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Autonomía y soberanía en el Norte del Cauca

  Héctor Alonso Moreno
  Tomado de www.larazondecali.com
   
 

La complicada situación de orden público que se está viviendo en el Norte del Cauca tiene como actores, a parte de los guerreros tradicionales, a las comunidades indígenas. Estas comunidades vienen reclamando el retiro de sus territorios de los actores armados a quienes culpan no sólo de poner en peligro la vida, sino la propia autonomía de sus comunidades.

Las normas constitucionales han sido claras mediante las reiteradas sentencias de la Corte en el sentido que la vida y el respeto por los derechos diferenciados de las comunidades étnicas que son intereses de superior jerarquía, deben ser protegidos mediante la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, la de la minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar esos intereses de superior jerarquía.

De allí entonces, que es en el marco de la autonomía y de la interpretación constitucional en el que encuentra plenamente justificada la respuesta de la comunidad, de expulsar a los guerreros del territorio de sus ancestros; que bien pueden oponerse a la presencia de instituciones y figuras extrañas como un mecanismo para preservar su cultura.

Cosa diferente es el tema de la Soberanía Nacional. El Gobierno colombiano tiene la obligación constitucional de garantizar la vida, bienes y honra de todos los ciudadanos que habitamos el territorio nacional. En ese sentido, no deben existir territorios vedados para la presencia de las fuerzas armadas del Estado.

Pero, si debe existir claridad meridiana en que constitucionalmente el Estado está obligado a proteger la diversidad étnica y cultural de la nación, y que es también obligación del Estado proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

En tal sentido, las formas de control social al interior de esas comunidades con la llamada Guardia Indígena, debe ser objeto de respeto y protección del Estado pues la Guardia Indígena es una expresión cultural propia de esas comunidades que tiene como fin el de ejercer el monopolio exclusivo de la fuerza como parte de su legitimidad tradicional y carismática al interior de sus terruños. Por ello la decisión de la Guardia Indígena de expulsar los guerreros de sus territorios es perfectamente ajustado a derecho, y desde el punto de vista político, es un extraordinario ejercicio de resistencia civil contra la violencia que deberíamos imitar en muchas partes del territorio nacional, especialmente, en los lugares en donde la guerra es el pan de cada día.

Edición N° 00312 – Semana del 20 al 26 de Julio de 2012
 
 
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