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Dos años del Gobierno de Santos: ¿acertada su gestión en la reparación a las víctimas?

  Bárbara González Medina
  Asesora del área jurídico – política de la Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

En el Gobierno de Santos se promulgó un estatuto para las víctimas, la ley 1448 de 2011, la cual fue radicada por el mismo Gobierno como proyecto de ley ante el Congreso de la República. En perspectiva de balance hay que decir, que si bien la ley tiene un poder simbólico al reconocer la existencia del conflicto armado y la existencia de víctimas en torno a éste1 , en la práctica las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el contexto colombiano se han visto expuestas a una serie de dificultades para el goce efectivo de derechos, dificultades que desconocen las principales demandas que efectúan, demandas relacionadas con la seguridad en el retorno y en la reclamación de tierras, seguridad en la solicitud de las otras medidas de reparación, seguridad en la denuncia de hechos victimizantes y seguridad en el liderazgo del movimiento de víctimas, en derechos sociales y económicos como vivienda, empleo y generación de ingresos, lenta respuesta de la institucionalidad estatal; en esto se destaca, la desinformación que frente al proceso de participación de las víctima tienen los personeros de distintos municipios tanto de las reglas dictadas por la ley 1448 y el decreto 4800 como del mecanismo transitorio de la Circular 004 de 2012, como también graves inconvenientes con el Registro de Víctimas, manteniéndose en niveles muy altos el subregistro, entre otras dificultades.

Se podría afirmar que el principal reto para un desarrollo satisfactorio de las políticas dirigidas a la población víctima del conflicto armado es la continuidad de éste, en gran parte porque lo que está demostrado es que en las confrontaciones armadas la población civil es la gran degradada. Lo anterior es palpable con los últimos sucesos relativos a los indígenas del Cauca no sólo porque las poblaciones indígenas y afrodescendientes fueron las más afectadas en el 2011 en materia de desplazamiento, sino también porque lleva a cuestionar la continuidad de la política de seguridad democrática por el actual Presidente, la cual fue creada por el anterior gobierno, política incapaz de proteger a las víctimas y a los reclamantes de tierras.

Para poner un ejemplo, entre el 7 de agosto de 2010 y diciembre de 2011, durante el Gobierno de Santos, perdieron la vida 16 lideres y lideresas participantes de los procesos de reclamación de tierras, siendo los departamentos más afectados: Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Tolima y Bolívar2 .

La contradicción a esta política de seguridad se ubica también que durante el 2011 cerca de 259.146 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado, presentándose a su vez, cerca de 73 desplazamientos masivos3 siendo la región del pacífico colombiano la más afectada.

Los desplazamientos masivos se debieron en gran parte al conflicto armado sostenido entre las FARC y la Fuerza Pública en un proceso de esta guerrilla por la recuperación del territorio también a la erradicación de cultivos ilícitos; a la militarización de los territorios por la Fuerza Pública en su respuesta a la guerrilla así como a la presencia y fuerza de grupos paramilitares “desmovilizados” mal llamados por el Gobierno, bandas criminales como son los Rastrojos, las Águilas negras, los Paisas, entre otros.

Las conclusiones a las que se puede llegar es que en los municipios en los que se ha implementado la política de seguridad democrática no ha cesado la victimización del desplazamiento forzado, y que los aspectos positivos conseguidos con esta política de seguridad no le llegan a la población más vulnerable4 .

A la política de seguridad del Gobierno se debe sumar la locomotora de la minería que ha provocado y aún genera tensiones al interior de los territorios, alrededor del uso y tenencia de la tierra. En este sentido es positivo (aunque la respuesta institucional sigue siendo lenta e insuficiente frente a la cantidad de situaciones problemáticas de las víctimas en todo el país), que el fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, anunciará la preparación de una acusación contra 19 empresarios de palma de aceite por su posible responsabilidad en el desplazamiento masivo de los habitantes de Curvaradó – Chocó. También ha anunciado el Fiscal, el traslado de 2000 investigaciones de Justicia y Paz a la Unidad de Restitución para una rápida restitución de tierras así como la creación de una unidad especial para investigar los contextos en los que se desarrolló el paramilitarismo, basándose en la doctrina alemana de la doble imputación, esto significa que se fijaría en primer lugar la responsabilidad del grupo y sus estructuras de apoyo como la económica y posteriormente las responsabilidades individuales5 .

Entre tanto el Ministro de Agricultura señaló, la identificación de 40 empresarios ocupantes de tierras de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Chocó.

Sin embargo, demostrando lo enunciado en este artículo, los pobladores de las comunidades de Curvaradó han manifestado la persistencia de amenazas en su contra por el plan de restitución, llegando al caso del asesinato del líder Manuel Ruiz y su hijo6 .

Ante las expectativas con la ley de víctimas y la restitución de tierras, las víctimas están a la espera de una eficiente implementación de la ley 1448 y del cabal desarrollo de las políticas ordenadas por la Corte Constitucional sobre desplazamiento forzado en las regiones más afectadas por el conflicto armado que están dando respuesta de movilización alrededor de una eventual salida política al conflicto y a la desmilitarización de los territorios como es el caso del Cauca. Valga decir, que un reto para el actual Gobierno en sus próximos dos años en relación a las víctimas está en el tema de la paz y garantías de no repetición y en atender a esas regiones lejanas a la capital del país.

Edición N° 00315 – Semana del 10 al 16 de Agosto de 2012

1 En la ley se considera víctima a toda persona que ha sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y al DIH en el marco del conflicto armado, dejando por fuera victimizaciones ocurridas en el conflicto armado, pero sin relación causal con éste, como es el caso de desplazamientos por fumigaciones a cultivos ilícitos.

2 “Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilizada. Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Número 79. Bogotá, Quito, Marzo de 2012. P. 14.

3 Ibíd. P. 4 y 5.

4 Ibíd. Ps. 8 y 14.

5 “Si no hay condenas a 'paras' habrá millonarias demandas': Montealegre” 29 de julio de 2012.

6 “Fiscalía acusará a 19 palmicultores por desplazar a campesinos”, julio 30 de 2012.

 
 
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