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Los efectos del hundimiento de la mal llamada Reforma a la Justicia

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Para mi buen amigo y constituyente Angelino Garzón. Deseamos que te recuperes y tengas una larga vida.

Los efectos del entierro de la Reforma a la Justicia aún no se evalúan en sus distintas dimensiones. En el terreno jurídico hay varias causas abiertas que son inciertas, pero que siguen su curso. También son inciertas las consecuencias políticas y el grado de ilegitimidad que la aprobación y posterior hundimiento de la espúrea reforma tengan en la futura agenda legislativa del Gobierno y del Congreso de la República que afronta un grado de ilegitimidad sólo comparable al Congreso revocado por la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de mayo de 1991 que llevó a la convocatoria de unas nuevas elecciones que se efectuaron el 26 de octubre de 1991, y que tenían como propósito central la renovación de un Congreso refundado por los constituyentes que le dieron nuevas herramientas que por supuesto la clase política no ha utilizado tales como: la Moción de Censura figura que no ha sido estrenada y que por el contrario ha servido para acrecentar la negociación de cuotas y partidas regionales a cambio de su no utilización en beneficio de los congresistas. Y finalmente la incógnita que rodea a los movimientos ciudadanos que se movilizaron en contra de la reforma. Tendrán continuidad y cuáles serían los temas que permitirían su proyección en el tiempo, tampoco allí hay claridad sobre su futuro mediato e inmediato.

Sobre la incertidumbre jurídica son varios los temas que se han abierto después de la aprobación del Acto Legislativo el 20 de junio y su posterior hundimiento por parte de ese mismo Congreso y el Gobierno en sesiones extraordinarias que se realizaron los días 27 y 28 de junio. En primer término el Consejo de Estado admitió una  demanda en contra del decreto que convocó las sesiones extraordinarias para el hundimiento de la reforma. Por su parte la Corte Constitucional admitió dos demandas en contra de la reforma constitucional a la justicia y la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda en contra de los parlamentarios que la aprobaron.

Como lo había señalado en la edición pasada de este semanario, miembros de la Coalición Ciudadana por la Defensa de la Constitución de 1991presentamos, el miércoles 4 de julio, una demanda ante la Corte Constitucional en contra de la llamada reforma a la justicia y también en contra del procedimiento utilizado por el Gobierno y el Congreso para su hundimiento. Los demandantes consideramos que el presidente Juan Manuel Santos Calderón, no tenía atribuciones constitucionales para hundir el Acto Legislativo presentando unas objeciones en unas sesiones extraordinarias para que el Congreso le diera entierro de tercera a la reforma. Nosotros pensamos que hubo claramente una extralimitación de funciones pues a nuestro juicio el Presidente de la República tenía otro mecanismo más demorado en el tiempo, pero ajustado a la Constitución que era el de suspender la reforma temporalmente y enviar sus objeciones y su contenido a la Corte Constitucional que a nuestro juicio es la única que puede dar un entierro a este engendro antidemocrático. Para ello tendría que haber utilizado la figura de la Conmoción Interior por la inconveniencia nacional y la sustitución de la misma contenida en el Acto Legislativo. El Gobierno prefirió el camino de la vía rápida, pero de dudosa constitucionalidad. Esperamos que en esta ocasión también la Corte Constitucional admita nuestra demanda que publicamos como anexo en la anterior edición de este semanario para que pueda ser leída y analizada y por supuesto controvertida en estas mismas páginas. Quizás también tengamos que agregar que nuestra intención no es por supuesto lograr que se reviva el engendro. Coincidimos con el Gobierno en la urgencia que había en el momento de no permitir su entrada en vigencia, pero nos parece que en aras de garantizar el principio de la independencia de poderes es necesario que la Corte Constitucional se pronuncie pues nos parece como lo señalamos en la demanda que con el procedimiento empleado por el Gobierno se debilita el poder y la autonomía del Congreso de la República.

Sobre las otras demandas admitidas tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado habrá que examinarlas y ver si la coalición ciudadana apoya algunas o emprende nuevas acciones judiciales. Sobre esto se está trabajando aún.

Sobre la ilegitimidad del Congreso de la República y sobre las consecuencias que se proyectan sobre la futura agenda legislativa es indudable que se afecta. El propio  Presidente de la República lo ha admitido en relación con reformas como aquella que pretende modificar el régimen de pensiones o la llamada reforma tributaria. Es claro que las relaciones entre el Congreso y el Gobierno se han afectado temporalmente y también lo es que muchos de las decenas de miles de firmantes del referendo por la derogatoria del Acto Legislativo querían que éste se transformara en un referendo por la revocatoria del Congreso de la República, que expresamente no tiene salida en la Carta Política de 1991 que no contempla esta posibilidad. Es temprano para decir hasta dónde este Congreso ha tomado conciencia de su difícil situación. El castigo a los congresistas que se abrogaron el derecho de legislar en causa propia 44 integrantes del actual Congreso que tienen investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia que no se declararon impedidos para tramitarla; 38 congresistas que afrontan procesos por pérdida de investidura en el Consejo de Estado que igualmente tramitaron la reforma y aprobaron artículos para su propio beneficio, esto tendrán que dirimirlo tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado. Y tendrá que venir el voto castigo de los ciudadanos que tenemos que aprender a elegir a los congresistas. Por lo pronto hay que insistir que no es digno que las mesas directivas del Congreso que se instala este próximo 20 de julio en sus sesiones ordinarias estén conformadas por parlamentarios que aprobaron la espuria reforma. En ello debemos insistir.

Finalmente frente a la incertidumbre sobre la suerte del movimiento de indignación ciudadana que felizmente dio al traste con la reforma en otro momento nos ocuparemos de examinar lo que allí pueda pasar y cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones.

Consultar texto de demanda en www.viva.org.co

Edición N° 00310 – Semana del 6 al 12 de Julio de 2012
 
 
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