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Más allá de una Reforma a la Justicia

  Juan Gabriel Navarrete
  Coordinador jurídico Misión de Observación Electoral – MOE
   
 

Luego de la expedición de la Constitución del 91, el Legislativo y el Ejecutivo quedaron incómodos con el diseño institucional del Estado que les quitó sus competencias para la designación de los magistrados de Corte Suprema y Consejo de Estado, otorgó facultades a las altas cortes en la elección de los directores de los órganos de control y creó la Corte Constitucional como tribunal que enjuicia los actos expedidos por el Congreso y algunos del Presiente, en otras palabras quedaron incómodos con la independencia de la rama judicial.

Esto sin mencionar la eliminaron de varios de los privilegios que venían disfrutando los congresistas como la posibilidad de tener suplentes, pasar al Ejecutivo y a cargos diplomáticos sin obstáculos o inhabilidades y por supuesto la creación de la figura de la  pérdida de investidura para sancionarlos por las faltas que el constituyente consideró más graves.

Casi desde esa misma época el Legislativo y Ejecutivo han intentado retomar el control de aquellos espacios perdidos. Muchas veces con fuertes críticas, otras con proyectos de reforma que pretenden atajar el activismo judicial que se han abrogado las altas cortes en los asuntos de su competencia, por ejemplo: fallos de responsabilidad del Estado, acciones tutelas y declaratorias de estados de cosas inconstitucionales, entre otros.

En algunas oportunidades han triunfado, así ocurrió con la instauración del principio de sostenibilidad fiscal que permite al Gobierno objetar el cumplimiento de sentencias que tengan incidencia en las finanzas públicas o la eliminación del conflicto de intereses en el trámite de reformas constitucionales, en otros aspectos la tarea siguió pendiente.

Con esto no se quiere decir que la justicia no haya demostrado tener graves problemas de funcionamiento. La congestión de los despachos, la mora en los procesos, el limitado acceso de los ciudadanos a una judicial efectiva, la impunidad, el precedente judicial, la tutela contra sentencias y por supuesto la administración de la rama y presupuesto son algunas de sus problemáticas.

Todas estas situaciones son muy delicadas y deben ser corregidas, después de todo la justicia no sólo es un servicio, es un derecho fundamental que debe garantizarse.

Con ése propósito el Gobierno presentó en agosto de 2011 un proyecto de reforma a la justicia. Los principales temas que incluía la propuesta de Gobierno eran:

  • Solucionar el choque de trenes entre altas cortes causada por la tutela contra sentencias.
  • Descongestionar la justicia entregando facultades a particulares, notarios, conciliadores y centros de arbitraje. Lo que se ha denominado privatización de la justicia.
  • Crear la segunda instancia en el Juzgamiento penal de los Congresistas, pero al interior de la misma Sala Penal de la Corte Suprema para delitos cometidos luego de la vigencia de la reforma.
  • Equiparar los derechos de las víctimas a los de la Fiscalía y los investigados dentro de los procesos penales.
  • Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear una nueva administración de la rama.
  • Eliminar las competencias nominadoras de las Cortes en los órganos de control.
  • Incrementar la edad de retiro forzoso de los magistrados.

Sin embargo, como ya se sabe, ése objetivo se fue desviando paulatinamente desde los primeros debates del proyecto que por ser modificatorio de la Constitución debía ser aprobado en 8 debates (2 vueltas, cada vuelta con 4 debates).

A continuación se enuncian los principales temas aprobados en la primera vuelta, que finalizó en diciembre de 2011:

  • Modificación del régimen de reemplazos en corporaciones públicas, afectando la aplicación de la Silla Vacía (Incluido por Congreso).
  • Inclusión de Procurador, Contralor y Consejo Nacional Electoral dentro del juicio que hace el Congreso (Adicionado por Congreso).
  • Creación de una Comisión de Instrucción en la Cámara que remplaza la Comisión de Acusaciones (Incluido por Congreso).
  • Creación de dos salas al interior de la Corte Suprema de Justicia para investigar aforados. (Incluido por el Congreso).
  • Pérdida de investidura: se elimina una causal, se prohíbe la responsabilidad objetiva, se gradúa la sanción, ya no se aplica inmediatamente la pérdida de la investidura y se crean 2 instancias (Incluido por el Congreso).
  • Se eliminan las competencias nominadoras de las Cortes (Incluido por Gobierno).
  • Se levanta el conflicto de interés para tramitar las leyes que regulen la Reforma a la Justicia (Incluido por Congreso).
  • Modificación del Fuero Penal Militar (Incluido por Congreso).

Como se puede observar, varios de los puntos que fueron posteriormente criticados al final de la reforma ya estaban incluidos en la primera vuelta con el beneplácito del Gobierno y con el mayor desinterés de parte de la ciudadanía y medios de comunicación.

No obstante, la segunda vuelta trajo la inclusión de otros de otros temas o más bien la consolidación de iniciativas que surgieron en los primeros 4 debates, destapando los verdaderos intereses de la reforma:

  • Entregar facultades a particulares, notarios, conciliadores y centros de arbitraje para administrar justicia y la posibilidad de cobrar remuneraciones.
  • Creación de nuevas salas para juzgamiento adorados que no hacen parte integral de la Corte Suprema Y FIJANDO LA IMPOSIBLIDAD DE PRIVAR DE LA LIBERTAD A LOS AFORADOS DURANTE LA ESTAPA DE INVESTIGACIÓN. Todo esto aplicable incluso a procesos en curso. En estas nuevas salas el Gobierno y el Congreso tendrán poder de nominación o de elección.
  • Obligación de los ciudadanos de presentar personalmente las denuncias contra los aforados.
  • Perdida de investidura: eliminación de 2 causales, entre ellas la de violación de régimen de inhabilidades que ha sido la que más perdidas de investidura ha causado (39% de la decretadas). Graduar la sanción a través de la suspensión y la prohibición de la responsabilidad objetiva. La creación de un término de caducidad de la acción y la condena en costas contra los ciudadanos que pierdan la demanda.
  • Incrementar el presupuesto destinado a la Rama Judicial con  una destinación específica y que termina siendo controlado por el Ejecutivo.
  • Ampliación de períodos de los magistrados e incremento de sus edades de retiro forzoso.
  • Creación de segunda instancia dentro de los procesos de nulidad electoral de los congresistas.
  • Creación de un nuevo sistema de administración judicial, con buen propósito, pero con una definición de competencias desatinada donde además tendría cabida el Ejecutivo.

A primera vista se puede ver que varios de estos temas fueron los mismos que resultaron siendo criticados y hasta negados por el Gobierno y por el mismo Congreso, luego que la ciudadanía alzó su voz de protesta contra la reforma. Pero, en primera y segunda vuelta fueron respaldados por los ministros Vargas y Esguerra y además aprobadas por arrolladoras mayorías en Cámara y Senado.

Lo que sucedió fue que, además de estos temas que fueron aprobados, la comisión de conciliación se excedió en sus competencias al momento de unificar los textos de Senado y Cámara, dejando un texto incluso más inconveniente y problemático que el aprobado en anteriores debates. Situación que dio pie al Ejecutivo para objetar la totalidad del articulado por inconveniencia y por inconstitucionalidad.

Resultado: la reforma se hundió, no sin causar sería dudas de constitucionalidad en el trámite empleado. Y dejando desafortunados antecedentes en materia de objeciones presidenciales de actos legislativos que seguramente causarán dolores de cabeza más adelante cuando no se compartan los argumentos que el Ejecutivo esboce para el veto.

Pero, también queda una lección, la reforma más allá de solucionar la problemáticas de la justicia lo que pretendió fue hacer un reajuste en la estructura institucional del país y de las relaciones entre los poderes que construyó la Constitución del 91.

Estamos advertidos, no fue el primer intento y no será el último. Así ya fue anunciado esta semana por el Presidente del Congreso que destapando sus cartas, en el mayor acto de cinismo, dejó ver que esa es la principal preocupación del Legislativo: reacomodar los poderes públicos por una supuesta asimetría que perjudica al Congreso.

Mientras tanto, los colombianos seguiremos esperando la anhelada Reforma a la Justicia.

Edición N° 00310 – Semana del 6 al 12 de Julio de 2012
 
 
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