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Santos: hacia otro nuevo fracaso legislativo

  Héctor Alonso Moreno
  Profesor – Universidad del Valle
   
 

En el país ha sido tradicional la aplicación de políticas públicas de modelos de sometimiento a la justicia, consistente algunas veces, en la rebaja de penas a cambio que los actores armados llámense Paramilitares o Guerrilleros se sometan a la ley. Lo anterior, se ha desarrollado mediante un marco jurídico especial que podría denominarse como una especie de justicia transicional que ha permitido una favorabilidad para quienes hayan cometido delitos en el desarrollo del Conflicto Político Armado.

Quiere decir lo anterior, que a quienes se acogen a este tipo de justicia no se les aplica el Código Penal colombiano en estricto sentido; es decir, la justicia ordinaria; sino la justicia transicional. Esta justicia, como su nombre lo indica, tiene como propósito permitir el tránsito de una sociedad en guerra a una sociedad en paz, o mejor aún, hacer el tránsito de una sociedad en conflicto a una sociedad del posconflicto.

Este modelo de sometimiento a la justicia busca favorecer a los individuos frente al marco legal de castigos y penas del actual Código Penal, pero poco o nada contribuye a resolver los problemas estructurales de la sociedad, ni contempla la posibilidad de adelantar reformas políticas ni sociales, ni mucho menos; estimula acuerdos de ninguna naturaleza que permitan superar las razones objetivas que justifican, o que al menos esgrimen como justificatorios los actores armados; como motivos que alientan su accionar violento.

En Colombia desde el inicio del último período de violencia política con la fundación de las FARC (1966) y particularmente a partir de la época del Gobierno del presidente Belisario Betancourt (1982-1986), se ha venido aplicando medidas jurídicas como la amnistía y el indulto en el marco del ordenamiento constitucional con el propósito de resolver la situación jurídica de los insurgentes. Medidas que permitieron en el pasado la libertad de guerrilleros, quienes en su mayoría se reincorporaron nuevamente a las acciones armadas.

Pero, no solamente la facultad constitucional del Presidente de ofrecer este tipo de beneficios se ha desarrollado en el país. También durante el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, (2002-2010) se desarrolló un modelo de justicia transicional denominado ley de verdad, justicia y reparación e inicialmente aplicada no a los actores armados de los grupos guerrilleros, sino, a las bandas criminales armadas de los grupos del narcotráfico. Este proceso, si bien es cierto, permitió la entrega de los principales capos del narcotráfico, así como el conocimiento de algunas de las fuentes de apoyo político y financiero del paramilitarismo, finalmente fracasó, como método de aplicación de justicia.

Según el senador Roy Barreras, el proceso de aplicación de la ley de Verdad, Justicia y Reparación del presidente Álvaro Uribe Vélez tuvo como resultado final que sólo se profirieran dos condenas frente a los casi 340 mil delitos denunciados; una de las condenas fue por falsedad en documento publico. De resto, han quedado en la total impunidad los crímenes cometidos por estas organizaciones criminales, algunos de los cuales, sino su mayoría, catalogados como crímenes de lesa humanidad.

Este nuevo modelo de Justicia transicional aprobado por el Gobierno del doctor Santos, debe cuidarse de no cubrir de impunidad los crímenes de lesa humanidad y de no llamar la atención de la Corte Penal Internacional y de los organismos de justicia internacionales, quienes estarán muy pendientes de la aplicación de esta justicia transicional a fin de garantizar el castigo de quienes han violado los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el país.

De ahí entonces, que esta nueva ley del marco legal para la Paz se augura como un nuevo fracaso de las iniciativas legislativas del presidente Santos, después del sonado caso de la reforma a la justicia; como quiera que la experiencia internacional en manejo de conflictos armados enseña que este tipo de justicia para ser efectiva debe ser aplicada después de acordarse con los interesados su alcance en unas conversaciones de paz, y cosa que aún no ha ocurrido durante el Gobierno de Santos.

Esta estrategia de rebaja de penas por paz a lo que debe apuntar es a resolver la situación jurídica de manera particular de los combatientes después de las negociaciones, y a permitir, por su puesto, un proceso de reinserción sin contra tiempos legales de estas organizaciones a la vida civil. Claro está, en el marco del respeto de los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.

Edición N° 00309 – Semana del 29 de Junio al 5 de Julio de 2012
 
 
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