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La acción en restitución de tierras: entre las ganas y el torpedeo

  Luis Eduardo Celis
  Coordinador de incidencia política, Corporación Arco Iris
   
 

El presidente Juan Manuel Santos ha ubicado el tema del despojo violento de tierras como un punto central de su acción de Gobierno, asunto central de una acción de restablecimiento de los derechos de las victimas a los cuales se opuso su antecesor, que de manera abierta saboteó la Ley de víctimas – Ley promovida por Santos-  y ahora que se hacen balances, oportuno es arriesgar unas consideraciones de los logros, dificultades y derroteros de acción de una administración que llega a la mitad de su período y que en éste como en muchos otros temas, tiene ganas, pero muchos déficits a la hora de mostrar resultados.

Las cifras del despojo de tierras es tema de debate hoy, pero no sabemos si son cuatro, seis u ocho millones de hectáreas lo cual de por sí ya es un problema, el Gobierno ha dispuesto como meta la restitución de dos millones de hectáreas en este cuatrienio, lo cual, si se cumple, será un logro importante, pero insuficiente ante la cifra más compartida de cuatro millones y muy precaria si se logra consolidar la cifra de ocho millones, la cual incluye tierras del Estado que fueron usurpadas por particulares y escrituradas en ese entramado de legalizaciones fraudulentas que montaron los despojadores.

Un primer punto, que debe ser subsanado en los próximos años, es establecer con una certeza aceptable el tamaño del despojo. Sin contar con una cifra precisa con la consolidación de los múltiples procesos de construcción de indicadores, registros de despojados, cuantificación de tierras que desde el Estado, organizaciones campesinas y centros académicos y entidades de apoyo, se han venido realizando en los últimos veinte años y emprendiendo la consolidación de una robusta base de registros y cuantificación del despojo, este tema de las magnitudes no permitirá establecer con certeza los logros y los alcances de la acción estatal.

Es de valorar el compromiso del Gobierno del presidente Santos, al ubicar el tema como prioridad en la agenda de la gestión publica, evidencia de ello fue su liderazgo en la aprobación de la Ley de Victimas y restitución de tierras, la cual, con sus más y sus menos es un instrumento que debe permitir revertir el despojo y cuyo andamiaje institucional de aplicación está siendo construido y debe tener mayores desarrollos en el 2013, lo cual sitúa el horizonte de la restitución en una acción de Gobierno y de la justicia en un reto mayúsculo sobre el cual se esperan resultados, resultados que algunos consideran magros, distorsionados, en tanto que otras voces valoran como una acción progresiva que debe ser apoyada.

La acción de restitución ha cobrado ya un alto número de vidas son medio centenar los líderes asesinados en los últimos tres años y no hay cifras de los campesinas y campesinas que han pagado con su vida, el levantar la voz o emprender una acción de reclamo, tema grave que ha sido denunciado por múltiples instituciones y personas entre ellas las Naciones Unidas lo cual ha sido respondido por el Gobierno como un desafío al cual va a responder y sería pertinente establecer si realmente hay una acción de mayor calidad desde la Unidad de Protección para defender la vida de los lideres reclamantes, lo cual es sólo una acción muy puntual; por supuesto importante y significativo dentro de un conjunto de acciones de protección a los reclamantes y de persecución a quienes han despojado y siguen utilizando la violencia para proteger su botín de guerra, botín por supuesto totalmente espurio y que debe ser enfrentado desde la acción del Estado y la movilización y exigencia ciudadana.

En el punto de garantizar que los reclamantes puedan ejercer su derecho de reclamar sus propiedades usurpadas, no ayuda el hecho de que el Gobierno no pueda controlar al nuevo paramilitarismo que bajo el ropaje de bandas criminales sigue ejerciendo control sobre muchos territorios y poblaciones y por supuesto oponiéndose a la restitución de tierras, éste es un punto muy delicado, pero una mirada a muchas regiones y procesos sociales evidencia que el complejo entramado mafioso-paramilitar sigue ejerciendo y la acción del Estado no se ve, lo cual es un gran obstáculo para pensar en revertir el despojo de tierras. En esta lucha se ve ausente al Ejército, concentrado exclusivamente en el combate a las FARC y que no participa ni apoya en las iniciativas que lidera la Policía, que es una institución a la que se le ven resultados en la lucha contra las mafias y el neo-paramilitarismo y la captura de Sebastián, jefe de una de estas estructuras, evidencia esta afirmación.

El presidente Juan Manuel Santos, ha mostrado su interés en el tema, ha viajado a zonas criticas donde se produjeron despojos, pero están por verse los resultados, lo cual implica en lograr un acuerdo político de mayor envergadura, una acción de combate de los despojadores, la entrada en funcionamiento de los mecanismos legales y un mayor fortalecimiento de las instituciones responsables de este proceso, lo cual incluye continuar con la depuración de quienes siendo funcionarios estatales actuaron en complicidad con los despojadores.

Si uno viaja a Urabá, el Meta, Córdoba, los Montes de María o Magdalena, regiones donde el presidente Santos ha participado de concentraciones de campesinos y campesinas que reclaman sus propiedades, podrá constatar que el tema es más anuncios que realidades por lo cual está por verse si en estos dos años se logra la meta de las dos millones de hectáreas restituidas, tener mayor claridad en la magnitud del despojo, consolidar el diseño institucional contemplado en la Ley de Victimas y restitución, proteger a los reclamantes, mostrar mayores resultados en el desmonte de las estructuras criminales que se oponen a los derechos de las victimas y depurar las instituciones; esto es lo mínimo para luego pensar en regiones donde el Estado social y de derecho sea realidad de manera clara, lo cual está aún lejos.

Edición N° 00315 – Semana del 10 al 16 de Agosto de 2012
 
 
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