misma el Gobierno del presidente Santos quien considera que en el actual contexto nacional, internacional y global, el marco de acción jurídico con que cuenta el Gobierno para un eventual proceso de paz con las guerrillas es muy limitado y que por consiguiente era necesario dotarlo de herramientas en ese sentido.

Esta iniciativa, que realmente es una reforma constitucional –introducir un artículo transitorio a la Constitución que luego requiere un desarrollo legal a través de una ley estatutaria, para que tenga control previo de constitucionalidad- tuvo una fuerte oposición tanto desde la derecha representada por el uribismo que lo consideraba como un mecanismo para la impunidad y darle beneficios excesivos a los miembros de organizaciones guerrilleras como del lado de ONGs de Derechos Humanos que consideraban, en personajes como José María Vivanco, que esta reforma habría posibilidades para la impunidad de funcionarios públicos y era una especie de ‘amnistía disfrazada’. En el caso del uribismo es entendible por varias razones, para ellos sólo existe como modelo la normatividad que utilizaron para la desmovilización parcial de los grupos paramilitares la cuestionada ‘Ley de Justicia y Paz’ y adicionalmente en su carrera de cuestionamiento al Gobierno Santos, cualquier decisión de éste es vista con recelo y desconfianza, cuando no con rechazo total.

En el caso de las ONG de Derechos Humanos es más comprensible pues ellas expresan bien una de las partes de la tensión que siempre se genera entre Paz y Justicia; si bien manifiestan que están de acuerdo con la Paz –y efectivamente creo que lo están-, consideran que lo fundamental es el tema de la Justicia y la reparación de las víctimas– la pregunta central de la controversia es: ¿qué tanta impunidad se aceptaría a cambio de la paz?

Por el contrario, las iniciativas de Paz siempre van a considerar que lo fundamental es la consecución del valor supremo de la Paz, aunque esto conlleve un alto nivel de impunidad. Y ésta es una controversia que ha siempre involucrado a distintos sectores en las sociedades con enfrentamientos violentos y que buscan salidas negociadas.

Lo que se coloca al orden del día es la posibilidad que dicho Marco Jurídico pueda ser usado y para ello se requiere viabilizar un proceso de paz. Como el presidente Santos ha dicho que una de sus prioridades es hacer la paz,  hay necesidad de aprender de los que han sido exitosos en conducir procesos de negociación y en el caso colombiano solamente el Gobierno del presidente Virgilio Barco –el que tuvo como slogan de Gobierno ‘Mano tendida y pulso firme’- logró la desmovilización exitosa de organizaciones guerrilleras –el M-19, el sector mayoritario del EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame, el PRT- y para ello fue fundamental haber formulado públicamente, a mediados de su Gobierno –después del secuestro y liberación del Álvaro Gómez Hurtado-, una política de paz que se denominó la ‘Iniciativa para la Paz’ y que establecía las condiciones, etapas y los procedimientos para unas eventuales conversaciones de paz.

Me parece que el Gobierno Santos está en mora de formular una política pública de paz en la cual defina claramente, cuáles son los pre-requisitos que el Gobierno le fija a una organización guerrillera para iniciar un proceso de acercamientos y cuáles serían los procedimientos para adelantar un proceso de este tipo;  porque me parece que las continuas menciones a que ‘tiene la llave para la paz’ en su bolsillo suena a frase desgastada y diciéndole a los militares en retiro que ‘no hay que tenerle miedo a la paz’, pero si al mismo tiempo no se desarrollan iniciativas serias y se tiene la carencia de una política pública de paz, lo que se genera es mucha suspicacia en sectores de la opinión, especialmente los menos amigables con la idea de la paz negociada; es decir, se le da munición al enemigo.

Igualmente me pregunto si teniendo ese Marco Jurídico para la Paz, junto con la Ley de Víctimas y de restitución de tierras y la Ley de vivienda gratis,  no ha llegado el momento para que el Presidente nombre el Alto Comisionado para la Paz –dijo que no lo nombraría hasta que no hubieran posibilidades serias de una salida negociada-, para que sea el responsable de darle desarrollo a esa política de paz –una política como ésta no produce resultados por ‘generación espontánea’, se requiere que haya quién la conduzca bajo la orientación del Presidente, por supuesto-. De otra manera es tener una Marco Jurídico para la Paz, sin proceso de paz, lo cual sonaría a muchos al adagio de ‘ensillar antes de traer las bestias’.

Si son verdad los rumores de reales o supuestos acercamientos secretos con las FARC en el exterior, ello sólo da pie para que se especule acerca de qué se estaría negociando en la penumbra. No hay duda que en este aspecto debe coincidirse, aunque con argumentos distintos, con la demanda que siempre han hecho las guerrillas de ‘negociar de cara al país’; el Gobierno igualmente debe hacerlo porque al ser una democracia un régimen político en el cual el poder está distribuido y mutuamente controlado el Ejecutivo tiene unos márgenes de maniobra, pero no tiene poderes absolutos y eso sólo se da en autoritarismos. Los procesos en la penumbra estimulan y generan más interrogantes que tranquilidad en la sociedad –recordemos todas las preguntas que hay todavía sobre el proceso de desmovilización de los paramilitares en Santa Fe de Ralito, para sólo hablar del último-.

Ahora bien, el que haya una política pública de paz no excluye, por el contrario puede estar contemplado dentro de la misma que en la etapa de exploración o pre-negociación como la denominan especialistas en negociación de conflictos se hagan aproximaciones reservadas entre las partes, justamente para que ambas partes valoren si están dadas las condiciones para dar inicio a conversaciones formales.

Por supuesto, todo lo anterior tiene como base el margen de confianza que en una democracia presidencialista se debe tener con el Primer Mandatario como orientador y conductor de las políticas públicas. Es decir, no se puede desconfiar del tino con el cual el Presidente puede conducir la política pública de paz en beneficio de la nación colombiana.

Sin duda, ahora se requiere que las organizaciones guerrilleras FARC y ELN, tengan la sensatez para valorar que el momento de la negociación del conflicto interno armado ha llegado; que no se requiere como dicen los enemigos agazapados de la paz que primero se derrote a la guerrilla –es decir que la guerra siga indefinidamente- y que muy seguramente el Estado y la sociedad colombiana en su inmensa mayoría estarían dispuestos a ser generosos con ellos si efectivamente ven un deseo sincero de llegar a un cierre final del conflicto armado. Ojalá organizaciones o grupos de la sociedad civil, que eventualmente puedan ser escuchados por la insurgencia guerrillera, contribuyan a crear ese ambiente de propensión hacia un final político de este ciclo de violencia. Todos los colombianos que no apostamos a la idea de seguirnos matando indefinidamente buscando un ilusorio triunfo militar, tenemos la responsabilidad de tratar de ayudar desde nuestras posiciones.

Edición N° 00308 – Semana del 22 al 28 de Junio de 2012
 
 
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