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La crisis política y el fracaso del PDA
como proyecto alternativo de las izquierdas

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente de la Fundación Cultura Democrática
   
 

En medio de los intensos conflictos sociales y políticos de distinto orden que se viven en el país se presenta una recomposición en el panorama político que conmueve a todos los proyectos, partidos y agrupaciones políticas. El Gobierno Santos de forma prematura entró en crisis ante la ineficacia de sus políticas, la reanimación del conflicto armado con las guerrillas y la abierta oposición del reagrupamiento de extrema derecha que liderado por el ex presidente Uribe le declaró la oposición. La coalición política de gobierno atraviesa dificultades por tales circunstancias y por la existencia de tensiones y diferenciaciones políticas a su seno no resueltas. El PDA fracasó históricamente en el intento de ser una alternativa mediata de las fuerzas de izquierda, de forma que sufre un acelerado declive tras la cerrada oposición a toda medida de gobierno –incluidas las positivas- y al sectarismo que provocó rupturas y deserciones, a lo que se agrega la actual división provocada por la participación de parte de sus integrantes en el nuevo proyecto político de izquierda radical Marcha Patriótica. Entre tanto, en el intento de recuperar una iniciativa desde la posición de centro izquierda surgen recientemente las agrupaciones Progresistas que consiguió con sorprendente éxito inicial la Alcaldía de Bogotá y Pido la Palabra como espacio que busca la recuperación de la política y una alternativa distinta a la que ofrece la marcada disputa entre el presidente Santos y el ex presidente Uribe.

El agresivo agrupamiento de la extrema derecha va más allá de lo que se explica en algunos editoriales de prensa y sectores de opinión, puesto que no se limita a enarbolar sus consignas de ataque a la Constitución Política de 1991 en sus avances democráticos, polarizar de nuevo al país alrededor de la guerra contra las FARC y declarar el intento de recuperar un ambiente hostil con los países fronterizos y la región, sino que linda en la ilegalidad al llamar a la fuerza pública a derrocar al gobierno, pretende con una Constituyente revocar el Estado Social de Derecho ya consagrado en nuestra institucionalidad y pregona abiertamente el desconocimiento del derecho internacional. No puede ser peor por tanto lo que encarna su proyecto, a lo cual se agrega lo que sucesivamente ha quedado al descubierto, como es la convergencia de sectores de élite nacional y de las regiones, fracciones políticas emergentes y expresiones relacionadas con el paramilitarismo y el narcotráfico, como su base más significativa. Desde tal posición resulta insostenible el entendimiento con medidas progresivas del actual gobierno como son la recuperación de una relaciones internacionales constructivas, la defensa de la legalidad, la proclamación de respeto a la rama de la justicia, la consideración de la posibilidad de una salida política negociada con las guerrillas y la implementación de la ley de víctimas orientada a la reparación de todas –incluidas las de crímenes de instituciones y agentes del Estado- y la restitución de las tierras a los campesinos despojados.

Pero aun así, no estamos en el escenario de un gobierno reformista, ni radicalmente civilista ni comprometido a fondo con propósitos de lograr la paz, la equidad social y la vigencia sin reservas de las garantías y derechos ciudadanos. Precisamente se han precipitado intensos movimientos sociales de protesta ante la vigencia de un proyecto económico agro-minero que beneficia ante todo a las multinacionales y los sectores del capital y hacendatarios, profundizando la inviabilidad de la economía campesina y agrediendo los territorios de los pueblos indígenas. Entró en profunda crisis el sistema de salud que cuestiona a fondo la vigencia de la ley 100 y el carácter de las EPS. El movimiento estudiantil consiguió derrotar el proyecto oficial de privatización de la educación pública. El movimiento regional de Santander consigue frenar el proyecto minero en Santurbán. Los pueblos indígenas del Cauca consiguen cuestionar ante el país y el mundo la militarización de su región con sistemática violación de sus derechos por los actores de la guerra y consigue considerar sus exigencias de respeto a su autonomía, integridad, territorios y derechos colectivos. A pesar de los anuncios oficiales sobre adelanto de programas y acciones en materia social siguen altísimos márgenes de pobreza, marcada carencia de alternativas laborales y consecuencias complicadas para la producción y el trabajo derivadas del TLC. Estos, entre otros hechos que explican la marcada inconformidad de muchos ciudadanos que explica la vertical caída en las encuestas por parte del gobierno en el último año.

En tal panorama, a diferencia de lo sucedido bajo los mandatos del presidente Uribe, cuando las condiciones obligaban y facilitaban la convergencia de la izquierda y de otras franjas políticas en torno a demandas democráticas mínimas ante su proyecto de guerra y autoritario, ahora en medio de una situación política más compleja y diversa, lo que fue en su origen el PDA se disgregó en una serie de vertientes políticas claramente diferenciadas. Parte de los primeros disidentes con Lucho Garzón se sumaron al proyecto centrista que dio origen al Partido Verde, organización que luego ha sufrido rupturas y altas tensiones a su seno luego de su ingreso a la coalición de gobierno, y especialmente, tras su acuerdo político con el expresidente Uribe en las elecciones para gobiernos territoriales. En medio de la imposibilidad de un tratamiento concertado, plural y con garantías para sus vertientes políticas, el sector liderado por Gustavo Petro, no obstante haber ganado la consulta interna y haber sido el candidato presidencial del PDA, terminó marginándose en ruptura ante la falta de garantías políticas, en denuncia a los compromisos con la corrupción de la Alcaldía de Samuel Moreno y en la búsqueda de una nueva postura política no contestaría que dio lugar al agrupamiento Progresistas. A ello se suma, la expulsión burocrática y con visos arbitrarios del Partido Comunista hecha por los sectores que quedan hegemonizando el Polo, alegando el rechazo a la participación de éste partido en la conformación de la Marcha Patriótica, nuevo movimiento que se nutre de una destacada movilización social desde zonas en conflicto en demanda de la paz pero que lo acompaña una retoma de la tradicional política de izquierda que en su discurso justifica la combinación de las formas de lucha y la injustificada rebeldía contra el régimen constitucional vigente.

Por su parte, ha despertado interés en distintos sectores de opinión el reciente surgimiento del agrupamiento Pido la Palabra, liderado por reconocidos políticos y académicos procedentes del PDA, del Partido Verde y del Partido Liberal. Su pronunciamiento inicial destaca la paz como consigna central y la asocia a la recuperación de la política, la lucha contra la corrupción en lo público y lo privado, el cuestionamiento al modelo económico social existente y promovido desde el ámbito gubernamental, la defensa de la equidad social y del medio ambiente. A la vez, esta mirada sería parcial si no valorara la importancia de proyectos regionales y de gobernabilidad en curso, dentro de los cuales vale destacar el de la gobernación de Antioquia, comprometidos con claras posturas de modernización progresista, equidad, transparencia, compromiso con la paz y estímulo a la participación. Situación que choca a fondo con los proyectos paralelos de mantenimiento en distintas regiones de expresiones de la parapolítica y la narco-política, ligados a los nichos de poder del fenómeno paramilitar no integralmente superado y a la emergencia de poderes y de alianzas que ya por varias décadas han consolidado versiones de Estado cooptado o interferido, ajeno al Estado constitucional democrático proclamado en 1991.

Edición N° 00316 – Semana del 17 al 23 de Agosto de 2012
 
 
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