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Menos vasallos y más ciudadanos

  Óscar Ortiz González
  Ex Zar Anticorrupción, Gestor de la Séptima Papeleta
   
 

El 20 de junio terminaron las sesiones de los Congresistas y empezaron las de los ciudadanos. El mismo día que el Congreso expidió el Acto Legislativo de Reforma a la Justicia para protocolizar jurídicamente un acuerdo político de las cúpulas de las tres Ramas, la ciudadanía expresó ya no solo su opinión sino su voluntad política de convocarse, a través de un Referendo Derogatorio, para expulsar del ordenamiento jurídico la más grave y grande contrarreforma a la Constitución de 1991.

El Ejecutivo, en 48 horas, pasó del regocijo a la preocupación y resolvió dar marcha atrás. Así reconoció que sí hubo un Referendo Derogatorio en twitter.

Algunos han aludido a este hecho histórico como un éxito del cuarto poder, y otros, del quinto poder, tal vez, respetando el lugar de los medios de comunicación a continuación de las tres Ramas del Poder Estatal.

La victoria, en realidad, fue del primer poder con el apoyo del cuarto. Los ciudadanos a partir de la Séptima Papeleta y de la Constitución de 1991 son el primer poder porque ejercieron la soberanía y así se reconoció jurídicamente.

Sin embargo, en estas primeras semanas post referendo virtual las cúpulas del Estado exhiben comportamientos que dan señales de permanecer atónitas y de no descifrar el enigma de lo que les está sucediendo. Anuncian interés en rectificar pero sus acciones develan persistencia en los errores.

Lo que generó la indignación ciudadana fue, por una parte, descubrir la intención de crear normas en beneficio propio por parte de los funcionarios de más alto nivel en la organización estatal y, por otra parte, dar marcha atrás en conquistas obtenidas en 1991.

Proponer que sean los Congresistas, y no el pueblo, quienes elijan a la persona que deba reemplazar al Presidente de la República en caso de falta absoluta; o nombrar Ministra de Justicia a una Magistrada de una de las altas Cortes no pueden ser rectificaciones porque no restablecen la confianza ciudadana sino que la resquebraja más dado que se insiste en dar marcha atrás a la Constitución y en seguir repartiendo gajes para las cúpulas legislativa y judicial desde el ejecutivo.

De esta manera el Estado no solo no rectifica sino que persiste en el error. Por ello la ciudadanía tiene el deber de seguir actuando de manera responsable y consciente. Ello implica que nos preguntemos qué hacemos ahora con tanta desconfianza, falta de liderazgo y, sobre todo, con la indignación.

Una manera de aproximarse a la respuesta es identificar lo que no constituye una opción. En este caso, ello se puede predicar tanto de una indignación destructiva como de una indignación paralizante.

Una indignación destructiva sería convertir en objetivo de la intervención ciudadana la deslegitimación del Estado. Además de indeseable por inconveniente, ya que el efecto de esa situación es el detrimento del ejercicio de los derechos; es una meta que depende más de la actuación del Estado que de la acción ciudadana.

Una indignación paralizante sería emprender propósitos que, de antemano, se saben conducirán a frustraciones colectivas con lo cual el resultado será la falta de confianza de la ciudadanía en sí misma y, en consecuencia, la inacción.

Las organizaciones y personas que hemos trabajado en el seguimiento, análisis, pedagogía, divulgación, interposición de acciones jurídicas y recolección de firmas para el Referendo Derogatorio de la llamada reforma a la justicia no podemos ni sobreestimar ni subestimar lo logrado. Tampoco confundirnos comiéndonos el cuento de que las firmas son un respaldo a nosotros, cuando en realidad son un respaldo de los ciudadanos a sí mismos como los protagonistas de la democracia, en un momento histórico en que el pueblo no buscó sino que prescindió de los intermediarios porque los encargados de representarlos los traicionaron al burlar  mandatos expresos y el mandato ético de trabajar por el interés general.

Descartadas las indignaciones destructivas y paralizantes nos queda el camino de la Indignación Constructiva. Una indignación transformadora, creativa, racional, responsable, consciente, solidaria, perseverante y ética que no se conforme con la catarsis sino que ante los problemas construya soluciones.

El optimismo, soportado en la victoria recientemente obtenida, acompañado de la creencia de que la ciudadanía no permanece por mucho tiempo en estado de constituyente primario ha hecho que surjan diversidad de iniciativas.

Por una parte, se impulsa un Referendo para crear el mecanismo en la Constitución de Revocatoria del Congreso para que en otra oportunidad se pueda contar con ese instrumento. Por otra, se ventila la idea de que se expida una ley que permita una Asamblea Constituyente exclusivamente para el tema de Justicia. Y en el grupo promotor del Referendo Derogatorio estamos trabajando para identificar qué es lo más responsable y útil para el interés público como continuación de lo logrado después de este semestre de trabajo.

Seguimos en el conteo de firmas a nivel nacional y preparamos un informe público.

Hacemos seguimiento a la demanda interpuesta ante la Corte Constitucional respecto del Acto Legislativo 01 de 2011 que extinguió la causal de conflicto de intereses para pérdida de la investidura cuando los Congresistas modifican la Carta Política y que por ello es la amenaza permanente que debemos desactivar.

La misma actividad seguimos desarrollando en relación con la demanda que presentamos contra la Reforma a la Justicia porque no podemos permitir que se consolide jurídicamente un precedente tan nefasto como el que representa el desconocimiento de las funciones jurisdiccionales de la Corte Constitucional,  de las de constituyente derivado del Congreso, y de los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos a demandar ante la Corte Constitucional, de controlar el poder político y de decidir directamente a través de Referendos Derogatorios que degraden el régimen del Congreso.

Trabajamos en la veeduría al proceso de elección de los Secretarios Generales de Senado y de Cámara. Quienes nos certifican a los colombianos cuáles Congresistas asisten a las sesiones, cuáles son sus excusas y cuáles son los textos de las normas constitucionales y legales que nos rigen a todos, ya no cuentan con la confianza de los ciudadanos porque no rechazaron pública y oportunamente el privilegio de un fuero que no se justifica de ninguna manera. Por ello pedimos que se eleven los estándares de visibilidad, racionalidad, responsabilidad y méritos en la toma de esa decisión.

Avanzamos en la extinción del Acto Legislativo 01 de 2011 solicitando que se presente, el 20 de Julio, ante el Congreso de la República un proyecto de Acto Legislativo para derogarlo como muestra de un real acto de contrición y de rectificación.

Seguimos trabajando con el criterio de incluir y de priorizar iniciativas ciudadanas en materia de justicia, salud y educación. Para garantizar que todo esto sea posible y que podamos ir por más en el largo plazo, sin depender de este momento de efervescencia y calor, he propuesto que nos declaremos en estado de vigilia constituyente y le demos la primera opción a remover los obstáculos que han mantenido los mecanismos de participación ciudadana y de ejercicio de la soberanía como una promesa incumplida, que a la manera del suplicio de Tántalo las conserva como herramientas para ver y no tocar.

Sólo si avanzamos de manera real, seria y eficaz hacia la democracia participativa, incluso en relación con la representación, aseguraremos menos conjuras de las cúpulas contra el interés público, menos bloqueos entre ellas; en pocas palabras: con una Indignación Constructiva, como la propuesta, en Colombia habrá menos vasallos y más ciudadanos.

Edición N° 00311 – Semana del 13 al 19 de Julio de 2012
 
 
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