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México: el mito de sísifo persigue a la izquierda

  Víctor M. Quintana S.
  Diputado Mexicano
   
 

Parece que en México las elecciones competidas más que generar estabilidad y certidumbre, provocan inestabilidad y confrontación. Por segunda vez consecutiva, desde 2006, el país se encuentra en una coyuntura de cuestionamiento en los tribunales y en las calles de los resultados comiciales. Por segunda vez se obliga a la izquierda a remontar todas las dificultades para demostrar la ilegalidad de los comicios.

1. Las cifras oficiales

El Partido Revolucionario Institucional, PRI, está por recuperar la Presidencia de la República, luego de doce años de dominio del derechista  Partido Acción Nacional, PAN. Los resultados finales de la elección presidencial le dan el triunfo al candidato priísta, Enrique Peña Nieto, con un 38.21 % de los votos, contra un 31,59% por ciento del candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador. Muy atrás quedaron la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, con un 25.41% y el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, con apenas un 2.21%.

El PRI tendrá la minoría más grande en el Congreso de la Unión y junto con su aliado, el Partido Verde Ecologísta de México, PVEM, podrá conseguir la mayoría simple. Le seguirá, con poco más del 30% de los escaños, el Movimiento Progresista, constituido por tres partidos de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, el Partido del Trabajo, PT, y el Movimiento Ciudadano. Por su parte, el partido que es controlado por Elba Esther Gordillo, cacique del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el Partido Nueva Alianza, logró apenas pasar el umbral de votación para conservar su registro como partido y tener una mínima representación en el Congreso, misma que se venderá al mejor postor.

El PRI, resulta, con los datos oficiales, el gran ganador de la jornada, pues además recupera dos importantes estados: Jalisco y Chiapas y retiene Yucatán. La izquierda, obtiene un importante avance, al colocarse como la segunda fuerza política del país, reteniendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por amplio margen, y ganando los estados de Morelos y Tabasco. Indudablemente, el gran perdedor de la jornada es el PAN, que además de perder la presidencia, pierde los estados de Jalisco y Morelos y se queda como tercera fuerza en el Congreso. Esto  es la consecuencia directa de las malas cuentas rendidas por el gobierno de Felipe Calderón: 60 mil muertos por su “guerra al narcotráfico” y resultados económicos más que mediocres.

2. Las razones de la inconformidad

De nuevo, la impugnación del proceso electoral ha sido emprendida por Andrés Manuel López Obrador, candidato despojado de la presidencia en 2006. En un enorme legajo, presentado a las autoridades electorales por éste y su equipo, se detallan y fundamentan las diferentes causales por las que se pide se anulen las elecciones.

Compra de votos: según el Movimiento Progresista, el PRI y su aliado, el Partido Verde habrían comprado 5 millones de votos, suficientes para superar a López Obrador en las presidenciales. Dicha compra se habría hecho a través de diversos medios: “monederos electrónicos”, es decir, tarjetas de la cadena de tiendas de autoservicio Soriana, la segunda más grande del país. Tarjetas Monex, empresa muy vinculada últimamente al lavado de dinero. Entrega de despensas y obsequios a las familias de más escasos recursos, etc.

Empleo de recursos públicos: la enorme cantidad de recursos económicos empleados en las campañas del PRI se explican en buena parte por la intervención de los gobernadores priístas a favor de Peña Nieto. Los estados gobernados por el PRI son los más endeudados del país y se sospecha que buena parte de esa deuda se destinó a la compra del voto por este partido, empeñado en regresar a la casa presidencial de Los Pinos, luego de haber permanecido allí durante 70 años hasta el año 2000. Por otra parte, dichos gobiernos también se las ingeniaron para obligar o “invitar” a todos sus empleados públicos a participar como activistas en las campañas priístas con las promesas de conservar su empleo o mejorar sus percepciones.

Manejo sesgado de encuestas:  la mayoría de las empresas encuestadoras desde el principio del proceso daban a Peña Nieto, el candidato del PRI-PVEM hasta 20 puntos porcentuales de ventaja y siempre colocaron en un muy disputado segundo lugar a López Obrador, del Movimiento Progresista y a la oficialista, Josefina Vázquez Mota. Con esto, alega la izquierda, se trató de desanimar a los votantes, haciendo inexorable el triunfo de Peña a la vez que evitando el “voto útil”, pues si López Obrador se hubiera despegado en las encuestas, la candidata del PAN se hubiera desfondado haciendo más competitivo a éste. Sin embargo, los resultados finales son muy diferentes a lo señalado por la gran mayoría de los encuestólogos: Peña Nieto apenas si ganó por poco más de seis puntos porcentuales y Vázquez Mota quedó otros seis puntos debajo de López Obrador.

La manipulación mediática: el bombardeo con encuestas favorables a Peña Nieto fue posible gracias a la complicidad de las empresas más poderosas de la comunicación en México, sobre todo el duopolio televisivo compuesto por Televisa y Televisión Azteca, el sistema de noticieros de radio, televisión y prensa escrita “Milenio”, la cadena nacional de periódicos, Organización Editorial Mexicana y otros más. No sólo eso, la mayoría de estas empresas prosiguieron, aunque con menos vehemencia y abriendo ciertos espacios, su campaña de ataques y críticas contra López Obrador que habían comenzado antes de las elecciones de 2006 y prosiguieron todos estos años para impedir cualquier reposicionamiento en las preferencias electorales e imagen del candidato de la izquierda.

El lavado de dinero: el jueves pasado, López Obrador y los dirigentes de los partidos del Movimiento Progresista presentaron a las autoridades electorales una serie de pruebas supervinientes para demandar la anulación de las elecciones federales. Todas van hacia lo mismo: vinculan los ingentes recursos utilizados por el PRI en su campaña con recursos de procedencia ilícita, concretamente con el lavado de dinero.

3. Las raíces profundas de la inequidad

Detrás del alegato judicial de la izquierda mexicana, detrás de las protestas contra la imposición encabezadas por el movimiento de los jóvenes “#Yo soy 132”, quien también ha organizado, por su lado, la protesta postelectoral, subyacen los factores sociales que tornan en una tarea prometeica la celebración de elecciones libres y democráticas en México. Las podíamos resumir en los siguientes factores:

Cualquier proceso social se va a topar con la dramática realidad que en México hay 52 millones de personas en pobreza, casi 12 en pobreza extrema y que, junto con Brasil y Guatemala es de los países más inequitativos de América Latina. Además, la coyuntura de sequía en el norte y centro norte del país, así como la oleada de violencia e inseguridad han agudizado el desempleo y causado hambruna en varias regiones. Esto hizo que en esta coyuntura electoral hubiera un gran contingente de ciudadanos y de ciudadanas cuya principal urgencia no es votar, sino sobrevivir, muchos de los cuales estuvieron dispuestos a emitir su sufragio a cambio de una cantidad en dinero o en especie para aliviar su situación.

Aquí es donde opera el segundo factor, porque si bien en muchas partes del mundo existen una gran pobreza y desigualdad social, en pocos como en México hay un partido político con una experiencia octogenaria en la administración electoral de la pobreza: el PRI. Este partico y su aliado, el PVEM echaron mano de los medios tradicionales y de  los  más modernos como, la entrega de tarjetas de débito o de “monederos electrónicos” a cambio de la prueba de voto a su favor exigida a los electores,  mediante artificios tan sofisticados como la foto de la boleta electoral tomada con el teléfono móvil.

Vinculado con esto, la precariedad laboral existente en el país, hizo que los burócratas se convirtieran en un grupo muy fácilmente utilizado por los gobiernos, sobre todo del PRI para servirles como promotores del voto, repartidores de volantes, representantes de casilla, etc. Con tal de conservar su empleo muchas personas tuvieron que convertirse en activistas de un partido que no les convence. Y no quieren presentar denuncia alguna precisamente para no perder su puesto de trabajo. A mayor inseguridad en el trabajo, más vulnerabilidad a los chantajes electorales del patrón.

El tercer factor es la impunidad reinante en el país, siempre en asuntos penales, ahora también en electorales. El PRI y el PVEM violaron la legislación electoral en términos de topes de campaña, en propaganda, en gastos de traslados, en objetos promocionales; en inserciones pagadas en prensa escrita y medios digitales, etc. Sin embargo, como las autoridades electorales no actuaron o lo hicieron con tardanza o tibieza, gozaron de total impunidad. A lo más podrán ser sancionados con multas que pagarán sin problema alguno, pues de seguro las consideran “gastos de campaña”, porque, inexplicablemente, este tipo de irregularidades no implican de ninguna manera la nulidad de una candidatura, la invalidación de un triunfo o la pérdida de registro del partido. Como las penas no son proporcionales a las faltas, la impunidad de las conductas electorales inequitativas o dispendiosas, o utilizadoras de los recursos públicos se seguirá reproduciendo.

Un cuarto factor es que en este país tremendamente polarizado, la oligarquía opera realmente como una sociedad de crimen, como una “mafia reloaded”, antes, durante y después del proceso electoral, para imponer al candidato de su preferencia e impedir el triunfo de quien puede afectarlos en sus intereses. Dicha mafia, reiteradamente denunciada por López Obrador,  está integrada por el duopolio televisivo, un puñado de grandes empresas, las cúpulas del PRI y del PAN, las cúpulas de los sindicatos más grandes y corruptos, como el de maestros y el de los trabajadores petroleros,. También con el respaldo de las élites del PAN: pocas semanas antes de las elecciones el primer presidente de la alternancia, Vicente Fox, del PAN invitó “votar por el puntero”, identificándolo con Peña Nieto: Pero lo más sorprendente fue que aun no se había terminado el conteo oficial de los votos cuando el presidente Felipe Calderón salió prácticamente a consagrar el triunfo del candidato priista, y todavía para más sorpresa, la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, reconoció públicamente el triunfo de Peña Nieto, aun cuando sus correligionarios de base no contaban siquiera el diez por ciento de los votos, y  luego de haber criticado los modos priistas cuantas veces pudo en los debates.

4. Las batallas presentes

La situación por ahora se presenta difícil, con amplias zonas de incertidumbre, como se presentó hace seis años: Peña Nieto no ha sido declarado “presidente electo” ante el cúmulo de impugnaciones presentado por López Obrador y el Movimiento Progresista. Las autoridades como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral se han portado casi como defensoras del triunfo del PRI minimizando las impugnaciones y diciendo que ninguna movilización hará que cambien su decisión final. Felipe Calderón y el PAN han tenido que modificar su postura blanda del día de las elecciones y el primero habla de la necesidad de “limpiar la elección”, mientras el segundo señala graves irregularidades, aunque sin llegar a pedir la invalidación de los comicios.

Estas últimas dos semanas se han abierto dos grandes vertientes de impugnación al triunfo del PRI y de demanda de invalidación de las elecciones:

Por el lado más institucional, podría decirse, está toda la estrategia de López Obrador y de los partidos del Movimiento Progresista. Camina con dos pies: por un lado recurre a lo que la ley permite para impugnar y demandar la invalidez del proceso electoral. Por otro lado, el fin de semana pasado, López Obrador dio a conocer el Plan Nacional en Defensa de  la  Democracia y la Dignidad de México, que consiste en toda una serie de movilizaciones informativas para dar a conocer a la sociedad cómo se dio el fraude electoral y para recabar firmas para exigir la invalidez de los comicios.

Por otro lado está el colectivo que se ha unido en torno al movimiento juvenil “#Yo soy 132”, que en fin de semana del día 15 de julio convocó a una gran reunión nacional y ahí se constituyó la Convención Nacional contra la Imposición, que emprenderá diversas acciones como las manifestaciones de rechazo del pasado fin de semana.

Aunque son convergentes en sus demandas las dos estrategias, los dos colectivos, tienen sus diferencias muy marcadas: López Obrador seguirá a pie juntillas lo que la ley marca para impugnar las elecciones y será cuidadoso en no caer en acciones que puedan calificarse como “desestabilizadoras”, como lo fue el famoso Plantón de Reforma hace seis años y que le acarreó muchos ataques de los medios y diversos sectores sociales. Será una movilización muy centralizada, con un liderazgo muy claro y unipersonal.

Por otro lado, el colectivo contra la imposición buscará acciones más directas, más contestatarias, sin temer salirse de los cauces estrictamente legales. Se dirigirá sobre todo a los jóvenes del país, pero también buscará que se involucren en él otros grupos como los indígenas, los sindicalistas independientes, los derecho humanistas, etc. Será una movilización muy descentralizada, sin un liderazgo único, sino compartido.

En todo caso, en los próximos días habrá varias incógnitas a despejar. La primera de ellas es si, por fin, las autoridades electorales mexicanas son capaces de ir más allá de los mecanismos de la democracia formal, procedimental y fijarse en las condiciones sociales que inducen el voto y entonces podría anular o invalidar las elecciones. La segunda, es si en caso de que estas autoridades se mantengan en el formalismo que han manifestado hasta ahora, hasta dónde llegará la protesta social. La tercera, es más estructural, más a largo plazo es una interrogante que ya han respondido algunos grupos más radicales: ¿tiene caso seguir apostándole a que la izquierda partidaria llegue alguna vez al poder por la vía electoral en México, con una mafia en el poder tan poderosa y unos vecinos tan temerosos en el Norte? ¿No sería mejor ir ensayando, ir construyendo desde abajo, desde lo cotidiano, otras formas de democracia donde la gente no tenga que pedir permiso?

Edición N° 00313 – Semana del 27 de Julio al 2 de Agosto de 2012
 
 
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