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Nueva legislatura elegirá dos nuevos miembros de la Corte Constitucional

  Nelson Camilo Sánchez
  Profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de Dejusticia
(
www.dejusticia.org) @ncamil0sanchez
   
 

En los meses que vienen dos personas nuevas entrarán a integrar la Corte Constitucional.  Una de ellas, remplazará al hoy rector de la Universidad Externado de Colombia Juan Carlos Henao, quien renunció a su cargo hace un par de meses. La otra ocupará la silla de Humberto Sierra Porto, quien terminará su período en unas semanas.

Son dos procesos de elección independientes que van a ritmos dispares, pero que tienen una relevancia similar por su cercanía en el tiempo y por su significado. Podría pensarse, siguiendo aquel adagio popular de ‘una golondrina no hace verano’, que el cambio de dos personas en una corporación de nueve no tendría mucho impacto. Sin embargo, si se juntan los dos cargos y se hace un balance de otros factores asociados a esta coyuntura, el relevo deja de ser simplemente rutinario y se muestra de una gran trascendencia.

Lo que está en juego en el relevo

Como por meses lo han señalado distintos analistas, las salidas de Henao y Sierra Porto son bajas sensibles en el día a día de la Corte. En primer lugar, son los magistrados con perfil académico más sobresaliente. Si bien en muchas cortes se prefiere el pragmatismo judicial a las discusiones académicas, una de las grandes fortalezas de la Corte Constitucional ha sido que los académicos han dado paso a doctrinas novedosas que han literalmente cambiado la forma del ver el derecho en Colombia.

En segundo lugar, Henao deja una vacante en la Sala Especial de Seguimiento al proceso sobre desplazamiento forzado que se adelanta desde 2005, cuando la Corte decretó que la desprotección de la población desplazada era tan lamentable que era inconstitucional. Por tanto, quien entre a remplazarlo deberá tener una sensibilidad especial con este tema y un conocimiento particular no solo pare redactar fallos judiciales, sino para hacerles seguimiento a partir de la evaluación de la política pública.

En tercer lugar, los magistrados salientes han jugado, con su experiencia y sensibilidad, un papel central para evitar que polarizaciones políticas o ideológicas terminen en consecuencias desastrosas para el país. Aun cuando en nuestra Corte no es posible decir que existen bloques ideológicos puros (conservadores vs. liberales, o algo similar), para algunos temas determinados (como temas de libertades sexuales que enfrentan a convicciones morales) las decisiones han corrido el riesgo de polarizarse. Henao y Sierra allí intervinieron generalmente para rescatar el espíritu progresista de la Constitución Política sin llevar a que la Corte se rasgara las vestiduras en los debates. Esa templanza en la decisión, acompañada de una dosis de tacto político, será extrañada en la Corte. De no remplazarse adecuadamente este rol podrían romperse sensibles equilibrios en la dinámica del tribunal.

El primer reto es del Consejo de Estado

Las dos vacantes coinciden además en que deben ser llenadas a partir de ternas que debe conformar el Consejo de Estado. Esto es en cierta manera positivo pues en el pasado el Consejo de Estado ha ternado a importantes juristas comprometidos con el espíritu filosófico y político de la Constitución. Además, el Consejo de Estado ha tenido un compromiso con la Ley de Cuotas y por ello adoptó un sistema que garantiza que al menos una de las personas ternadas será una mujer (aun cuando las votaciones siempre terminan limitándose a llenar la cuota).

Esta semana precisamente el Consejo eligió la primera terna, que quedó conformada por los juristas Martha Sáchica, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Medellín. Dos de ellos trabajan actualmente en la Corte Constitucional y el otro ex ministro de justicia, con lo que se asegura que cualquiera que resulte elegido será alguien que conoce la administración de justicia y el trabajo de la Corte.

Sáchica y Guerrero tienen larga trayectoria en la Corte, que incluso supera la experiencia constitucional de quienes actualmente se sientan como magistrados titulares. Medellín conoce la administración de justicia, y como ministro trabajó temas de políticas públicas lo cual permitiría entender los complejos procesos de seguimiento a las sentencias.

Acertó además el Consejo de Estado al no sucumbir a las intenciones de un grupo de consejeros que apoyaban el nombre de Ilva Miriam Hoyos. La señora Hoyos no sólo de manera pública, sino que en ejercicio de su función pública, ha demostrado no compartir el espíritu de la Constitución, lo cual no ha obstado para que por años haya tenido la intención  de integrar la Corte Constitucional. Es decir, quiere ser la intérprete máxima de una Constitución que ella aborrece. Mal hubiera hecho el Consejo en seleccionarla nuevamente para integrar una terna.

Igualmente acertó la mayoría del Consejo en descartar a un candidato que, según aseguran medios de comunicación, trató de apalancar votos a su favor a partir de hacer un doble juego entre el Congreso y el Consejo, aprovechándose de la – por fortuna – sepultada reforma a la justicia. A los consejeros les decía que con su influencia en el Congreso haría incidencia política para que extendieran su período a cambio de un cupo en la terna.

No obstante, todavía subsisten algunas preocupaciones para la selección de la terna que falta. El primero se deriva de los rezagos de la anacrónica regla no escrita del Frente Nacional acerca de la división paritaria entre candidatos conservadores y liberales. Según esta práctica si una terna es de tendencia liberal, la siguiente tiene que ser de tendencia conservadora para equilibrar la balanza. Si esto se aplicara, el Consejo cedería ante un grupo de sus miembros que claman por una terna conservadora alegando que la actual fue muy progresista. De esta manera no sería raro que la señora Hoyos terminara siendo nuevamente ternada como una cuota política de ese conservatismo.

El segundo riesgo se deriva de una errada interpretación de la independencia judicial de algunos consejeros, que termina siendo una muestra lamentable de corporativismo judicial. Según trascendió a la opinión pública, en la discusión de la terna del remplazo de Henao algunos magistrados mostraron su informidad con algunas notas de prensa y columnas de opinión en los que periodistas independientes y miembros de la sociedad civil hicieron críticas a los candidatos.

Por el contrario a lo que piensan estos magistrados, la elección de los intérpretes legítimos de la Constitución es una cuestión que importa a toda la sociedad y lo que debe hacer la institucionalidad es abrir los mayores espacios posibles para que exista un amplio escrutinio social de las hojas de vida de los candidatos y se garantice total transparencia en la elección.

Pero, la elección, en últimas, recae en el Congreso

En cualquier caso, la selección final será realizada en el Congreso de la República pues la Constitución ha reservado al poder político la designación de aquellos jueces que por su vocación constitucional tienen mayor cercanía a los temas de esta índole.

El Senado cerró su legislatura de manera poco decorosa y tiene una gran deuda con la sociedad colombiana. Deberá ahora garantizar tanto en el procedimiento, como en el fondo de la decisión, su compromiso con nuestro modelo constitucional.

En cuanto al procedimiento, es necesario que se convoquen a audiencias públicas que permitan al país conocer a fondo las calidades profesionales y académicas de  los candidatos, así como sus posturas frente a la Constitución y los derechos que serían encargados de proteger.

En cuanto al fondo, el Senado está obligado a elegir a quien mejor perfil ostente para la defensa de una Constitución hecha para una sociedad pluralista, comprometida con los derechos y las libertades, y con la búsqueda de la justicia social. La sociedad ya le demostró al Congreso que no permitirá más ataques a esa promesa constitucional.

Edición N° 00312 – Semana del 20 al 26 de Julio de 2012
 
 
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