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El Norte del Cauca: ¿teatro de guerra o territorio de paz?

  Jaime Zuluaga Nieto
  Profesor emérito universidades Nacional y Externado de Colombia, Docente investigador
   
 

“…CAMINANDO LA PALABRA…”

Desde las cálidas tierras de Santander de Quilichao en donde, el 10 de noviembre de 1984, fue asesinado el Padre nasa Álvaro Ulcué, defensor de los derechos y de las luchas de  los pueblos indígenas, cerca de trescientas personas iniciamos el ascenso hacia Toribío, pequeño poblado asentado en las cumbres de la cordillera Central al que llegamos tras dos horas de recorrido por una carretera que desafía toda noción de riesgo, literalmente colgada de las laderas en las que trabajosamente se sostienen los pastos. Lentamente atravesamos sus calles hasta la plaza  central con un breve rodeo que nos permitió apreciar en una esquina y tan sólo a una cuadra de la plaza, un puesto militar con sus paredes de sacos de arena teñidos de verde olivo. Refugio y trinchera de los soldados, lo rodean las ruinas de las que fueron viviendas y centro de salud destruidas por los “tatucos” lanzados por las FARC-EP. Ruinas que aparecen en muchos otros sitios del pueblo. En las calles la presencia vigilante de los militares, con su camuflado y fusiles de asalto y su cámaras de video que grababan la curiosa “caravana humanitaria y de paz” que ese soleado 21 de julio testimoniaba el apoyo solidario a las exigencias de las comunidades del Resguardo de Jambaló. Organizaciones de paz, Derechos Humanos, víctimas, mujeres, estudiantes, sindicales, afros y de la sociedad civil internacional  entre otras, “caminaban la palabra” desde las “montañas del Cauca” con una invitación a los guerreros a respetar la autonomía de los territorios y acatar la demanda  de  los pueblos indígenas de dejar a sus territorios libre de ejércitos. Marcha que no “vieron” los medios de comunicación, salvo algunos de los llamados alternativos.

En la plaza central fuimos recibidos por el alcalde de Toribío Ezequiel Vitonás, quien expresó su respeto a la institucionalidad y su lealtad con las demandas de la comunidad, sintetizando el conflicto planteado entre lo que pudiéramos llamar la institucionalidad nacional y la de los territorios de propiedad colectiva reconocida por la Constitución Política. Su mensaje fue inequívoco: respeta la institucionalidad estatal, pero se debe a la de sus pueblos; ésta guerra no es de los indígenas, vulnera sus derechos y es imperioso encontrarle una salida a través de las negociaciones políticas. Feliciano Valencia, uno de los voceros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, reiteró la decisión de los pueblos indígenas de exigir tanto a la guerrilla como a las Fuerzas Militares abandonar sus territorios sagrados, cesar los ataques contra la población e aceptar el diálogo como uno más de los medios para discutir y buscar caminos de entendimiento en el complejo proceso de construcción de paz.

La importancia de la complejidad de esta situación

El Norte del Cauca condensa algunos de los conflictos estructurales más relevantes de nuestra sociedad. Es una muestra de discriminación y exclusión históricas; abandono estatal en todas las dimensiones; pobreza y desconocimiento de la diversidad. Observando el escarpado territorio, las características de las tierras de esas montañas, la ausencia de infraestructura, uno de los participantes en la “caravana” se preguntaba “y ¿por qué la disputa por estos territorios si son una peladeros?” Son varios los aspectos que permiten entender el por qué.

En la guerra civil de mediados del siglo, la época de la “violencia” liberal-conservadora, estas montañas fueron corredores de las guerrillas por su ubicación que comunica al Cauca, el Valle del Cauca, Tolima y Huila. Entre 1949-1953 estuvieron allí las “autodefensas campesinas” –costado oriental de la cordillera hacia el sur del Tolima y el norte del Huila-. Posteriormente, fue una de las zonas de nacimiento de las FARC, en 1964, y escenario desde entonces de la guerra. En la década del ochenta se hizo presente el M-19 y, en el municipio de Tacueyó se estableció el campamento en el que se concentraron para negociar su salida de la guerra en 1990. En las dos últimas décadas ha adquirido relevancia también por el  tráfico de coca y marihuana al constituir un paso “natural” hacia el Pacífico.  Durante más de medio siglo   ha sido una zona de importancia estratégica para guerrillas, fuerzas estatales y últimamente  narcotraficantes.

Pero, también es un territorio de luchas indígenas en defensa de sus derechos, de reivindicación del acceso a las tierras que históricamente pertenecieron a los resguardos y hoy son propiedad privada en manos de latifundistas. Desde 1971 esa lucha adquirió nuevo dinamismo, impulsada entre otras formas de organización por el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, creado en Toribío con la participación de siete Cabildos y siete Resguardos. El fortalecimiento de la organización de los pueblos indígenas en el norte, la demanda de la aplicación de la Ley  89 de 1890 fue enfrentado con formas criminales. El asesinato del padre Ulcué en 1984 es el sangriento testimonio de la decisión de cerrarle el paso a las reivindicaciones de los pueblos indígenas por la tierra. A pesar de esa represión hay una tradición de luchas, de fortalecimiento organizativo que les ha permitido preservar su identidad  en medio de muchas guerras: la de las guerrillas, la del Estado, la de los paramilitares y narcotraficantes, así como resistir el embate ideológico, político, económico y cultural por disolver sus comunidades en las estructuras de la sociedad “occidental”. Han resistido, han perdido y ganado batallas, están amenazados de extinción como lo reconocen las Naciones Unidas… pero siguen “caminando la palabra”, construyendo sus planes de vida y, desde 1991, con el respaldo institucional abierto por la nueva Constitución Política, lograron ganar una nueva dimensión en sus luchas. El reconocimiento constitucional de su cultura, territorios y autoridades despojó a sus luchas del supuesto carácter ilegal o subversivo, pero no detuvo la discriminación, la exclusión, los asesinatos selectivos, la estigmatización y criminalización de ellas.

La de estas comunidades es una defensa de la vida en sentido integral: a seguir vivos para vivir con dignidad, preservar su cosmovisión esto es su relación con la naturaleza, con los demás grupos humanos y con ellos mismos. Tal vez por eso resulta tan difícil aceptar su visión del orden, la importancia de sus autoridades, de la guardia indígena, sus formas de fuerza a partir de la acción colectiva pacífica y su rechazo al recurso al de la fuerza basada en las armas. Una demostración de esta fortaleza es el juicio adelantado contra los cuatro guerrilleros de las FARC-EP, jóvenes Nasa, juzgados por sus autoridades y comunidades.

Un desafío desde la Constitución Política y desde la política

La exigencia de respetar la propiedad colectiva de sus tierras y no militarizarlas sin su consentimiento se fundamenta en la Constitución (arts. 58, 63 y 229, en el Convenio 169 de la OIT (arts. 13 a 19,  en las sentencias SU-519 de 1998 y T-769 de 2009 de la Corte Constitucional y en la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”. Es legítima, constitucional y fundamentada su exigencia al gobierno  de retirar a las Fuerzas Militares de su territorio. Desde luego que en una situación de guerra es éste un desafío complejo, pero la complejidad no lo ilegitima. Y también es legítima y justa la exigencia a las guerrillas de retirarse de sus territorios. En la carta dirigida el 12 de julio de este año al comandante de las FARC-EP insisten en que “Como hemos dicho siempre, y formalmente a ustedes desde la Declaración de Vitoncó en 1985: No aceptamos sus fuerzas guerrilleras en nuestros territorios. No las queremos y no las necesitamos. No queremos la presencia guerrillera -ni de ningún ejército- porque estos territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. […] No necesitamos su presencia porque la guerrilla no nos trae tranquilidad; ustedes atacan a la población civil; ustedes irrespetan nuestra autoridad y nuestra justicia”.

Respetar el Derecho Internacional Humanitario

Estamos en conflicto armado y rige el DIH que obliga a las partes en conflicto. Instalar puestos militares en medio de los poblados infringe el DIH. Sorprende, por decir lo menos, que el Presidente declare como lo hizo en Corinto en julio de 2011, que se “destruirá cualquier casa que sea utilizada por la guerrilla para realizar sus ataques”. Las comunidades indígenas, y todos los pobladores, tienen el derecho a exigir que dentro de  sus poblados no se instalen puestos militares y a que sus pueblos no se conviertan en campos de batalla. Esta exigencia no es un apoyo a la guerrilla, es un derecho reconocido por el DIH. El correlato es la exigencia a la guerrilla de salir de sus territorios y abstenerse de atacar a los pueblos.

Un camino ciudadano hacia la paz: los territorios de paz

Las comunidades indígenas del norte del Cauca han pasado de la resistencia a la guerra a la construcción activa de la paz. La fortaleza ética y política, la legitimidad y justeza de sus demandas y las acciones respaldadas en la fuerza colectiva de los desarmados muestra una de las vías posibles para poner fin a la guerra y avanzar en la construcción de la paz, vía que rechazan los guerreros de todas las tendencias justamente porque confronta a partir del poder de la colectividad la presencia autoritaria de las armas. El sargento que contuvo su ira y se abstuvo de usar sus armas y dejó correr sus lágrimas señala también un camino a los guerreros. Camino que no aplican, ni guerrilleros ni fuerzas militares que siguen matando civiles: los muertos con  los “tatucos” de las FARC-EP; el indígena Fabián Güetio asesinado por un soldado, “por error”, en un reten rural;  el campesino Mauricio Largo muerto en Huasanó, etc.

A este camino ciudadano hacia la paz se oponen las estrategias de guerra de las guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales. El Norte del Cauca es hoy un teatro de guerra y a la vez un proceso, ojalá exitoso, de construcción de paz. Esta zona es un eslabón fundamental del Plan Consolidación que hoy mediante la operación “Espada de Honor” concentra miles de efectivos militares con el objetivo de cortar la yugular de las FARC-EP. Es de esperar que la fuerza ético política del camino de paz de los pueblos indígenas sea capaz de desarmar, literalmente, estas maquinarias de guerra y que el diálogo propuesto contribuya a hacer de estos territorios verdaderos territorios de paz.

Edición N° 00313 – Semana del 27 de Julio al 2 de Agosto de 2012
 
 
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