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Dos temas para reflexión sobre la actividad minera

  Gustavo Wilches-Chaux
  Consultor independiente – Profesor universitario y escritor
   
 

¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad empresarial obligatoria y puede comenzar lo voluntaria?

En la última década del siglo pasado tomaron auge en Europa y a partir de ahí en el resto del mundo los conceptos de responsabilidad social empresarial y de responsabilidad social corporativa (que no son totalmente sinónimos, pero que en general apuntan a lo mismo) en virtud de los cuales las empresas privadas, muchas de ellas grandes multinacionales, algunas del sector minero-energético, adoptan una serie de “principios éticos” de acuerdo con los cuales deben regir sus relaciones con los Estados, con sus trabajadores, con el ambiente, con los mercados y con las comunidades presentes en los territorios donde operan. Dichos conceptos alcanzaron un hito importante cuando en julio del 2000, a instancias del entonces secretario General de la ONU Kofi Annan, se lanzó el llamado “Global Compact” o “Pacto Global”, que de acuerdo con la página oficial del mismo, “Es una iniciativa voluntaria en la cuál las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción […] El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de las corporaciones y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomenta sociedades más prósperas.”1

Una de las características de las políticas de responsabilidad social en las cuales cada empresa o grupo de empresas desarrollan la visión que, en su caso particular, tienen de esos principios, es que al igual que sucede con el “Pacto Global”, constituyen “iniciativas voluntarias para promover el desarrollo sostenible o sustentable y la ciudadanía corporativa”, pero no resultan vinculantes desde el punto de vista jurídico.

Una pregunta pertinente y necesaria para reducir los riesgos sociales que históricamente han estado ligados a la minería en Colombia y en otros países del mundo, riesgos que muchas veces por falta de la precaución adecuada se convierten en desastres, es hasta qué punto debe intervenir el Estado por medio de la Ley (entre otras normas, del Código Minero) en la definición de cómo deben interpretar y cumplir las empresas del sector sus responsabilidades con el ambiente y con las comunidades de las zonas en donde operan o pretenden operar, y qué es lo que se puede dejar al arbitrio de las mismas empresas. En palabras más sencillas, hasta dónde debe llegar lo obligatorio para comenzar lo voluntario.

Entre los requisitos para obtener licencia ambiental, cualquier empresa, incluyendo las mineras, deben presentar los planes mediante los cuales esperan resolver los problemas de toda índole que su actividad generará en las comunidades de la zona y la manera como esas comunidades van a ser compensadas por los perjuicios causados. En la práctica, sin embargo, lo que vemos todos los días en Colombia y en otros países de la región es que en la mayoría de los casos las relaciones entre las empresas mineras y las comunidades vecinas resulta ser altamente conflictiva, y que la manera como se pretende indemnizar a las comunidades locales no resulta eficaz para resarcirlas de los traumatismos causados, mucho menos para que esas comunidades puedan considerar que la minería ha sido una verdadera oportunidad para que los habitantes de la región puedan mejorar integralmente su calidad de vida.

Aún cuando en algunos casos las familias que se ven obligadas a ceder sus espacios o que resultan damnificadas de una u otra manera por grandes proyectos minero-energéticos (o por otros megaproyectos) reciben “altas” compensaciones económicas, las sumas que les entregan no sirven para resolver los problemas sino que a veces los agravan. Como dice una conocida propaganda, “hay cosas que el dinero no puede comprar”, y una de esas cosas es precisamente la identidad con el territorio con todo lo que ello implica en términos que la gente pueda sentirse segura en su casa.

En la reforma al Código Minero existe la oportunidad que el Estado establezca unos criterios inamovibles para el relacionamiento entre las empresas, las comunidades y la institucionalidad local y regional que trascienda el mero aspecto de las regalías, el cual por supuesto es importante, pero no suficiente y que suele pasar por encima de estos otros actores, no sin romperlos ni mancharlos sino todo lo contrario: rompiéndolos y generándoles múltiples manchas.

Los acuerdos cualitativos y cuantitativos favorables a que algunas comunidades afectadas por la minería han podido llegar con algunas empresas mineras tras años de desplazamiento y de conflicto, deben convertirse ahora en requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento para que pueda operar una empresa minera, adecuándolos a las características particulares de cada situación y de cada región en concreto. Solamente a partir de la exigencia y del cumplimiento de esos mínimos, podría comenzar el segmento voluntario de la responsabilidad social corporativa.

Entre esos requisitos mínimos debe existir el apoyo, con la participación proactiva y vigilante del Estado, a procesos tendientes a la consolidación de sujetos sociales fuertes con capacidad para ejercer una interlocución no mendicante con las empresas mineras y energéticas. Si la sostenibilidad ecológica recibe el nombre de “ecoeficiencia” y la económica el de “rentabilidad”, la sostenibilidad social de una empresa debería entenderse como “solidaridad” un valor que solamente es posible ejercer entre sujetos que se encuentran en una relación horizontal y equitativa. La caridad (que es como muchas veces se materializa una responsabilidad social empresarial mal entendida) es, por el contrario, una relación vertical en la cual un sujeto fuerte se desprende dadivosamente de algo en favor de uno débil. La solidaridad fortalece y permite, además, el ejercicio de la reciprocidad que puede resultar también importante y necesaria para las empresas, especialmente en escenarios de conflicto. La caridad vertical, en cambio, suele mantener a los débiles en condición de dependencia y desventaja.

¿Quién tiene derecho a que le pregunten cuando alguien pretende tomar decisiones sobre su casa?

Otro tema, ligado al que acabamos de proponer y que también debería considerarse en la reforma al Código Minero es el de las consultas previas a las comunidades que para bien o para mal van a resultar afectadas por cualquier megaproyecto (en este caso, claro, por un proyecto minero). Si bien en este momento, en virtud de acuerdos internacionales y de normas internas, ese requisito solamente se aplica para las comunidades étnicas, los derechos a la participación, al ambiente, a la identidad, a la propiedad, a la salud, a la educación y otros tantos sin los cuales el ejercicio del derecho a la vida se quedaría como una mera declaración inocua de buenas intenciones, no están consagrados en la Constitución nacional de manera exclusiva en beneficio de las comunidades étnicas. Cualquier comunidad colombiana, urbana o rural, cuya posibilidad de ejercer plenamente esos derechos pueda ser afectado por la realización de un megaproyecto de cualquier índole, debe tener y debe ejercer el derecho a participar en las decisiones que de una u otra manera va a impactar su calidad y su capacidad para crecer como sujetos sociales activos en el territorio.

Unos procesos verdaderos de consulta participativa pueden incluso orientar la realización de unos planes de gestión social efectiva que conviertan a las comunidades en cuyo suelo o subsuelo existan riquezas minerales (incluyendo el agua), en beneficiarias de esos recursos y no en damnificadas.

Todo lo anterior es válido, por supuesto, siempre y cuando los proyectos mineros se lleven a cabo única y exclusivamente en lugares en donde no pongan en peligro aquellos factores que determinan que un territorio sea capaz de afrontar sin consecuencias catastróficas los efectos de distintas amenazas que cada vez se están haciendo presentes con mayor fuerza en el mundo, entre ellas la crisis alimentaria y el cambio climático.

En un artículo reciente publicado en Razón Pública2 mencioné que, en mi concepto, cualquier decisión sobre el desarrollo debería orientarse por cuatro criterios: no afectar la capacidad del territorio para garantizar una oferta suficiente y adecuada de agua, ni el derecho fundamental de las comunidades a acceder a ella; fortalecer la resiliencia climática del territorio (es decir: su capacidad para absorber sin traumatismos los efectos de extremos climáticos, lo cual depende en gran medida de la integridad y diversidad de los ecosistemas); no afectar y por el contrario fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades (no permitir que la seguridad alimentaria entre a depender exclusivamente de recursos y decisiones externas) y no afectar la capacidad de los seres humanos para construir relaciones de identidad con los territorios de los cuales forman parte.

Si la minería pone en peligro la existencia de esos factores fundamentales para la viabilidad del país en un escenario de crisis climática, aun cuando exista la intención de invertir las ganancias en desarrollo sostenible podemos caer en la situación del que vende los riñones para comprase, con lo que le den, un aparato para diálisis.

De lo contrario, de lograrse asegurar como mínimo esos cuatro factores, las comunidades colombianas podrán verse a sí mismas como socias de la locomotora minera y no como ven aproximarse un tren los ocupantes encerrados en un carro varado justamente encima de los rieles.

Edición N° 00313 – Semana del 27 de Julio al 2 de Agosto de 2012
 
 
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