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Triunfó la indignación popular

  María Teresa Garcés
  Abogada de la Universidad Javeriana, especializada en derecho público en la Universidad la Sorbona – París
   
 

La crisis política actual se desató gracias a la expresión generalizada de la INDIGNACIÓN del pueblo colombiano. Y ello nos salvó de una mal llamada “reforma a la justicia” con la cual se intentó manosear, una vez más, la Constitución de 1991.

La participación ciudadana organizada y el papel de los medios

Esta expresión de la ciudadanía demuestra, además, que cuando se realiza un trabajo juicioso y organizado, los resultados de la participación y del control social pueden llegar a ser sorprendentes. En efecto, desde el año pasado, varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Viva la Ciudadanía, Plural, la MOE, Corporación Excelencia de la Justicia, Comisión Colombiana de Juristas, Corpopública, Red de Veedurías Ver, Transparencia Colombia, y algunos ciudadanos, decidimos hacerle seguimiento a cada uno de los debates del proyecto, sacamos comunicados que fueron entregados a los miembros de las Comisiones del Congreso, los enviamos a las redes sociales y a los medios de comunicación, asistimos a audiencias en el Congreso donde expresamos nuestros reparos, hicimos reuniones con algunos ponentes y congresistas que se mostraron interesados, escribimos en los medios, hablamos con periodistas, hicimos una tarea de información y reflexión. A ello se sumó el interés que se fue despertando en los medios por el tema. Y el resultado ya lo conocemos.

Los congresistas en su mayoría votaron en su propio beneficio

Pero en un principio, todo fue en vano: los congresistas que votaron el proyecto, ya se habían auto-otorgado la facultad de hacerlo en su propio beneficio, en una reforma constitucional hecha a espaldas del País el año pasado, que los eximió de perder la investidura, cuando reforman la Constitución teniendo conflicto de intereses. Por eso en el trámite de la reforma deliberaron y votaron personas con investigaciones en curso, o que son parientes o llegaron al Congreso con los votos de investigados, encarcelados,  juzgados, o condenados, obviamente con el compromiso de hacerles “el favorcito” de legislar en su beneficio.

Por eso decidieron suprimir la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que adelanta 130 procesos contra congresistas y ex congresistas por el presunto delito de concierto para delinquir. En lugar de fortalecerla, crearon dos corporaciones para adelantar la investigación y el juzgamiento de los congresistas y otros aforados, y un procedimiento largo y dispendioso. Este ciertamente hubiera sido el fin del juzgamiento de la parapolítica, pues las investigaciones en curso hubieran quedado en un limbo jurídico.

Los congresistas quisieron convertirse en ciudadanos privilegiados, en contra del principio de igualdad de todas las personas, al establecer que sólo podrán ser privados de la libertad cuando la resolución de acusación esté en firme, o sea que podrán seguir votando los proyectos de ley.

También se empeñaron en enterrar la figura de la pérdida de la investidura de los congresistas, creada por petición de la población colombiana a la Constituyente, para acabar con los abusos y la ilegitimidad del Congreso, ciertamente con el voto de 37 Congresistas actualmente investigados por el Consejo de Estado: establecieron un trámite dispendioso y complejo, debilitaron y suprimieron algunas causales a pesar de ser de extrema gravedad y dejaron a la ley su desarrollo, o sea a los mismos congresistas, sin conflicto de intereses para votarla.

Se lesionó la participación ciudadana en el control de sus representantes con obstáculos para iniciar las investigaciones a los aforados como la exigencia de que la denuncia o queja deba presentarse personalmente mediante escrito acompañado de las pruebas, con lo cual muchos procesos, en especial aquellos por “parapolitica” o “farcpolitica”, no podrán adelantarse, pues la inmensa mayoría de dichas denuncias se han hecho  mediante anónimos, por obvias razones. También se pone una talanquera al control social sobre sus representantes, al estipular que cuando éstas sean “infundadas o temerarias”, los demandantes serán condenados a pagar las costas del proceso. O sea que la reforma quiso afectar gravemente el sistema democrático y participativo de la Constitución.

Con la bandera de acabar con la desacreditada Comisión de Acusaciones, para lo cual no era necesario reformar la Constitución, crearon una Comisión de Aforados, nombrados por la Cámara de Representantes, con funciones de investigar, pero la decisión de acusar o no ante el Senado a los aforados, seguía siendo de la Cámara. ¿Qué confiabilidad podía haber en esta alternativa presuntamente salvadora?

La reforma no garantiza el derecho de acceso a la justicia y termina la gratuidad

Finalmente, y lo que es inconcebible cuando se dijo en un inicio que el propósito de la reforma era procurar el acceso de la gente a una justicia pronta y cumplida, la reforma aprobada por el Congreso hace más difícil la garantía de este derecho, cuando abre la puerta a una peligrosa privatización de la justicia, en vez de fortalecer la institucionalidad, y, de otra parte, establece la necesidad de pagar el arancel judicial, o sea que acaba con la gratuidad tradicional de la justicia.

La iniciativa ciudadana del referendo derogatorio hizo que se “hundiera” la reforma

Millones de ciudadanos de todos los sectores, regiones y estratos, y de twiteros en las redes sociales, reaccionaron airadamente cuando se dieron cuenta de las consecuencias gravísimas para el País, de la aprobación de esta reforma por el Congreso. De ahí surgió la idea de convocar un referendo que derogara la reforma, iniciativa fundamentada en el artículo 377 de la Constitución, que se expandió por las redes sociales y permitió que en pocos días se recogieran miles de firmas, con el liderazgo de organizaciones ciudadanas que contaron además con el respaldo de algunos congresistas y políticos contradictores de la reforma.

Y fue esta expresión popular la que dio lugar a la decisión del Presidente de objetar la reforma en su totalidad, aun cuando esta posibilidad no tenga respaldo constitucional, y, con base en una convocatoria a sesiones extras del Congreso, obtuvo, luego de un caluroso debate donde ni los congresistas que votaron a favor, ni los partidos que los respaldan, se responsabilizaron, y por el contrario se declararon sorprendidos, o que no habían captado la gravedad de lo que habían aprobado, o que no habían leído, o no habían entendido. Una actitud inadmisible en niños menores de diez años. Sorprende que el único que presentó su renuncia y asumió su responsabilidad, según dijo, por no haber visto lo que hubiera debido ver, fue el Ministro de Justicia.

El “hundimiento” de la reforma dejó lesionada la legitimidad de las tres ramas del poder público, pues se evidenció, gracias a la actitud de la población, que los colombianos no estamos dispuestos a continuar mirando desde la barrera el espectáculo de dirigentes políticos que actúan, desde el poder, en su propio beneficio  y no como les ordena la Constitución de 1991 - que han querido desmontar -, consultando la justicia y el bien común.

¿Qué sigue hacia adelante?

Como la reforma no ha sido legalmente archivada, dados los procedimientos inconstitucionales utilizados para hundirla, algunos miembros de la Coalición de organizaciones por la justicia vamos a presentar demanda contra ella, así no haya sido publicada, para que la Corte Constitucional, como suprema guardiana de la Constitución, le dé una sepultura adecuada y definitiva.

Pero es también propósito de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, continuar ejerciendo control efectivo sobre la labor del Congreso, para que no continúe descuartizando la Constitución en su propio beneficio, y sobre la actividad legislativa, en temas de especial importancia para la población.

Lo que ha sucedido es un triunfo ciudadano, y debemos capitalizarlo y continuar en el empeño de lograr que Colombia utilice sus inmensos recursos naturales, culturales y sociales, de manera que permita el bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes, lo cual no se logra sino con dirigentes comprometidos con el cumplimiento de los valores y principios constitucionales, que trabajen con rectitud y de cara a la población a la que deben rendir cuentas.

Edición N° 00309 – Semana del 29 de Junio al 5 de Julio de 2012
 
 
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