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Lo que sucede con cerro matoso no es nuevo

  Víctor Negrete Barrera
  Centro de Estudios Sociales y Políticos – Universidad del Sinú
   
 

El principio

En 1940 fueron descubiertos los ricos yacimientos de níquel, hierro y otros minerales en Cerro Matoso a 22 kilómetros de Montelíbano en el departamento de Córdoba. En 1956 presentaron dos propuestas que durante mucho tiempo disputaron el derecho a la exploración y explotación: la de Santiago Gregory y la Richmond Petroleum Company of Colombia que en 1965 cambió su razón social por Chevron Petroleum Company of Colombia.

1. La Richmond a pesar de tener demandadas las resoluciones que la escogieron como contratante comenzó a efectuar sondeos en la zona desde 1958, a tal punto que para el mes de mayo de 1964 cuando el Consejo de Estado declaró nulas esas resoluciones y ordenó escoger al primer proponente que era Gregory o sus cesionarios extranjeros, ya había firmado un año antes el contrato de concesión con el gobierno nacional. De acuerdo a este contrato al concesionario extranjero le hicieron entrega total del área, no le fijaron condición ni lugar para pagar regalías ni tampoco para una explotación de carácter industrial transformando los minerales en el país, no aclararon la participación colombiana en el negocio, ni el pago de primas, ni el compromiso de construir obras de desarrollo, ni la reducción del periodo de explotación, ni la reversión gratuita de la planta de tratamiento, ni la limitación de las remesas de utilidades al exterior, ni la intervención  del Ministerio en la escogencia del proceso y de la planta de transformación, ni el control del mismo sobre los costos y las inversiones. Ese mismo año descubrieron que la Richmond había suscrito con el gobierno ocho contratos de explotación de hierro, níquel, cromo, cobalto y había formulado, además, 16 propuestas sobre los mismos minerales. Los derechos otorgados cubrían la totalidad de las 8.266 hectáreas de terrenos niquelíferos descubiertos hasta entonces.

Con semejantes privilegios la Richmond demandó la resolución del Consejo de Estado, presionó los distintos organismos oficiales que tenían que ver con la determinación tomada, negoció con otra compañía norteamericana la Hanna Mining Company su participación en la concesión y al final, como era de esperarse, inclinaron la balanza a su favor. Resuelto el litigio la Chevron-Hanna fundó la Compañía de Níquel Colombiano S.A (CONICOL), quien participó en el proyecto con el 66.6% del capital y quedó con el control administrativo y operativo del proyecto, así como la explotación del yacimiento, mientras el gobierno creó la Empresa Colombiana de Níquel (ECONIQUEL) con una participación del 33.4%, a pesar de ser el yacimiento propiedad de la nación, además, debió aportar no solo el capital para poner en marcha el proyecto sino que se encargó de gestionar la financiación necesaria para realizarlo.

2. Ya firmado el contrato, elegida la junta directiva de Econíquel y conocidas las primeras determinaciones de la empresa, vinieron las reacciones de parte de hacendados, dirigentes políticos y grupos económicos, quienes contaban con mayor información sobre lo que estaba sucediendo. La población en general, mientras tanto, fue marginada, los datos que recibían eran fragmentarios, deformados en ocasiones, sin embargo su participación fue decisiva en los momentos claves. Lo primero que hicieron fue enviar en diciembre de 1970, al entonces presidente Misael Pastrana Borrero, el siguiente telegrama: “ciudadanía Montelíbano sin distingos colores políticos, religión o raza, nativa o adoptiva, respetuosamente exprésale total inconformidad por cuanto en la junta directiva Empresa Minas de Matoso no incluyose como principal un elemento cordobés…Así mismo extrañamos no se haya escogido ciudad Montería como sede Junta Directiva, tal distinción correspóndele por derecho propio como capital departamento en cuya jurisdicción y seno está ubicado precioso metal níquel. Como amigos de su gobierno fomentaremos movimiento cívico departamental fin reclamar derechos corresponde este municipio y evitar que nuestro departamento subdesarrollado se le prive disfrutar distinción y beneficios puede generar explotación Cerro Matoso en caso no modificarse algunas cláusulas contratos y no cambie situación respecto desconocimiento nuestros valores humanos e importancia nuestra capital”.

3. La población de Montelíbano respondió a este llamado: participó activamente en reuniones y desfiles y generó tal expectativa que organizaron una manifestación de grandes repercusiones el 10 de enero de 1971. Al día siguiente los organizadores enviaron la siguiente comunicación: “Ayer realizoce gran manifestación cívica, no menos veinte mil personas fin exigir dos representantes principales y suplentes en Junta Directiva Econíquel para tranquilidad ciudadanía región y reconocimiento derechos cordobeses. Seguiremos organizando manifestaciones esta naturaleza todo Córdoba hasta conseguir objetivos”. El 4 de febrero recibieron la noticia de la elección de dos miembros principales y tres suplentes en la Junta de Econíquel. Alentados por el triunfo decidieron “seguir luchando hasta lograr capacitar personal cordobés evitar importarlo otras regiones, distribución regalías beneficie departamento y municipio, iniciación obras fundamentales desarrollo y  municipio reciba acciones de Econíquel”. Consiguieron, además, que las oficinas principales se establecieran en Montelíbano y no en Caucasia, Antioquia, donde funcionaron durante cierto tiempo.

4. La Junta Cívica que habían conformado, apoyada por el pueblo, exigió a Conicol el cumplimiento de obras de infraestructura contenidas en la cláusula décimocuarta del Contrato adicional de julio 22 de 1970: construir y mantener las carreteras que se requieran para realizar los trabajos de exploración, explotación, procesamiento y transporte de sus productos; acondicionar la pista del aeropuerto; recursos para la construcción y mantenimiento del acueducto, planta de purificación y alcantarillado de la población; construir y mantener en funcionamiento un hospital con capacidad y dotación suficientes para atender a los trabajadores del concesionario y sus familias, lo mismo que escuelas primarias, viviendas y obras de saneamiento ambiental.

5. A finales de 1972 desapareció la Junta Cívica. Algunos de sus dirigentes estuvieron involucrados en malos manejos económicos y en satisfacer intereses particulares como llegar a ser alcaldes o concejales, escalar posiciones en la burocracia, ocupar puestos de importancia o tener influencias en las empresas encargadas del proyecto. En diciembre de1979 el presidente de la república inauguró oficialmente los trabajos de la Empresa Cerro Matoso S.A constituida por Conicol y Econíquel y en 1982 comenzó la explotación. Para mayor información sobre este periodo pueden consultarse trabajos de Enrique Santos Calderón, Amilcar Acosta, Héctor Melo (La historia prohibida de Cerro Matoso, editorial Latina, Bogotá, 1973) y el libro de mi autoría Montelíbano, pasado y presente, Fundación del Caribe, Montería, 1981.

La actualidad

La empresa Cerro Matoso S.A está en manos de la anglo-australiana BHP Billiton desde el año 2005 con el 99.9% de las acciones. El contrato de concesión de 1990 le reconoció títulos sobre 686 hectáreas, 545 en Montelíbano y 141 en Puerto Libertador.

1. El próximo 30 de septiembre, después de 30 años de explotación ininterrumpida con fabulosas ganancias, terminará el contrato de concesión. El presidente de la empresa, Ricardo Escobar Pérez, informó que “la empresa diligenció ante la autoridad minera (antes Ingeominas, hoy Agencia Nacional de Minería) la solicitud de prórroga por 30 años más y ambas partes se encuentran en conversaciones alrededor de los términos y condiciones en que se haría efectiva la misma”.

La empresa, como lo hizo la Richmond en el pasado, desde bien temprano quiso asegurar su presencia en la zona. De acuerdo con el economista Guillermo Rudas, desde hace 15 años solicitó y “obtuvo licencias de exploración para diversos minerales, entre los cuales se encuentra el níquel, mediante un título que incluye un territorio con un área continua de 52.163 hectáreas en los municipios de Puerto Libertador (18.664 hectáreas), Montelíbano (17.290 has), Planeta Rica (15.064 has) en Córdoba y Tarazá (1143 has) y Cáceres (2 has) en Antioquia. El mismo economista, citando fuentes del diario El Espectador y La Silla Vacía dan a conocer “la forma poco transparente como se estaban adelantando las negociaciones con esta empresa, a pocos días de terminar el gobierno Uribe”. En  palabras del profesor Francisco Azuero: intentaron valerse de “la antipática costumbre de las prolongaciones automáticas que hoy se presentan cada vez que se vence el término de una concesión minera…”

2. Una vez conocida la fecha de terminación del contrato con Cerro Matoso S.A y  las negociaciones que se estaban celebrando en la más absoluta reserva entre representantes del gobierno y el equipo negociador de la empresa, las primeras reacciones fueron de los especialistas en estos temas del Foro Córdoba 60 años, un grupo compuesto por académicos, investigadores, periodistas y líderes estudiosos de la realidad del departamento y la alcaldía del municipio de Montelíbano. El desconocimiento sobre estos temas es casi absoluto en el departamento por parte de la administración pública, los órganos de control, los medios de comunicación, la dirigencia política, los gremios económicos, las iglesias, la academia, las organizaciones no gubernamentales y por consiguiente la población en general, en especial la de Montelíbano y Puerto Libertador.

3. La administración municipal de Montelíbano está convencida de la legalidad de sus criterios y la justeza de sus peticiones. Aun cuando no las ha hecho públicas o los medios de comunicación no las han divulgado por intereses conocidos,  las presentaron ante dirigentes locales, agencias y organismos de cooperación internacional. Hasta el momento cuenta con el respaldo del Departamento ambiental de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Córdoba, el Foro Córdoba 60 años y el acompañamiento a reuniones en Bogotá de los alcaldes de Puerto Libertador, Buenavista, Pueblo Nuevo y Planeta Rica. Por otra parte un grupo de congresistas de diferentes partidos políticos conformaron el Comité por la defensa del interés público en Cerro Matoso. Le han solicitado al gobierno  no precipitarse en la toma de ninguna decisión porque los colombianos tienen derecho a opinar, informe en qué van las negociaciones y entregue copia de todos los contratos suscritos entre el Estado, Cerro Matoso y las demás empresas que han tenido que ver con esta explotación. Los congresistas conservadores Nora García y David Barguil han exigido que la negociación entre el Gobierno nacional y la empresa la hagan de cara a la comunidad e informaron que están “preparando una sesión de la Comisión Quinta del Senado en Montelíbano, en la que además estarán el Ministerio de Minas y la Contraloría para debatir abiertamente sobre esta nueva concesión’’. Desde hace varios años existe una Acción Popular radicada ante el Juzgado 25 administrativo de Bogotá en contra del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas-Cerro Matoso presuntamente responsables de hechos y acciones contrarios a los intereses colectivos de los colombianos. Llama la atención el silencio de los otros grupos políticos, la gobernación, los otros alcaldes del departamento, Cámara de Comercio, Asamblea departamental, asociación de periodistas, organismos no gubernamentales y universidades, entre otros

4. Los siguientes son los criterios y peticiones de la administración municipal ante la negociación de la prórroga de concesión del gobierno nacional y la empresa Cerro Matoso:

a) Por disposición Constitucional y desarrollo legal los recursos y riquezas del subsuelo le pertenecen al Estado y en franca desigualdad legal los municipios y departamentos dueños del suelo soportan el deterioro ambiental y los impactos sociales, culturales y económicos que trae consigo la explotación minera, de ahí que merezcan un trato y reconocimiento especial.

b) Los municipios y regiones  mineras cargan en su haber el estigma de la corrupción administrativa, hecho innegable, que no debe ser impedimento para reclamar un trato diferencial por ser  los dueños de los recursos.

c) La administración de Montelíbano solicitó al Ministerio de Minas en nombre de  los municipios del San Jorge, abrir un espacio  para ejercer sus derechos a participar en el marco de las negociaciones que desde hace varios años  adelanta el gobierno con la empresa BHP Billiton por la prórroga del contrato de concesión que vence en septiembre.

En respuesta a esta solicitud el viceministro de Minas “agradece al alcalde el interés de participar y considera fundamental que el municipio pueda expresar su posición frente a esta negociación” y propone organizar una reunión con la Agencia Nacional de Minería y la Dirección del Servicio Geológico Colombiano “que esperamos sea el inicio de una nueva relación y un corte de cuenta para Montelibano y demás municipios del San Jorge en esta segunda etapa de explotación de níquel en Cerro Matoso”.

d) De estas reuniones la administración espera obtener lo siguiente: 1. Que el Gobierno adopte un trato respetuoso e incluyente hacia el departamento, municipio y zona del San Jorge y haga valer los derechos que tienen como dueños del suelo donde se encuentran los recursos naturales y minerales. 2) Que se conozcan públicamente los términos de la negociación para no repetir la historia donde los contratos de concesión no estuvieron al alcance de las autoridades municipales y los ciudadanos como documentos públicos que son e informen oportunamente sobre las modificaciones que hagan a los mismos. 3) Que analicen, acuerden y establezcan con la participación de los entes territoriales  las compensaciones a que tienen derecho. 4) Que los planes de manejo ambiental sean productos de concertación entre el Ministerio del Medio Ambiente, CVS y los entes territoriales afectados. 5) Que estos acuerdos después de ser concertados  sean públicos, que permitan en el tiempo exigir su cumplimiento y control social, así mismo se conozcan los planes de manejo por parte de las autoridades ambientales correspondientes y los avances en el cumplimiento de las obligaciones en ellos establecidas, especialmente en la aplicación de medidas de compensación por impactos no evitados o mitigados.

e) Dentro de las peticiones que aspiran sean tenidas en cuenta figuran las siguientes: 1) Salud. Medición permanente e independiente de los impactos sobre la salud de las poblaciones del área de influencia de la mina. El Ministerio de Salud y Ambiente verifique si las denuncias presentadas por afectaciones en piel, aumento de abortos, cáncer y enfermedades respiratorias guardan relación con la explotación minera y definan los controles y procedimientos que permitan establecer la corresponsabilidad. 2. Ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible corrobore los impactos causados y fije políticas y planes de manejo ambiental para la zona. Defina de manera transparente las medidas compensatorias e inversiones ambientales obligatorias y fortalezca la participación de la Corporación regional y los municipios en el monitoreo y seguimiento  del cumplimiento de las obligaciones contraídas. 3) Social y Cultural. Elaborar programas y políticas que promocionen y fortalezcan valores, principios, derechos, deberes, identidad, capacidades, creencias y costumbres que mitiguen los impactos que fluyen en entornos mineros como cultura de ilegalidad, violencia armada, social y doméstica, desconfianza, miedo,  anomia, vicios, riesgos sociales para niños, adolescentes y jóvenes, entre otros. 4) Obras e Infraestructura. Acordar con las alcaldías de la zona las obras que deben desarrollarse, priorizando las de salud, saneamiento básico, agua potable, educación técnica y superior, proyectos productivos, ciencia y tecnología, procesos de transformación de materia prima y vías para el desarrollo.

5. Además de irregularidades en el pago de regalías e impuestos, contaminación ambiental, poco cumplimiento de su responsabilidad social, una normatividad demasiado beneficiosa para las empresas extractivas, títulos mineros y licencias ambientales notoriamente perjudiciales para las comunidades y la nación, también está en juego el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada de estos proyectos para poder participar y controlar de manera oportuna y decidida.

La poca participación de los cordobeses en esta etapa de exploración y explotación minera (ferroníquel, carbón y oro hasta el momento) y expansión eléctrica es preocupante por los efectos negativos que producirán si no existen  intervenciones oficiales y de la sociedad que conozcan, vigilen, protejan y minimicen al máximo los impactos de las obras y el reconocimiento de los derechos de los cordobeses. El cese de actividades de 1.220 trabajadores rasos que laboran en la construcción de una carboeléctrica de la Generadora y comercializadora de energía del Caribe S.A, la llamada Gecelca 3, en Puerto Libertador, vecino de Montelíbano, durante más de 27 días es bastante diciente. Simplemente reclaman mejores condiciones laborales como bonificaciones, seguridad industrial, capacitaciones, descanso y salarios, además, se sienten discriminados respecto a otros trabajadores y mal tratados por los ingenieros. A propósito: hace varios meses le solicitamos a Gecelca información y aclaraciones sobre distintos temas y hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Algo más: ¿quién nos da alguna información sobre la explotación de oro en Puerto Libertador y Ayapel?

La historia nos dice que la gente de Montelíbano debió movilizarse durante meses para lograr que la empresa la instalaran en Montelíbano y no en Caucasia y Conicol cumpliera lo acordado con las obras. ¿Qué estamos pensando hacer los cordobeses ante esta nueva situación?

Edición N° 00313 – Semana del 27 de Julio al 2 de Agosto de 2012
 
 
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