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Crisis política y crisis institucional:
¿qué repercusiones podrían tener?

  Alejo Vargas Velásquez
  Profesor titular Universidad Nacional,
Coordinador Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
   
 

El Gobierno Santos, sin calcular claramente los impactos de lo que estaban trabajando con el Congreso desde dos años atrás, llevó a que se generara una de las crisis institucionales más graves de los últimos decenios. No sólo se profundizó la deslegitimación del Congreso –tradicionalmente una de las instituciones de menor credibilidad-, sino que la misma institución presidencial fue afectada y las Cortes de igual manera fueron tocadas por la oleada de descontento ciudadano. Esto es preocupante para el conjunto del régimen político por cuanto deja a las más representativas instituciones con bajos niveles de legitimidad y en esa medida con poca credibilidad en sus propuestas e iniciativas.

Pero, adicionalmente se generó una crisis política al interior de la coalición de Gobierno de la Unidad Nacional en la medida en que se fracturó la confianza de las bancadas de los distintos partidos políticos entre sí y con los otros partidos, y por supuesto se creó una barrera de desconfianza en la relación entre la bancada gobiernista y el Gobierno Nacional –el Presidente y sus Ministros-, expresado esto en actos como la negativa a escuchar en las dos Cámaras del Congreso al Ministro del Interior, hecho un poco extraño en la política colombiana.

El “florero de Llorente” fue lo acordado en la Comisión de Conciliación y luego aprobado por las Cámaras con el aval de Gobierno Nacional. Pero, realmente el problema estaba incubado desde dos años atrás cuando se planteó la iniciativa de Reforma a la Justicia, que de esto tenía muy poco.

El presidente Santos se vio forzado a salir, en alocución presidencial, a objetarla, cuando era  evidente un movimiento de opinión en gestación de rechazo frontal a esta reforma. La llamada reforma a la justicia, presentada por el Gobierno Santos y aprobada por el Congreso, sólo tuvo una virtud, generar una amplia y diversa oposición y estimular el que se generara un movimiento ciudadano que apuntaba a su derogación vía referendo revocatorio –o cualquier otra fórmula jurídica-, por parte de una ciudadanía activa que cada vez está menos dispuesta a tolerar y aceptar que los congresistas, con el visto bueno del Gobierno, simplemente impulsen iniciativas para su propio beneficio.

En la generación de este movimiento ciudadano de rechazo, debemos reconocer el efecto benéfico que tuvieron las redes sociales para la transparencia de la información y para generar opinión. Sin embargo, es importante resaltar que a diferencia de otros países de la región, la expresión fundamental no fue la manifestación o protesta callejera, sino el recurso a mecanismos institucionales –la recolección de firmas para un referendo revocatorio-. Esto probablemente tiene que ver con la tradición de los últimos decenios de satanizar la movilización social y la protesta callejera que ha generado un cierto imaginario, especialmente en sectores medios de la sociedad, de desconfianza a la movilización ciudadana.

Finalmente la fórmula jurídica encontrada por los especialistas del Gobierno –sesiones extras del Congreso-, puede no haber sido la más jurídica y políticamente correcta, pero finalmente logró el objetivo buscado por la movilización ciudadana, dejarla sin vigencia. Aunque para ser precisos esa autodenominada reforma a la justicia ya estaba políticamente muerta.

En Colombia debemos acabar con esa mala costumbre de hacer reformas constitucionales –la Constitución de 1991 lleva ya 36 reformas-, casi que tanto Gobierno como congresistas han vuelto una especie de ‘deporte nacional’ reformar la Constitución lo cual es una inestabilidad en las reglas del juego increíble en la medida en que las promueven  justamente los que proclaman como un factor de gobernabilidad la estabilidad en las mismas.  Pero, adicionalmente con una carga muy discutible y es la de hacer reformas constitucionales o legales en beneficio propio –de los que las promueven, ¿se acuerdan de la reforma de la reelección presidencial inmediata para beneficiar al gobernante de turno?-; por mínima ética toda reforma a las normas debe tener solamente aplicación hacia el futuro y no para quienes las tramitan; es decir no se puede legislar en beneficio de los promotores de los cambios.

Una verdadera reforma a la justicia –que probablemente se puede hacer con cambios legales o normas de menos jerarquía-, debería apuntar a los problemas centrales de la administración de justicia en una democracia, que hacen referencia al acceso a la justicia para todos los ciudadanos, a la eficacia y eficiencia de la administración de justicia y a la autonomía de la rama como garantía de equilibrio entre poderes. Y por supuesto a estas preocupaciones no respondía lo que se aprobó en el Congreso, como se anotó por muchas voces. Para mejor acceso a la justicia de los ciudadanos se requiere es aumentar el número de jueces que puedan tramitar y fallar los procesos –acercarnos a estándares medios internacionales de número de jueces por ciudadanos- y no medidas transitorias privatizadoras de la función de administrar justicia. Así como se ha justificado en el pasado reciente la necesidad de aumentar el número de efectivos de la Fuerza Pública con igual vehemencia requiere el Estado aumentar el número de jueces para que éstos tengan presencia en todo el territorio nacional. Se debe aumentar también los recursos presupuestales para la rama, de tal manera que ésta tenga verdadera autonomía presupuestal y no esté sometida a lo que quieran asignarle los respectivos Ministros de Hacienda. Igualmente hay que darles instrumentos y procedimientos a esos jueces para el desarrollo eficiente de su labor y también establecer mecanismos de seguimiento que permitan a los ciudadanos contar con una real y pronta justicia.

Por el contrario, lo que aprobaron los congresistas, sí pretendía acabar con todo tipo de controles sobre los congresistas –las sanciones y pérdidas de investidura desaparecían en la práctica-, darle sepultura a procesos como el conocido de la parapolítica –juzgamiento de la asociación de mafiosos y narcotraficantes con políticos- y adicionalmente establecer una serie de beneficios tanto para congresistas como para magistrados de las Cortes que son socialmente inaceptables. Para los ciudadanos de a pie los problemas no son los llamados ‘choques de trenes’ entre organismos del Estado que realmente son reflejo de intereses burocráticos y de poder de algunos de sus miembros, y a esto fue a lo que se dedicó esta llamada reforma a la justicia, adornada posteriormente con todas las gabelas que conocimos.

Ahora bien, en medio de esta crisis política se reactivaron viejas propuestas del uribismo de convocar una Constituyente para la Reforma de la Justicia, desafortunadamente para muchos sectores esta propuesta es sólo la justificación para introducirle cambios a la Constitución de 1991 que la asemejen cada vez más a la de 1886 y especialmente establecer la posibilidad de reelecciones indefinidas que se critican para la vecindad, pero parecen añorarse para acá. Igualmente se plantea un movimiento denominado del “Puro Centro Democrático” que ojalá fuera claramente la expresión de una derecha política civilizada que se requiere en la democracia colombiana.

Todo lo anterior, nos muestra que la crisis política que se evidencia con la aprobación de la Reforma a la Justicia y sus consecuencias, que hemos pincelado, va modificar el escenario político en perspectiva del próximo debate electoral del 2014 y en ése nuevo escenario, por ahora, las posibilidades del segundo mandato del presidente Santos parecen estar enredadas. Sin embargo, no hay que olvidar que los votantes colombianos en el pasado los ha caracterizado una flaca memoria.

Edición N° 00310 – Semana del 6 al 12 de Julio de 2012
 
 
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