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Indignados solicitan pronunciamiento de la Corte Constitucional

  María Teresa Garcés
  Abogada – Universidad Javeriana
   
 

La indignación ciudadana por la aprobación de la Reforma a la Justicia por el Congreso se convirtió en un movimiento espontáneo por el referendo revocatorio de la reforma, hasta el punto que en pocos días la Coalición recibió más de 150.000 firmas provenientes de todo el país. Éste mecanismo de participación ciudadana  lo estableció la Constitución para que el pueblo tuviera la última palabra cuando el Congreso se auto-reforma en contra del interés general.

El Gobierno le cerró el paso al referendo mediante su negativa a promulgar la reforma y la convocatoria a sesiones extras para que las Cámaras estudiaran unas objeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia a la reforma y la archivaran, y el Congreso decidió admitir la objeción integral de inconveniencia general del texto aprobado. Éste archivo se debió en todo caso a la protesta popular.

Se trató de una coincidencia entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, que condujo de común acuerdo a archivar, por parte del Constituyente derivado una reforma que este mismo encontró que había sido aprobada en forma indebida e inconveniente. Sin embargo, la ausencia de normas en la Constitución que amparen la validez de las objeciones presidenciales a reformas constitucionales y del archivo por el Congreso, así como el riesgo que en el futuro sí pueda el Ejecutivo invocar este precedente para oponerse a decisiones del Constituyente derivado, en un contexto de confrontación,  hacen necesaria y conveniente una revisión de lo ocurrido por parte de la Corte Constitucional, como suprema guardiana de la Constitución.

De otra parte, si la reforma entrara en vigencia como consecuencia de las demandas judiciales presentadas en torno a la constitucionalidad del procedimiento adoptado para su objeción y archivo, “…un gran número de personas que actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, en cerca de 1.500 procesos, quedarían en libertad inmediata,…” según expresa el Gobierno en las Objeciones Presidenciales.

Este hecho, además del limbo jurídico en que entrarían las investigaciones y procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas por presuntos delitos, así como aquellas que adelanta el Consejo de Estado por demandas de pérdida de la investidura serían de extrema gravedad para el Estado Social de Derecho.

Por ello, hemos solicitado a la Corte Constitucional que, como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, a pesar de no haberse promulgado la reforma asuma la competencia para juzgar su constitucionalidad porque aunque el Congreso ordenó su archivo, la validez de esta decisión está en discusión y ha sido confrontada judicialmente, lo que podría dejar viva la posibilidad que la reforma constitucional sea publicada y entre en vigencia con las consecuencias institucionales desastrosas para el País.

Por ello se hace imperativo, para darle solución a una crisis de inmensas proporciones, que la Corte Constitucional asuma el control de constitucionalidad de dicha reforma.

La competencia de la Corte

La facultad de la Corte Constitucional de revisar la competencia del órgano que realiza una reforma constitucional por vicios de procedimiento en su formación es la base para solicitarle que declare inconstitucional una reforma constitucional que sustituye la Constitución, pues esta es una facultad que sólo puede ser ejercida por el constituyente primario y no por alguno de los poderes establecidos, los cuales actúan en calidad de constituyente derivado.

La Reforma a la Justicia es inconstitucional porque sustituye pilares fundamentales de la Constitución Política: la representación política y popular como elemento esencial dentro del régimen político colombiano y la prevalencia del interés general sobre el particular y, además, porque el Congreso incurrió en otros graves vicios de procedimiento en su formación que el mismo Gobierno señala en las objeciones.

La sustitución de la Constitución

La Constitución de 1991 dispone que la soberanía resida en el pueblo, el cual podrá ejercerla de manera directa o a través de sus representantes. Por esto el régimen democrático no se agota con la elección de los representantes del pueblo (democracia representativa), sino que se extiende al derecho ciudadano de participar de manera efectiva en los asuntos públicos, así como al de ejercer control sobre quienes son elegidos y exigirles responsabilidades (democracia participativa), para que cumplan los deberes sociales del Estado.

Ello quiere decir que según el régimen político colombiano, el mandato representativo no es algo así como un “cheque en blanco” entregado a los ciudadanos elegidos, sino que implica límites y responsabilidades relacionados con la prevalencia del interés general sobre el particular. Y la forma como se exige el respeto de estos límites y el cumplimiento de tales responsabilidades es el control del pueblo a sus elegidos.

Con la pérdida de la investidura por violación al régimen de inhabilidades y de conflicto de intereses se otorga a los ciudadanos una herramienta para lograr que los intereses privados, personales o familiares que en un determinado momento puedan tener o defender los parlamentarios no primen en el debate sobre asuntos de interés general. En ése sentido, la pérdida de la investidura sirve como un mecanismo de control del abuso del poder Legislativo y por esta razón es una salvaguarda de la democracia representativa y de la prevalencia del interés general, pilares esenciales de la Constitución de 1991.

La Reforma a la Justicia suprimió el conflicto de intereses de los congresistas en la aprobación de las reformas constitucionales, como ya lo había hecho el Acto Legislativo No. 1 de 2011, burlando nuevamente el mandato popular de actuar consultando la justicia y el bien común; en previsión de la muy probable declaratoria de inexequibilidad de este último por la Corte Constitucional.

En consecuencia, despejado ése obstáculo por la Reforma del 2011, los congresistas investigados por la Sala Penal de la Corte Suprema o por el Consejo de Estado para pérdida de la investidura, o con claros conflictos de intereses, pudieron votar la reforma a la justicia en su propio beneficio, o en el de sus parientes y amigos políticos. Esta votación sustituye la Constitución, al ser contraria a la representación política y popular y a la prevalencia del interés general sobre el particular.

En un intento deliberado de volver a las épocas de impunidad de los parlamentarios, cambiaron los investigadores, los jueces, las causales, los procedimientos y dispusieron que en la votación de la Ley Orgánica contentiva del Reglamento del Congreso tampoco tuvieran conflicto de intereses. De esta manera, la Reforma a la Justicia, así como lo hizo el  Acto Legislativo No. 1 de 2011, ya demandado, establece una democracia representativa no efectiva sino puramente nominal.

Hicieron un golpe de estado a sus juzgadores, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, contrariando la autonomía judicial, al debilitar estas corporaciones en pleno ejercicio de sus funciones. Quisieron dar un entierro de tercera a la pérdida de la investidura de los congresistas, institución que creó la Asamblea Constituyente atendiendo el clamor del pueblo colombiano, agotado, ahora como hace 20 años, con los abusos del Congreso. Cuando 37 Congresistas se encuentran investigados por el Consejo de Estado, la reforma introduce elementos que desnaturalizan la institución que ha contribuido a depurar la política, y la hacen inoperante, tales como: la desaparición de la responsabilidad objetiva, la graduación de la sanción al introducir la suspensión, el debilitamiento y la supresión de algunas causales y su regulación legal por los mismos congresistas sin conflicto de intereses, así como la caducidad de la acción y la prescripción.

Finalmente dificulta la participación ciudadana y el control social de los electores que no sean abogados, en relación con los congresistas elegidos, cuando establece que la solicitud de pérdida de investidura deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho y las razones jurídicas que el demandante considere relevantes para estructurar una causal de pérdida de investidura, y además, se pone una talanquera a las demandas de suspensión o pérdida de investidura al estipular que cuando éstas sean “infundadas o temerarias”, los demandantes serán condenados a pagar las costas del proceso.

Los congresistas se auto-constituyen en ciudadanos privilegiados, y extienden esta condición a otros aforados, en contra del principio de igualdad de todas las personas garantizado por la Carta, al disponer que sólo podrán ser privados de la libertad cuando la resolución de acusación esté en firme a menos que sean aprehendidos en flagrante delito, o sea que, además, podrán seguir votando los proyectos de ley.

La Reforma a la Justicia establece obstáculos para el control social sobre los aforados: la denuncia o queja debe presentarse personalmente por el denunciante mediante escrito acompañado de las pruebas, con lo cual muchos procesos no podrán adelantarse pues la inmensa mayoría de dichas denuncias se han hecho mediante anónimos por el peligro para el denunciante.

Además de haber querido la impunidad de los procesos en trámite contra congresistas, exfuncionarios, sobre parapolítica y corrupción, la Reforma a la Justicia no significa una garantía para el derecho de acceso a la justicia de todas las personas, y por el contrario, significa un gran retroceso ya que atenta contra el derecho de acceso a la justicia, al desjudicializar y privatizar la justicia y al amenazar seriamente su gratuidad.

Por todas estas razones es importante que la Corte Constitucional se pronuncie y clarifique de una vez por todas, la vigencia de los principios fundamentales de la Constitución de 1991: la representación política y popular dentro del régimen político colombiano y la prevalencia del interés general sobre el particular.

Edición N° 00312 – Semana del 20 al 26 de Julio de 2012
 
 
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