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Las dificultades del Gobierno Santos en la mitad de su mandato ll

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

En el pasado número de esta publicación señalamos que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, atraviesa por una coyuntura signada por su caída en los niveles de favorabilidad en la opinión pública al punto que su imagen favorable es tan sólo del 47% mientras que su imagen desfavorable es según las últimas encuestas del 48%. Señalamos así mismo que en parte estos resultados están relacionados con políticas que no responden a las necesidades de muy amplios sectores de la opinión tales como sus políticas en materia de salud pública y la crisis que afronta este sector así como en materia educativa. Las políticas sociales se distinguen por el asistencialismo heredado de la administración anterior en programas como familias en acción o la llamada red juntos. Así mismo señalamos que muchas de sus políticas son de carácter centralista y presidencialista. En esta segunda parte trataremos dos temas que quedaron pendientes y se refieren a los costos relacionados con la llamada reforma a la justicia y a la falta de ejecución de las políticas públicas que a nuestro juicio han pesado mucho en la baja de la popularidad del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno.

Hay que señalar de manera clara que en materia de reformismo progresista Santos se puso al frente de la aprobación de la ley de víctimas y restitución de tierras, Ley 1448 de 2011, que apuntan en la dirección correcta al reconocer la existencia del conflicto armado y de millones de víctimas que esté conflicto ha generado. En Colombia tenemos un universo de víctimas que superan los 5.5 millones de personas de las cuales un poco más de 5 millones son víctimas del desplazamiento forzado que fueron despojadas de 6.5 millones de hectáreas de tierra y que en un 90% viven bajo la línea de pobreza. Estas familias se encuentran en un estado de cosas inconstitucional declarado  por la Corte Constitucional desde el año 2004 mediante la Sentencia T 025 de dicho año. Pese a ello más de 700 mil familias viven en condiciones precarias tanto en materia de vivienda como de ingresos y de empleo digno. Por ello hay que decirlo con toda claridad, la ley de víctimas y de restitución de tierras marcha en la dirección acertada al señalar la obligación del Estado de dignificar a estos millones de compatriotas y de restituirles sus propiedades y reparar en parte los daños que se les causaron. Es acertado además reconocer que el Estado que fue incapaz de protegerlos es en parte responsable de su situación y por tanto debe ponerse al frente de la reparación y de su dignidad como seres humanos. El problema aquí no está tanto en la política sino en la ejecución de la misma. Se dice que esta es una política de largo plazo y que por ello aún no se ven los resultados. A nuestro juicio esto es verdad, pero sólo en parte. Esta política no ha tenido el despliegue que debería tener y su marcha es muy lenta. Cómo es posible que a un año de expedición de la ley aún no haya un registro único de víctimas y no se haya puesto en marcha la atención a las víctimas para que ellas sepan a ciencia cierta a qué derechos pueden acceder según la misma ley. Cómo es posible que apenas ahora se estén dando los primeros pasos para concretar la participación de las víctimas y se hayan aprobado políticas como el documento Conpes o el Plan de Acción sin la participación de sus organizaciones. Lo propio podría señalarse de la lentitud reconocida por el propio Presidente la semana anterior en el municipio de Chivolo en donde se interpusieron simbólicamente las primeras demandas para buscar la restitución de las tierras despojadas en este caso por las bandas paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Aquí ha habido baja ejecución de una política que es necesaria y justa.

Lo propio podríamos señalar con respecto a la política de vivienda popular del actual Gobierno. Sólo cuando el Gobierno advirtió de su bajonazo en la opinión pública reconoció que el problema de la vivienda popular era que la política frente a la misma era inadecuada. Como se ha dicho por los estudiosos paradójicamente el problema de la vivienda para los estratos más pobres de la sociedad es el de sus bajos niveles de ingresos y el de la informalidad de sus empleos. Decenas de miles de subsidios para las víctimas del desplazamiento forzado no pudieron ser invertidos porque no se pudo hacer el cierre financiero de las ofertas de vivienda a pesar que los gobiernos de las principales ciudades del país aprobaron subsidios complementarios a los subsidios nacionales. Por ello nos parece acertada la política de 100 mil viviendas para las víctimas de desplazamiento forzado y para familias pobres del país. El problema es que el impacto en la imagen favorable del Gobierno no vendrá mientras dicha política no pase de ser un anuncio.

Pero, hay temas en los cuales el Gobierno se ha equivocado de manera grave y uno de ellos además de los señalados en educación y salud se refiere al fallido proyecto de reforma constitucional a la justicia. En primer término porque como lo hemos señalado en esta misma publicación el proyecto no estaba dirigido a resolver la congestión, la morosidad y la creciente impunidad. La reforma estaba dirigida principalmente a favorecer los intereses de la clase política, era una contrarreforma política y buscaba acrecentar los privilegios de las altas cortes de justicia. La esencia del proyecto como lo advertimos desde que fue presentado al Congreso de la República buscaba extender privilegios y rodear de impunidad a los parlamentarios. Era una reforma para favorecer a los llamados aforados que en total no suman más de 1300 en todo el país. Así lo entendió la opinión pública que en un formidable movimiento ciudadano dio al traste con la misma y obligó al Gobierno a enterrarla antes de que entrara en vigencia. La arrogancia de la clase política los llevó a aprobar todo tipo de privilegios con la complicidad del Gobierno que a última hora se inventó el cuento de unos micos colgados en la fase de conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado de la República. La verdad para quienes hicimos un seguimiento al trámite del proyecto en el Congreso es que el proyecto lo que buscaba era rodear de garantías y privilegios a la clase política y a las altas cortes de justicia. Como lo señalábamos acababa en la práctica con las investigaciones de la parapolítica, hacía casi imposible la pérdida de la investidura y acababa con las investigaciones disciplinarias. Todo ello se proyectó desde que el Gobierno presentó el proyecto de reforma constitucional. Las consecuencias fueron devastadoras para la imagen del Gobierno, del Congreso y de las Altas Cortes de Justicia.

Pero, en otros frentes de la política lo que signa el Gobierno es la vacilación. Es el caso de la paz y la negociación del conflicto. Hay pocas dudas que el Gobierno ha tenido contactos con las guerrillas. Lo que no ha tenido es decisión política para afrontar las críticas de la extrema derecha representada hasta hace poco en sus aliados uribistas. La llave está extraviada. El Gobierno no se atreve a plantear un proceso de negociación mientras que continúa la confrontación militar y se degrada cada vez más el conflicto armado y crece la sensación de inseguridad.

Entonces para finalizar debemos señalar que hay una marcada lentitud en la ejecución de los recursos del propio presupuesto nacional, hay errores en el diseño de políticas claves en materia de salud, educación, generación de ingresos, trabajo digno y como lo señaló el propio ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, el Gobierno tiene en caja cerca de 10 billones de pesos que ya debería haber invertido. El problema entonces no se resolverá simplemente con un agresivo programa de comunicaciones. Se requiere mucho más que una buena sintonía y una buena comunicación. El Gobierno debe hacer cambios profundos. Como corolario, la relección de Santos está en serio riesgo.

Edición N° 00315 – Semana del 10 al 16 de Agosto de 2012
 
 
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