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Un resonante triunfo de la ciudadanía

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Este jueves 28 de junio en lánguidas sesiones extraordinarias, el Senado de la República con 73 votos y la Cámara de Representantes con 117 votos, hundieron la mal llamada Reforma Constitucional a la Justicia, los parlamentarios procedieron de acuerdo con la orientación del Gobierno del presidente de la República Juan Manuel Santos. Le dieron de esta manera un entierro de tercera a una reforma que finalmente los ciudadanos indignados con el Congreso, con las altas cortes de justicia y con el Gobierno, identificaron como un adefesio hecho para favorecer la impunidad de no más allá de 1300 ciudadanos que en Colombia tienen algún tipo de fuero especial en la investigación y juzgamiento que les hace en relación con las funciones que desempeñan.

Como lo registró de inmediato una encuesta de la firma Gallup, los colombianos encuestados tienen una imagen negativa del Congreso en un 69%, una imagen negativa de la Corte Suprema de Justicia del 52%, de la Corte Constitucional en un 43% y en general con el sistema judicial colombiano con una imagen negativa del 70%. También cayó la imagen del presidente de la República Juan Manuel Santos, de acuerdo con Gallup mientras que en el mes de abril Santos tenía una imagen favorable de 64% y desfavorable del 27% en Junio, después del episodio de la reforma a la justicia, la imagen desfavorable subió al 43% frente a una imagen favorable del 48% la más baja en los casi dos años de ejercicio del poder.

Y estos resultados fueron el reflejo de lo que sucedió en las dos últimas semanas en el país. Las redes sociales principalmente, pero también algunos medios de comunicación así como organizaciones ciudadanas como la Coalición por la Defensa de la Constitución de 1991 lograron un gran impacto en la opinión pública pidiendo el hundimiento de una reforma a todas luces ilegitima. Los ciudadanos entendieron finalmente que esta reforma era hecha para blindar las tropelías y privilegios de un pequeño número de funcionarios públicos y dentro de ese pequeño grupo los más beneficiados eran los propios parlamentarios que aprobaron  una reforma para su beneficio. Prácticamente acababan con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que había establecido la Constitución de 1991 para ellos; hacían prácticamente imposible la figura de la pérdida de investidura; establecían un sistema de investigación formalmente dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad en unas salas especiales para la investigación y el juzgamiento en primera instancia y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia  en segunda instancia. Acababan prácticamente con la figura de la muerte política para los parlamentarios condenados que podrían volver a presentarse a elecciones para ocupar nuevamente cargos en el Estado, en fin, en la medida en que se conoció ampliamente el texto aprobado en el Congreso en las sesiones del 20 de junio fue creciendo la indignación a través de las redes sociales principalmente Twitter y Facebook, pero también a través de todas las redes existentes en Internet.

Hay que destacar la presencia en los medios de comunicación de la Coalición Ciudadana por la Defensa de la Constitución de 1991 que se había constituido desde el segundo semestre de 2011 para hacer un seguimiento al esperpento que había tenido su origen en las huestes de la campaña electoral del entonces candidato de Cambio Radical Germán Vargas Lleras. Esta coalición ciudadana realizó un  seguimiento al detalle de los cambios y las transformaciones que se presentaron a lo largo de las dos legislaturas en que se discutió el proyecto. Presentó críticas y propuestas fundamentadas, llamó la atención desde el comienzo a que la llamada reforma a la Justicia era en realidad una contrarreforma política que pretendía regresar al mundo de privilegios de los congresistas y los aforados. Señaló que eran completamente insuficientes las medidas que contenía la reforma para hacer frente al atosigamiento del aparato judicial que tiene 2.9 millones de procesos sin evacuar. Señaló que la reforma era improvisada y que tampoco resolvería los problemas de administración de la Rama Judicial, todo ello lo hizo como ya señalamos a lo largo del debate que se surtió en el Congreso en las dos legislaturas pasadas. A pesar de todas las advertencias, de reuniones con los ponentes, de presencia en las Audiencias Públicas el engendro clientelista para favorecer la impunidad siguió su curso. Como señaló un representante a la Cámara la última semana de la reforma cuando ya iba en camino de la Plenaria de esta Corporación, se habían despertado todos las arrogancias para favorecerse y nuestras propuestas de archivo apenas si habían tenido el respaldo del senador del Polo Luis Carlos Avellaneda. Todo parecía consumado. Los comunicados en que se hacía un análisis de las inconveniencias de la reforma apenas comenzaron a tener audiencia en las últimas semanas. Las redes sociales comenzaron a interesarse, pero no así ni el Ejecutivo ni mucho menos el Congreso donde se estaba cocinando el pequeño monstruo en que terminó convertida la llamada Reforma a la Justicia. El ambiente que se respiraba era de franca derrota.

Pero, la arrogancia los perdió y esa arrogancia favoreció el despertar de la ciudadanía. Cuando se consumó el atropello con los textos de la conciliación entre Cámara y Senado de la República creció la indignación ciudadana. A la coalición ciudadana se sumaron miles de ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales y sobre todo las redes sociales. La propuesta de Referendo Derogatorio rápidamente consiguió la adhesión de decenas de miles de ciudadanos que comenzaron a bajar las hojas para firmar y salieron a la calle, a este movimiento se sumaron expresiones políticas como Progresistas con Antonio Navarro a la cabeza, el Polo Democrático y sectores diversos de la sociedad así como columnistas y algunos medios de comunicación. Sólo en este momento y dada la fuerza que cogió la propuesta de referendo derogatorio el Gobierno se pellizcó. El propio presidente Juan Manuel Santos se apersonó del problema y la salida jurídica que contempló fue la de objetar el Acto Legislativo pretextado que el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, había sido excluido de la fase final del trámite de la reforma al no permitírsele su ingreso a la Comisión de Conciliación en vano Santos trató de demostrar que el proyecto había sido desnaturalizado en esta fase, pero los propios medios masivos lo desmintieron mostrando que de las cuatro objeciones tres venían desde antes en el texto. El resto ya es de público conocimiento: objeciones radicadas el día lunes 25 de junio y citación a sesiones extraordinarias los días miércoles 27 y jueves 28 de junio con el único propósito de hundir el Acto Legislativo.

Un remedio peor que la enfermedad

El camino escogido por el Gobierno no es a nuestro juicio el mecanismo adecuado puesto que en ninguna parte la Constitución le otorga facultades al Presidente para objetar Actos Legislativos. El Presidente tenía otros medios, si el daño anunciado con la entrada en vigencia del Acto Legislativo iba en detrimento de la Constitución Política. El Presidente bien hubiese podido con la firma de todos sus ministros declarar la Conmoción Interior y enviar con mensaje de urgencia el texto aprobado por el Congreso a revisión de la Corte Constitucional frente a la cual el Gobierno hubiese podido esgrimir sus argumentos para que el  Tribunal Constitucional resolviera definitivamente sobre este proyecto. El Gobierno prefirió la vía del asalto de las funciones del Congreso que es ilegitimo e ilegal a nuestro juicio. Si prospera la tesis del Gobierno, de hecho el Legislativo queda limitado en sus funciones legislativas y el Ejecutivo se abroga funciones que la Constitución no le confiere en ninguna parte de su texto. El asunto no es de poca monta. Por la vía fáctica el acto legislativo no tiene vida pues no fue promulgado al no permitirse su publicación en el diario oficial. Algunos constitucionalistas han hablado de un golpe de Estado en contra de las funciones constitucionales del Congreso de la República.

Lo que sigue

La coalición ciudadana que fue parte de todo este trabajo ha acordado en primer lugar, mantenerse en funcionamiento para hacer un seguimiento a las demandas aceptadas por la Corte Constitucional frente al fallido Acato Legislativo, así como a la suerte que corra la demanda también admitida por el Consejo de Estado en contra del decreto de citación a sesiones extraordinarias del Congreso en que se hundió la Reforma. En segundo lugar, recoger todos los formularios de firmas por el referendo derogatorio y en tercer lugar, presentar una demanda el martes 3 de junio en contra del fallido Acto Legislativo ante la Corte Constitucional buscando el entierro definitivo del engendro antidemocrático llamado de Reforma a la Justicia con ello se busca que sea la Corte Constitucional la que le dé entierro final a este proyecto y al mismo tiempo señale con claridad si el presidente de la República Juan Manuel Santos, extralimitó sus funciones al objetar dicho acto legislativo frente al Congreso. Obviamente que nos alegra que dicho Acto Legislativo no haya tenido vida por el bien de la Constitución y de la Democracia en el país.

La coalición deberá definir así mismo sobre el tema de la Reforma a la Justicia que reclama la ciudadanía, pero una reforma que realmente enfrente los verdaderos problemas de la Justicia.

Edición N° 00309 – Semana del 29 de Junio al 5 de Julio de 2012
 
 
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